Las constructoras de la balsa tampoco pagan por Aznalc¨®llar

La salida del laberinto judicial del desastre de Aznalc¨®llar se complica todav¨ªa m¨¢s. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la filial espa?ola de Boliden, Boliden Apirsa, contra las constructoras (y sus aseguradoras) encargadas de la construcci¨®n y recrecimiento de la balsa, cuya rotura desencaden¨® en abril de 1998 el desastre del vertido t¨®xico de Aznalc¨®llar. Boliden era la propietaria de la presa, pero entend¨ªa que las empresas ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, que se encargaron del proyecto para recrecer la balsa de residuos, eran las responsables de la rotura.

La sueca Boliden reclamaba a estas empresas 115 millones de euros, en concepto de da?os y perjuicios. Adem¨¢s, ped¨ªa que se hicieran cargo de las cantidades exigidas por la Junta de Andaluc¨ªa (89,9 millones) y el Gobierno central (43,7) por el da?o medioambiental causado en la zona. Con lo que, en total, Boliden les reclamaba 248,6 millones de euros.

Boliden reclamaba a las constructoras m¨¢s 248 millones de euros

El Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid rechaz¨® en noviembre de 2006 esta pretensi¨®n de Boliden al no apreciar responsabilidad alguna en las empresas constructoras. La Audiencia Provincial de Madrid, en septiembre de 2009, confirm¨® en segunda instancia esa sentencia. Y ahora es el Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 11 de enero, el que vuelve a rechazar el recurso de Boliden y le condena a pagar las costas.

Para defender sus tesis, los abogados de Boliden esgrimieron que en la v¨ªa penal sus empleados y directivos hab¨ªan sido exculpados, con lo que se debe derivar una responsabilidad por "incumplimiento contractual" de las constructoras de la balsa. El Supremo rechaza esta argumentaci¨®n al entender que no existe "un efecto vinculante" del auto de archivo de las diligencias previas en la v¨ªa penal con la decisi¨®n que luego tom¨® el juez de lo civil en 2006. Adem¨¢s, seg¨²n el Alto Tribunal, "el auto de archivo de las diligencias previas (...) tampoco declara lo que la recurrente le atribuye, pues se remite un informe de los peritos para descartar, como idea fundamental del mismo, que toda actuaci¨®n sobre la presa se atuvo a la pr¨¢ctica habitual o convencional".

Esta v¨ªa cerrada ahora por el Supremo es un nuevo cap¨ªtulo en esta cat¨¢strofe impune, por la que nadie ha pagado casi 14 a?os despu¨¦s. Nadie, excepto la Junta y el Gobierno, que se han gastado alrededor de 240 millones de dinero p¨²blico en la restauraci¨®n ambiental de la zona.

La primera v¨ªa que se abri¨®, y cerr¨® sin culpables, fue la penal. Tras producirse el vertido, el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla) abri¨® una investigaci¨®n en la que estuvieron imputados 26 t¨¦cnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas constructoras. Pero el juzgado archiv¨® el caso a finales de 2000 y cerr¨® esa v¨ªa.

La Junta intent¨® entonces reclamar por la v¨ªa civil el coste de la retirada de los lodos y la restauraci¨®n. Pero la justicia entendi¨® que tampoco ese era el camino y en 2003 se indic¨® que la v¨ªa adecuada era la administrativa. Por eso, el Gobierno regional abri¨® en 2004 un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones. La compa?¨ªa llev¨® ese expediente al Supremo, que a finales del a?o pasado, anul¨® esa decisi¨®n de la Junta al entender que la v¨ªa administrativa tampoco es el camino. La Junta ha planteado ahora ante el Supremo un "conflicto negativo de jurisdicci¨®n" para que le indique qu¨¦ v¨ªa se tiene que seguir para obligar a Boliden a asumir el coste del da?o medioambiental provocado por la rotura de la balsa.

Por su parte, el Gobierno central tambi¨¦n ha intentado ejecutar la sanci¨®n de 43,7 millones que le impuso a la compa?¨ªa, confirmada por el Supremo en 2005. Pero la multinacional declar¨® en quiebra a la filial de la que depend¨ªa la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar tambi¨¦n esta sanciones.