El Gobierno propondr¨¢ pagar por cada dependiente seg¨²n la ayuda concedida

El nuevo Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales propondr¨¢ a los consejeros auton¨®micos modificar la financiaci¨®n de la Ley de Dependencia para que el dinero que se libra a las comunidades no sea una cifra lineal seg¨²n el grado de dependencia del usuario, sino en funci¨®n del coste del servicio que se le presta. Siguiendo ese criterio, no se pagar¨ªa lo mismo por un gran dependiente atendido en una residencia que asistido en casa por un familiar. Este cambio en la financiaci¨®n se lo han pedido a la ministra Ana Mato numerosos consejeros en la ronda de visitas que ha efectuado estos d¨ªas y es una reivindicaci¨®n cl¨¢sica de muchas comunidades, pero tambi¨¦n de los profesionales del sector y de los empresarios.

La ministra propondr¨¢ estos cambios formalmente a todas las comunidades, un camino que ahora est¨¢ allanado, puesto que la mayor¨ªa son del mismo color pol¨ªtico.

A las autonom¨ªas les sal¨ªa m¨¢s barato conceder una prestaci¨®n econ¨®mica que una plaza en un geri¨¢trico o en un centro de d¨ªa porque recib¨ªan el mismo dinero del Gobierno. Sin embargo, deb¨ªan de aportar mucho m¨¢s de sus arcas cuando se trataba de un servicio profesionalizado. Esa es la raz¨®n de que las ayudas concedidas se hayan desequilibrado y m¨¢s de la mitad sean prestaciones econ¨®micas. Tanto la patronal como los profesionales han insistido siempre en que premiar el servicio frente a la paga es una forma de incentivar el empleo, que en el sector de los servicios sociales est¨¢ funcionando mucho mejor que en otros en tiempos de crisis.

Para este cambio no es necesario modificar la ley, solo hacer algunos retoques normativos, aunque no sean los ¨²nicos que, presumiblemente, se hagan en la financiaci¨®n, uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos y que m¨¢s quejas ha despertado.

El asunto es c¨®mo se har¨¢, porque pagar m¨¢s por un dependiente atendido en un servicio profesional premiar¨¢, sin duda, a algunas de las comunidades que mejor han ido gestionando la ley, pero tambi¨¦n a otras de las que no se puede decir m¨¢s que lo contrario.

El Gobierno tambi¨¦n planea aligerar la burocracia de acceso al sistema de la dependencia, que obliga a los ciudadanos a cumplimentar una mara?a de papeles y complica tambi¨¦n el trabajo de los profesionales. Eso se conseguir¨ªa, en parte, cambiando el baremo por el que se decide qui¨¦n es dependiente y en qu¨¦ grado lo es. Ya el Gobierno anterior modific¨® el baremo actual para corregir algunas desviaciones que se hab¨ªan detectado con su uso, por ejemplo el m¨¢s complicado acceso a las ayudas para las personas con enfermedad mental. Estaba previsto que esos retoques entraran en vigor en febrero y se ha invertido tiempo y dinero en la formaci¨®n de los trabajadores que han de aplicar estos cuestionarios. Pero es m¨¢s que probable que no entre en vigor a la espera de un nuevo dise?o en el baremo que podr¨ªa ser de mayor calado.