Navarra, primera regi¨®n en regular el acceso a la informaci¨®n p¨²blica

El Gobierno de Navarra se propone regular el derecho de acceso a la informaci¨®n p¨²blica a trav¨¦s de una Ley foral de la transparencia y del Gobierno abierto que permitir¨¢ a los ciudadanos saber cu¨¢nto gast¨® el Ejecutivo regional en la ¨²ltima campa?a institucional, los detalles del convenio que firm¨® el Ejecutivo con la Cl¨ªnica Universidad de Navarra en 2011, el coste del viaje de la presidenta, Yolanda Barcina, a Estados Unidos o el patrimonio de los consejeros. Estos datos, hasta ahora considerados informaci¨®n privilegiada para el ciudadano de a pie, deber¨¢n ser facilitados por el Gobierno foral en un plazo de 15 d¨ªas desde que se presenta la solicitud en el registro del ¨®rgano competente para resolverla. El plazo se extiende a un mes si se trata de una informaci¨®n voluminosa o compleja.

Ser¨¢n vetados los datos que afecten a seguridad, intimidad o menores

El vicepresidente primero del Ejecutivo, el socialista Roberto Jim¨¦nez, present¨® ayer el borrador del anteproyecto de esta ley, que por primera vez regula la informaci¨®n p¨²blica y la ¨¦tica en la acci¨®n de Gobierno con car¨¢cter participativo. Se trata, ha subrayado, de una iniciativa "valiente, ambiciosa e innovadora", que pretende convertir a la Administraci¨®n foral en una "oficina de cristal" y transformar "radicalmente" las relaciones con los ciudadanos.

Esta ley quiere ser referencia para todo el Estado, si bien el Gobierno de Mariano Rajoy est¨¢ examinando legislaciones y normativas internacionales, como el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos p¨²blicos, para elaborar un proyecto de ley, que podr¨ªa estar listo en el primer semestre del a?o, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al Ministerio de la Presidencia.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Miguel ?ngel Ayll¨®n, ha mantenido una reuni¨®n con la organizaci¨®n Access Info para plasmar en una ley la obligaci¨®n de los organismos p¨²blicos, fundaciones y empresas subvencionadas de facilitar informaci¨®n. El Gobierno aspira a regular este derecho en el primer tramo de la legislatura. Espa?a dejar¨¢ as¨ª de ser una excepci¨®n en Europa y sus ciudadanos podr¨¢n acceder a los archivos y registros oficiales sin justificar la petici¨®n. El Ejecutivo de Zapatero present¨® un anteproyecto el pasado julio. Estaba a punto de terminar la legislatura, y no hubo tiempo de debatirlo en el Parlamento.

Navarra se propone ahora ser una comunidad pionera en la apertura de los datos de su Administraci¨®n. La crisis, la corrupci¨®n y la consiguiente falta de credibilidad en las instituciones han marcado la necesidad de dotar de marco jur¨ªdico a las promesas de transparencia para hacerla real, cre¨ªble y eficaz.

La ley obliga a la Administraci¨®n a poner a disposici¨®n del ciudadano toda informaci¨®n p¨²blica sin necesidad de que este la reclame, pero adem¨¢s, la que no est¨¢ sujeta a publicidad activa podr¨¢ ser solicitada sin invocar la motivaci¨®n. La informaci¨®n podr¨¢ ser limitada o denegada cuando afecte a la seguridad p¨²blica, los secretos de Estado, las investigaciones penales o disciplinarias, el derecho a la intimidad, la protecci¨®n de datos o aquella que afecte a los derechos de los menores.

Por ejemplo, si un ciudadano quiere conocer cu¨¢ntas actuaciones realiz¨® la Polic¨ªa Foral en materia de robos en noviembre tendr¨¢ que solicitarlo a trav¨¦s de esta v¨ªa de acceso. "Entonces el Gobierno estudiar¨¢ si puede facilitar o no esa informaci¨®n y en qu¨¦ medida sin que afecte a la seguridad ciudadana o al derecho a la intimidad de alguien", explica la directora general de Asuntos Jur¨ªdicos y Presidencia, Marta Pernaut, que incide en la idea de reconocer "el derecho a la informaci¨®n de una manera integral", sin que el tr¨¢mite se convierta en un infierno burocr¨¢tico.

En concreto, el Gobierno deber¨¢ poner a disposici¨®n del ciudadano los Presupuestos, y su grado de ejecuci¨®n, los gastos en campa?as institucionales, los acuerdos relacionados con la creaci¨®n de sociedades y fundaciones p¨²blicas, las listas de contrataci¨®n temporal y los extractos de acuerdos de los ¨®rganos administrativos que se consideren de inter¨¦s general, adem¨¢s de los convenios firmados por el Gobierno con entidades privadas y p¨²blicas y las subvenciones otorgadas.

La participaci¨®n y la colaboraci¨®n ciudadana es otro de los pilares de esta norma, que no afecta por ahora a los Ayuntamientos. Se regular¨¢n los instrumentos necesarios para que puedan colaborar la toma de decisiones. Se incluye adem¨¢s el derecho de los ciudadanos a proponer una ley o iniciativa, para lo que se requiere presentar 2.000 firmas y la motivaci¨®n y el Gobierno tendr¨¢ la obligaci¨®n de contestar.

En la fase previa de elaboraci¨®n de este anteproyecto ha habido un proceso de participaci¨®n en diferentes foros ciudadanos en los que se formularon 54 sugerencias, de las que se han estimado 33, entre ellas varias del Movimiento 15-M.

Es una ley "muy progresista que refleja la voluntad clara y firme de la Administraci¨®n navarra de ser transparente y de abrirse a su regi¨®n y al mundo", dice la experta Victoria Anderica.