Inhabilitaci¨®n de 21 meses y 600.000 ? a tres acusados por Mercasevilla

Seg¨²n el fallo recogido en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se estipula que en caso de impago de la multa, que ha supuesto una rebaja conforme a los 900.000 euros para cada uno que ped¨ªa la Fundaci¨®n Mercasevilla, se les condenar¨ªa a doce meses de prisi¨®n.

Asimismo, la Audiencia de Sevilla ha confirmado la absoluci¨®n de la funcionaria Regla Pereira, tal y como decidi¨® el jurado popular, y que se deduzca testimonio contra la secretaria de Rivas, Consuelo V¨¢zquez, porque su declaraci¨®n en el juicio como testigo puede suponer un delito de falso testimonio.

En el escrito se se?ala que los acusados eran conocidos de los representantes del Grupo La Raza, a los que se dirige el soborno, ya que hab¨ªan intervenido en conversaciones previas a la confecci¨®n del proyecto de formaci¨®n y solicitud de la escuela de hosteler¨ªa, y por sus cargos, "daban a entender que ten¨ªan competencia para decidir" sobre la gesti¨®n y concesi¨®n de la misma.

Se trata de una autor¨ªa conjunta del delito de cohecho por la actuaci¨®n de Rivas, "ideando el soborno", contactando con Mellet y, a trav¨¦s de este, con Ponce, "quienes aceptaron realizar la petici¨®n de dinero que les planteaba, en beneficio propio o de terceros".

Para el magistrado presidente del tribunal del jurado, ?ngel M¨¢rquez, las pruebas indiciarias permiten llegar "de forma l¨®gica" a la consideraci¨®n de que Rivas tuvo una "participaci¨®n principal" en el soborno.

Asimismo, considera ajustada a las circunstancias la pena de 21 meses de inhabilitaci¨®n solicitada por la "gravedad" que atribuye a las conductas de cohecho "atentatorias contra la imparcialidad y objetividad" de los funcionarios p¨²blicos.

Respecto a la multa, entiende "justa y ponderada" la de 600.000 euros, al tener en cuenta, entre otros aspectos, el papel de cada acusado, la situaci¨®n econ¨®mica de los mismos o su experiencia profesional y capacidad de trabajo.

En cuanto a la indemnizaci¨®n solicitada por la Fundaci¨®n de Mercasevilla, considera que no es asumible que se conceda sin que se acredite previamente la inversi¨®n realizada, ni que se obligue a ejecutar la obra.

Sobre la condici¨®n de Mellet y Ponce, M¨¢rquez considera que concurren los requisitos para considerarlos funcionarios p¨²blicos a efectos penales, mientras que con Rivas su dualidad es "evidente" al ostentar el cargo de delegado provincial.

Ha a?adido que Mercasevilla es una empresa mixta del sector p¨²blico local que ejerce "una indudable funci¨®n p¨²blica", aunque la relaci¨®n entre los sujetos que la realizan y el ¨®rgano se regule "por normas no p¨²blicas".

El juez considera que Ponce, cuya defensa aleg¨® que desconoc¨ªa su consideraci¨®n de funcionario a efectos penales, conoc¨ªa "perfectamente la ilegalidad de su acci¨®n" por la posici¨®n que ostentaba en la empresa, y que por ello intent¨® ocultar el pago a los ¨®rganos de la sociedad y a la Agencia Tributaria.