Primeros auxilios

El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera del martes ha supuesto en la pr¨¢ctica una concesi¨®n de ayudas urgentes a las comunidades aut¨®nomas asfixiadas por su elevado endeudamiento o la falta de liquidez, pero sin contrapartidas claramente establecidas por parte de los gobiernos auton¨®micos. Por una parte, el ministro Montoro ha lanzado un salvavidas financiero, en forma de una l¨ªnea de cr¨¦dito del ICO (eso s¨ª, sin precisar cuant¨ªa, precio ni condiciones), una ampliaci¨®n de 5 a 10 a?os en el periodo de devoluci¨®n de 31.000 millones de euros recibidos de m¨¢s por las comunidades y un anticipo en seis meses de la entrega de 8.000 millones de euros, prevista para julio y que se llevar¨¢ a efecto este mes. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, recibir¨¢ por esta v¨ªa de manera urgente 420 millones para pagar a sus proveedores. Por otra parte, el Gobierno ha amenazado a las autonom¨ªas r¨¦probas con un control estricto de sus cuentas en caso de d¨¦ficit excesivo y el ministro Montoro ha mencionado, para estupefacci¨®n de muchos por la inviabilidad de la medida, la posibilidad de que los gestores p¨²blicos puedan ser perseguidos penalmente si incumplen los presupuestos.

Las concesiones econ¨®micas del ministro son dinero contante y sonante. Probablemente tendr¨¢n un efecto beneficioso (siempre que los anticipos y adelantos se empleen en pagar a los proveedores y no en financiar aeropuertos sin aviones y monumentos estramb¨®ticos), pero se echa de menos un balance exacto de sus beneficios y costes. A cambio de la promesa de salvaci¨®n financiera, los ciudadanos esperaban un compromiso firme, reglado y con un per¨ªmetro claro de sanciones para poner fin al descontrol de las finanzas auton¨®micas. No hubo nada de eso aunque el Ministerio de Hacienda sugiere ahora la posibilidad de retener transferencias a las autonom¨ªas con d¨¦ficit excesivo.

Por supuesto que el Estado puede intervenir a una comunidad incumplidora a trav¨¦s del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal; es m¨¢s, debe hacerlo, porque el d¨¦ficit injustificado de una comunidad compromete al conjunto de la deuda nacional. Pero de la reuni¨®n del martes se esperaba un compromiso articulado contra el d¨¦ficit. En cuanto a la amenaza de persecuci¨®n penal, parece un exabrupto poco pr¨¢ctico. En contra de lo que sostiene Montoro, gastar m¨¢s de lo que se tiene no es un delito. Tampoco puede haber una imputaci¨®n delictiva si no existe un delito tipificado. Parece rid¨ªculo confundir la mala gesti¨®n econ¨®mica con las conductas delictivas. Las tronantes amenazas del ministro son agua de borrajas; un intento de fingir ante la opini¨®n p¨²blica una severidad que los hechos desmienten.

Hay otros problemas: resolver la quiebra de Valencia, perpetrada por unos gestores del PP cubiertos de oprobio, y salvar los muebles de Catalu?a, una comunidad cuyas dificultades de liquidez ponen en riesgo la deuda espa?ola. Pero las medidas de Montoro, imprecisas, son solo un parche. Sigue pendiente un nuevo marco pol¨ªtico y financiero para las comunidades que evite esc¨¢ndalos como el de Valencia.