Gasto auton¨®mico
La cuesti¨®n es c¨®mo verificar a tiempo el cumplimiento o no del compromiso de d¨¦ficit
El Estado, a trav¨¦s del organismo institucional de coordinaci¨®n entre las Administraciones p¨²blicas, podr¨¢ intervenir para evitar que el desbordamiento de los d¨¦ficits de las comunidades aut¨®nomas comprometa los compromisos de equilibrio presupuestario asumidos por el Gobierno de Espa?a ante la Uni¨®n Europea. Es lo que se deduce de las explicaciones gen¨¦ricas de la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros de ayer. No qued¨® del todo claro c¨®mo se efectuar¨¢ esa intervenci¨®n, aunque parece descartado que pueda ser mediante una fiscalizaci¨®n preventiva por parte del Gobierno de los presupuestos de las autonom¨ªas.
El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF) es el marco previsto para intentar un consenso sobre c¨®mo compaginar el principio auton¨®mico con el problema real de que quien responde ante la UE de los incumplimientos en materia de d¨¦ficit es el Gobierno central. Una aproximaci¨®n intentada hace meses por el anterior Gobierno fracas¨®: se trataba de que las comunidades fijaran un techo de gasto, de la misma manera que viene haci¨¦ndolo el Gobierno de Espa?a desde 2002.
La diferencia es que ahora, tras la reforma del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n, existe un mandato del m¨¢s alto rango que obliga a todas las Administraciones p¨²blicas a "adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria" y a no incurrir "en un d¨¦ficit estructural" que supere los m¨¢rgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados miembros.
La ley de la que habl¨® Guindos es la que desarrolla ese precepto constitucional. Un control estatal previo de cada presupuesto no parece posible sin afectar al reparto constitucional de competencias entre el Estado y las autonom¨ªas, pero s¨ª el compromiso de cada una de ellas de establecer un tope m¨¢ximo de gasto, como adelant¨® la vicepresidenta.
La cuesti¨®n m¨¢s peliaguda que debe resolver la ley es c¨®mo verificar a tiempo el cumplimiento de ese compromiso y, si cabe, establecer sanciones. S¨¢enz de Santamar¨ªa dijo ayer que la sanci¨®n ser¨ªa el ¨²ltimo recurso. Una sentencia del Constitucional de julio pasado, anterior a la reforma constitucional, plantea la posibilidad de que el Estado imponga a las comunidades incumplidoras la obligaci¨®n de elaborar un plan de correcci¨®n cuya idoneidad deber¨¢ ser comprobada por el CPFF. La capacidad de intervenci¨®n que la sentencia reconoce al Estado habr¨¢ de producirse en ese marco.
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