El TC reserva al Estado la competencia sobre los sondeos petrol¨ªferos en el mar

La competencia para autorizar prospecciones o explotaciones petrol¨ªferas submarinas en las aguas bajo jurisdicci¨®n espa?ola corresponde en exclusiva al Estado y no a las autonom¨ªas, cuyo territorio no incluye, de ning¨²n modo, el subsuelo marino, seg¨²n el Tribunal Constitucional.

El TC ha establecido este criterio al desestimar el recurso interpuesto hace cinco a?os por el Gobierno canario contra un art¨ªculo la Ley del Sector de los Hidrocarburos de 2007, que reservaba al Estado la competencia de autorizar actividades de investigaci¨®n o explotaci¨®n petrol¨ªfera en el subsuelo marino.

El Gobierno de Canarias sosten¨ªa, por el contrario, que esa competencia le correspond¨ªa a la comunidad aut¨®noma, por entender que el territorio de un archipi¨¦lago incluye tanto a las islas que lo componen como al mar que las circunda y comunica.

El Ejecutivo de Paulino Rivero invocaba en su favor el concepto de archipi¨¦lago contenido en la Convenci¨®n Internacional sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas y recordaba que, desde 1996, el Estatuto de Autonom¨ªa de Canarias determina que el ¨¢mbito geogr¨¢fico de competencia de la comunidad aut¨®noma es "el archipi¨¦lago" y no los "territorios insulares", como dec¨ªa su redacci¨®n anterior.

En una sentencia fechada el pasado 17 de enero y hecha p¨²blica hoy, el Constitucional le responde que esa definici¨®n de la Convenci¨®n sobre el Derecho del Mar solo es aplicable a los "estados archipiel¨¢gicos", porque en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol "el mar no forma parte del territorio de las comunidades aut¨®nomas".

Aunque este pleito se remonta a hace cinco a?os, el fallo del TC llega en plena batalla pol¨ªtica, y jur¨ªdica, entre el Gobierno central, Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura por las prospecciones petrol¨ªferas que se ha autorizado a Repsol en aguas situadas entre el archipi¨¦lago y Marruecos.

El Gobierno canario y los cabildos de ambas islas se oponen a que se lleven a cabo actividades petrol¨ªferas en esa franja del Atl¨¢ntico, porque entienden que ponen en riesgo el patrimonio natural del archipi¨¦lago, su industria tur¨ªstica y el abastecimiento de agua a la poblaci¨®n (dependiente de las desaladoras).

Las instituciones insulares han intentado, hasta la fecha sin ¨¦xito, que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente esos permisos e incluso han presentado quejas ante la Uni¨®n Europea y la ONU.

El Constitucional dictamina que, como dec¨ªa la Ley de Hidrocarburos, la competencia para autorizar permisos como el concedido a Repsol es del Estado, porque ni el mar ni el subsuelo marino "forman parte del territorio de las comunidades aut¨®nomas".

El Tribunal abunda sobre el caso particular de Canarias que su territorio "est¨¢ integrado por los territorios insulares a los que expresamente se refiere el art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n Espa?ola; esto es, las siete islas que en ¨¦l se relacionan y se extiende a la zona mar¨ªtimo terrestre que forma parte del mismo".

Las comunidades, a?ade la sentencia, "solo excepcionalmente pueden llegar a ejercer competencias sobre el mar territorial, siempre y cuando exista un expl¨ªcito reconocimiento estatutario" o se trate de materias cuya atribuci¨®n a las autoridades auton¨®micas ya haya sido ratificada por la jurisprudencia constitucional, como la acuicultura, la ordenaci¨®n del sector pesquero o el marisqueo.

El contenido de esta sentencia ya hab¨ªa sido avanzado esta ma?ana en el pleno del Parlamento auton¨®mico por la diputada del PP por Fuerteventura ?gueda Montelongo, quien considera que este fallo "es un nuevo varapalo, y ya van tres, al Gobierno de Canarias en su cruzada pol¨ªtica en contra de unas prospecciones petrol¨ªferas que pueden traer muchos beneficios para los canarios".

Montelongo ha exigido, adem¨¢s, al Ejecutivo canario que "deje de mentir" sobre este asunto y de "hacer un rid¨ªculo internacional", con iniciativas como la queja escrita que envi¨® a la ONU.