Urdangarin ser¨¢ imputado antes de dos meses y su esposa no ser¨¢ implicada

Los investigadores judiciales de la pieza separada n¨²mero 25 del caso Palma Arena tienen previsto finalizar en 45 d¨ªas el estudio de toda la documentaci¨®n incautada en los ¨²ltimos registros y, a partir de ese momento, citar como imputado a I?aki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y yerno del Rey. La pieza n¨²mero 25 del caso Palma Arena est¨¢ relacionada con las anomal¨ªas detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ¨¢nimo de lucro N¨®os, presidido por el duque de Palma.

Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto N¨®os de I?aki Urdangarin, todas las fuentes jur¨ªdicas relacionadas con el caso consideraron "inevitable" la imputaci¨®n del duque de Palma.

Un n¨²cleo de cinco personas manten¨ªa apartado al resto del comit¨¦ de direcci¨®n

El testimonio de un excolaborador de Urdangarin se?ala a los responsables

Urdangarin lograba un beneficio del 170% sobre el coste de los congresos

Se han descubierto salidas de m¨¢s de medio mill¨®n hacia para¨ªsos fiscales

Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos p¨²blicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricaci¨®n, fraude a la Administraci¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

En los autos que justificaron los registros se atribu¨ªa a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ¨¢nimo de lucro (N¨®os) para captar fondos p¨²blicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad. En los contratos que consegu¨ªan a trav¨¦s de N¨®os, seg¨²n el relato judicial, "se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban".

Para demostrar que Torres y Urdangarin idearon esta f¨®rmula de apropiaci¨®n de fondos p¨²blicos, el juez se?ala en un auto que el Instituto N¨®os, sin ¨¢nimo de lucro, y el resto de las empresas privadas con ¨¢nimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Torres ten¨ªan "el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para el Instituto N¨®os, de forma tal que solo nominalmente cobraban la n¨®mina de una u otra sociedad".

Los autos judiciales citan el caso de Mar¨ªa Teresa Zazo Almagro, "que figura, en a?os sucesivos, como empleada de las siguientes entidades: Instituto N¨®os, N¨®os Consultor¨ªa Estrat¨¦gica SL, Intuit Strategy Innovation Lab y Virtual Strategies, y que realmente su labor, independientemente de cual fuese la empresa contratante, era desarrollar servicios en relaci¨®n con los eventos y proyectos realizados por el Instituto N¨®os".

Los investigadores judiciales sostienen que el n¨²cleo principal de toma de decisiones en N¨®os estaba formado por Urdangarin, Torres y la esposa y dos cu?ados de ¨¦ste, que se encargaban de los departamentos jur¨ªdico y financiero del instituto.

Pese a que la infanta Cristina de Borb¨®n, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos Garc¨ªa Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de N¨®os hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentaci¨®n analizada, que estaban "apartados del conocimiento del ¨¢rea financiera".

Los investigadores judiciales se apoyan en la declaraci¨®n policial de Ignasi de Juan Creix Bret¨®n, que colabor¨® en N¨®os en 2006, para justificar su decisi¨®n de no implicar a la infanta Cristina en los negocios, supuestamente ilegales, de su marido.

Pese a ello, la infanta Cristina posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que recibieron fondos p¨²blicos desviados a trav¨¦s de N¨®os.

El socio de Urdangarin ha declarado al juez que la promotora inmobiliaria de este y de Cristina de Borb¨®n cobr¨® al instituto N¨®os por los servicios prestados. Las facturas que se incluyen en el sumario del caso acreditan que la inmobiliaria Aizoon factur¨® al menos 275.000 euros al instituto N¨®os en el ejercicio de 2005.

Torres tambi¨¦n confes¨® en sede judicial que una empresa consultora de su propiedad hab¨ªa cobrado a N¨®os 80.000 euros. "No cobro por participar en los ¨®rganos de Gobierno de N¨®os, sino por los servicios que presto con ocasi¨®n de desarrollar proyectos, b¨¢sicamente estudios realizados por esa empresa de consultor¨ªa con personal propio", explic¨® Torres al juez.

La infanta no ser¨¢ imputada, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas pr¨®ximas a la investigaci¨®n, porque ni el juez Jos¨¦ Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del "c¨ªrculo cerrado de toma de decisiones" del entramado que dirig¨ªa su marido, al que atribuyen el "desv¨ªo" de fondos p¨²blicos.

La investigaci¨®n ha llegado a evaluar, en funci¨®n de distintos informes periciales de la causa, en un 170% el beneficio que Urdangarin y su socio obten¨ªan sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear. De esa manera, habr¨ªan ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en los a?os 2005 y 2006, que duraban dos d¨ªas.

Durante la investigaci¨®n judicial se han descubierto salidas de m¨¢s de medio mill¨®n de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y Torres hacia para¨ªsos fiscales. Esta v¨ªa est¨¢ siendo indagada al suponer que se pudo enmascarar fiscalmente una cantidad superior.

La investigaci¨®n en curso de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el rastreo de la Agencia Tributaria y el grupo de Delincuencia Econ¨®mica han verificado el tr¨¢fico de facturas por servicios no acreditados y han documentado indicios de la supuesta apropiaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Parte de la documentaci¨®n con la que han trabajado los investigadores del caso Palma Arena se la facilit¨® en septiembre de 2010 el socio de Urdangarin, Diego Torres, quien fue citado al juzgado como testigo en una de las piezas separadas del caso Palma Arena. En esa comparecencia, Torres aport¨® 384 documentos relacionados con los contratos que el Instituto N¨®os suscribi¨® con el Gobierno balear. El abogado de Torres recurri¨® la imputaci¨®n de su cliente, denunciando que se hab¨ªa tomado como punto de partida "para imputar a una persona lo que esa persona aport¨® al juzgado como no imputado".

La investigaci¨®n, que arranc¨® como consecuencia de las numerosas irregularidades descubiertas en la adjudicaci¨®n de la construcci¨®n del polideportivo Palma Arena, no solo afecta al n¨²cleo duro del Gobierno balear de Jaume Matas, expresidente imputado que est¨¢ en libertad gracias al pago de una fianza de tres millones de euros, sino que alcanza al Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Dos ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias est¨¢n imputados por los contratos que suscribieron durante tres a?os consecutivos (2004, 2005 y 2006) con el Instituto N¨®os para la organizaci¨®n de congresos sobre ciudad y deporte.