Las mujeres de Baleares deber¨¢n adelantar el dinero para abortar

Baleares discute a las mujeres la gratuidad del aborto que consagr¨® la Ley de Salud Sexual de 2010. Si una mujer con tarjeta sanitaria p¨²blica quiere interrumpir en Baleares su embarazo debe acudir a una de las tres cl¨ªnicas privadas acreditadas y abonar el coste de la intervenci¨®n y estancia y presentar posteriormente la factura al cobro en los servicios auton¨®micos. Las mujeres ser¨¢n compensadas posteriormente, seg¨²n el calendario de pagos de la Administraci¨®n.

El Gobierno balear, del PP, anul¨® el l de enero -aduciendo razones econ¨®micas- el concierto existente para sufragar esa atenci¨®n en la red sanitaria privada. Las cl¨ªnicas han acumulado retrasos en los abonos de sus servicios. En los colectivos de mujeres se sienten "defraudadas y enga?adas" por la decisi¨®n de la Consejer¨ªa de Salud. El Instituto de Pol¨ªtica Familiar -antiabortista- anunci¨® como un ¨¦xito la ruptura del convenio de atenci¨®n en la red de hospitales particulares, divulgando la noticia antes de que la publicara el Gobierno.

El consejero afirma que todas las pacientes cobrar¨¢n la atenci¨®n

El precio de una intervenci¨®n oscila de los 500 a los 1.500 euros

No se trata de una cantidad simb¨®lica. Seg¨²n Santiago Barambio, presidente de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (Acai), un aborto antes de las 14 semanas puede costar alrededor de los 500 euros. Si se trata de una intervenci¨®n posterior (por riesgo para la salud de la madre o el feto), puede alcanzar los 1.500 -"pr¨¢cticamente, lo mismo que un parto"-. El grueso de mujeres que solicitan estas intervenciones tiene entre 20 y 29 a?os.

Desde los centros p¨²blicos baleares no se derivar¨¢n a los quir¨®fanos privados de manera autom¨¢tica a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Estas deber¨¢n contratar con las cl¨ªnicas particulares y asegurar el pago de la intervenci¨®n. Existe una posici¨®n dominante de objeci¨®n de conciencia entre los profesionales de la ginecolog¨ªa en la red p¨²blica, aunque no hay registro.

Los hospitales de la sanidad balear atender¨¢n las urgencias y los abortos terap¨¦uticos. Un portavoz de los m¨¦dicos que no practican abortos asegur¨® que "ning¨²n aborto voluntario es una urgencia". El IBSalut, el organismo de la Sanidad p¨²blica balear que dirige Juan Jos¨¦ Bestard, asegura que el derecho est¨¢ "garantizado" y "que se efectuar¨¢ el reembolso" de los cargos abonados por las pacientes, pero no dice en qu¨¦ plazo de tiempo.

Sin embargo, un portavoz del IBsalut neg¨® que hubiera un bloqueo por parte de los m¨¦dicos objetores, y consider¨® que el pago previo ser¨¢ una opci¨®n secundaria. "Hasta ahora se derivaban todos los abortos y ahora los asumen, de entrada, los hospitales p¨²blicos", dijo. En las islas, en los 11 primeros meses de 2011 se contabilizaron 2.350 mujeres que abortaron en las tres cl¨ªnicas acreditadas, empresas que percibieron m¨¢s de 900.000 euros p¨²blicos por el coste de la asistencia m¨¦dica, seg¨²n datos ofrecidos por la Consejer¨ªa de Salud en diciembre de 2011. De acuerdo con la estad¨ªstica oficial, en 2010 en Baleares se practicaron 3.295 interrupciones voluntarias de embarazo.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo de marzo de 2010 establece que "la prestaci¨®n sanitaria de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo se realizar¨¢ en centros de la red sanitaria p¨²blica o vinculados a la misma". Como esto no sucede as¨ª casi nunca (m¨¢s del 98% de las intervenciones se realizaron en 2010 en centros privados), se establec¨ªa que "si excepcionalmente el servicio p¨²blico de salud no pudiera facilitar la prestaci¨®n, las autoridades sanitarias reconocer¨¢n a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestaci¨®n".

Esta situaci¨®n ha sido solventada mediante acuerdos o conciertos entre las cl¨ªnicas privadas y los servicios auton¨®micos de salud, de manera que las mujeres son derivadas a las primeras por los segundos, y quedaban al margen del cobro.

La norma, por ejemplo, oblig¨® a revisar la regulaci¨®n en Catalu?a, donde las mujeres pagaban la intervenci¨®n y luego pasaban la factura al Servicio Catal¨¢n de Salud, indica Barambio. Para los casos en que las afectadas no pudieran costear el proceso, una asociaci¨®n se hac¨ªa cargo del gasto. "Lo llam¨¢bamos un sistema de gratuidad virtual", indica el presidente de Acai. Ese sistema concluy¨® en noviembre de 2011, despu¨¦s de que se concertara la prestaci¨®n.

Tampoco es la primera vez que, por culpa de los recortes, las mujeres de alguna comunidad se han quedado sin atenci¨®n. En septiembre de 2011 fueron los centros sanitarios los que rompieron el acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha, y se negaron a aceptar a m¨¢s pacientes hasta que el Ejecutivo de Dolores de Cospedal saldara su deuda.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad afirm¨® ayer que la medida era legal. "Depende del concierto". Otra cosa es "qu¨¦ pasar¨ªa si una mujer no puede pagarse el aborto. Entonces, la consejer¨ªa deber¨ªa poner los medios. En cualquier caso, el ministerio ah¨ª no se puede meter", dijo.