Salarios y pensiones no pueden separarse

El Pacto de Toledo en sus formulaciones (1995, 2003, 2011) siempre ha asociado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la garant¨ªa de que las cuotas garantizaran la cobertura de las prestaciones, a que su reducci¨®n fuera compensada (bonificaciones) y a que bases de cotizaci¨®n coincidieran con salarios. La revalorizaci¨®n de las pensiones de acuerdo con el IPC las vinculaba al indicador utilizado en la revalorizaci¨®n de los salarios, y se se?alaba expresamente que la revalorizaci¨®n exig¨ªa "medidas que garanticen el equilibrio financiero del sistema en el futuro". La Seguridad Social espa?ola es pues adelantada en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, dot¨¢ndose de reservas que compensan con sus rendimientos los d¨¦ficits del sistema.

A medio plazo crecen las personas que ganan m¨¢s como pensionistas que como trabajadores activos

Esto aconseja que las bases de cotizaci¨®n y las pensiones tengan crecimientos en paralelo. El sistema puede reformarse para hacer frente al reto demogr¨¢fico, o puede vadear crisis coyunturales como la presente. Pero si los ingresos y los gastos tienen una evoluci¨®n dispar durante un lapso prolongado de tiempo, ninguna proyecci¨®n o previsi¨®n es capaz de trazar un escenario de sostenibilidad.

El salario m¨ªnimo, por ejemplo, si afecta a 500.000 personas tendr¨¢ un coste para los empleadores de 45 millones de euros, pero los costes para la Seguridad Social, directos o indirectos, de su no revalorizaci¨®n pueden ser mayores, al estar millones de bases de cotizaci¨®n asociadas a su evoluci¨®n.

Los efectos del decrecimiento real y prolongado de los salarios ser¨¢n muy negativos para el sistema de pensiones. A corto plazo, hemos conseguido hasta el a?o pasado (incremento del n¨²mero de jubilados en 125.000 sobre los 135.000 previstos) que los trabajadores espa?oles no usaran, como sucedi¨® en la crisis de los setenta y ochenta y de los noventa del siglo pasado, la jubilaci¨®n como refugio frente al paro y la precariedad laboral. Pero con una expectativa de mejor evoluci¨®n de las pensiones respecto de los salarios, esta tendencia se invertir¨¢.

A medio plazo, se ampl¨ªa significativamente el n¨²mero de trabajadores que pueden ganar m¨¢s como pensionistas que como trabajadores activos. Los pensionistas no cotizan a la Seguridad Social (los trabajadores aportan el 6,25% promedio de sus emolumentos) y si disfrutan de garant¨ªas muy superiores a las de los activos en el mantenimiento de sus rentas, no encuentran incentivos para continuar trabajando. En las Administraciones p¨²blicas, esto sucede ya con una buena parte de los empleados de los grupos C y D, y en estas condiciones, las apelaciones a la prolongaci¨®n de la vida laboral del discurso de investidura no dejan de ser ret¨®rica desmentida por la acci¨®n de Gobierno.

A largo plazo, uno de los problemas hist¨®ricos del sistema espa?ol de pensiones, el mantenimiento de altas tasas de reemplazo (relaci¨®n entre el ¨²ltimo salario y la primera pensi¨®n), que deb¨ªa resolverse con mayores esfuerzos contributivos a lo largo de una mayor parte de la vida laboral, aumenta. El incentivo a contribuir m¨¢s tiempo o dinero desaparece, increment¨¢ndose en la pr¨¢ctica la generosidad del sistema y sus problemas de sostenibilidad.

En suma, esta pol¨ªtica puede ser rentable electoralmente, pero a medio plazo pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, precisamente despu¨¦s de la reforma del a?o pasado, y de haber conseguido incrementar significativamente ingresos y reservas los ¨²ltimos a?os. Y la soluci¨®n no est¨¢ en deprimir el crecimiento de las pensiones, que siguen siendo muy bajas en promedio y en las m¨ªnimas, sino garantizar un crecimiento acompasado de ingresos y gastos, de bases de cotizaci¨®n y prestaciones, de salarios y pensiones en suma.

Octavio Granado ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social de 2004 a 2011.