La Audiencia Nacional cita a declarar a los Ruiz-Mateos

Entre el 18 y el 19 de octubre la familia Ruiz-Mateos est¨¢ llamada a declarar. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados a Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, su mujer, sus seis hijos varones y un sobrino por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administraci¨®n desleal en las empresas de Nueva Rumasa.

En un auto, publicado hoy, el magistrado del Juzgado Central de Instruci¨®n n¨²mero 5 tambi¨¦n eleva de 13 a 30 millones la fianza que deber¨¢ depositar la familia Ruiz-Mateos para hacer frente a las posibles responsailidades pecuniarias que les exigen los inversores en pagar¨¦s que se han personado en las actuaciones penales contra ellos, que rondan ya los 300.

El patriarca de la familia Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus hijos Zoilo y Alvaro deber¨¢n ser los primeros en comparecer ante el juez, el pr¨®ximo 18 de octubre, mientras que el resto de la familia y uno de los sobrinos, Zoilo Pazos Jim¨¦nez, han quedado citados para el 19 de octubre.

El juez Pablo Ruz decidi¨® investigar a la familia Ruiz-Mateos el pasado mes de junio a ra¨ªz de una querella presentada por el despacho Mart¨ªnez-Echevarr¨ªa, P¨¦rez y Ferrero Abogados en nombre inicialmente de 63 particulares que invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagar¨¦s de Nueva Rumasa.

La admisi¨®n a tr¨¢mite de esa querella, a la que se han adherido numerosos grupos de afectados, fue apoyada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que ha identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagar¨¦s de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90,49 millones de euros.

La investigaci¨®n persigue determinar el destino ¨²ltimo de las cantidades que depositaron los inversores de Nueva Rumasa, que fue vendida por los Ruiz-Mateos a principios de septiembre a ?ngel de Cabo, dedicado supuestamente a salvar empresas en crisis pero conocido por haber agravado la insolvencia de Marsans.

Una de las primeras actuaciones del juez Pablo Ruz fue declarar secreta la identidad de los peritos de Hacienda que investigar¨¢n el destino del dinero de los inversores en pagar¨¦s, debido al "riesgo cierto y probable" de que pudieran sufrir actuaciones para "debilitar su voluntad de colaborar con la Justicia".

Para justificar esa decisi¨®n, tomada el pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional ya avisaba de que la investigaci¨®n de Nueva Rumasa versa sobre una "actividad delictiva grave", en la que resultaba clave el trabajo de los peritos.

Seg¨²n los datos de la Agencia Tributaria que obran en poder de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, "Nueva Rumasa podr¨ªa alcanzar un n¨²mero m¨ªnimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja ¨²nica y que act¨²an bajo una unidad de decisi¨®n atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones".

La Agencia Tributaria caracteriza a este grupo de empresas por su "total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en para¨ªsos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo", en total 27 sociedades en Belice, dos en Panam¨¢ y cuatro en Holanda, cuyo representante "suele ser uno de los que se consideran sus testaferros habituales".

La querella que ha dado lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional se dirige tambi¨¦n contra Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa, que fueron las sociedades que emitieron o avalaron los pagar¨¦s y que se encuentran mayoritariamente en concurso de acreedores (antigua suspensi¨®n de pagos) junto a otras firmas de la familia.

El juez Pablo Ruz, apoyado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ha rechazado de momento incoar diligencias contra la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de Espa?a, como ped¨ªan los afectados, que les consideran responsables civiles subsidiarios.

El magistrado asegura que del examen de las actuaciones, tanto del contenido en la denuncia y querella interpuesta, como de lo informado por el Ministerio Fiscal, se deduce una apreciaci¨®n de estar ante "defraudciones que produzcan o hayan podido producir un perjuicio patrimonial de entidad relevante en una generalidad de afectados".