Hipotecas y desahucios saltan de la calle al Congreso de los Diputados

El martes, el PSOE va a ceder su turno en el Congreso de los Diputados para que se vote cuanto antes si se toma en consideraci¨®n y, por tanto, si se debate o no, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la daci¨®n en pago, respaldada por m¨¢s de un mill¨®n de firmas, seg¨²n la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La promueve junto con otras asociaciones y sindicatos. Ser¨¢ a las cuatro de la tarde tras la toma en consideraci¨®n de otra ILP reivindicando la fiesta taurina.

Y esta semana se ha producido la comparecencia de expertos en el Congreso, acerca de las reformas hipotecarias y los desahucios. Es por lo menos la tercera, tras una comisi¨®n de vivienda en 2008 y una subcomisi¨®n en 2011, en dar audiencia a asociaciones ciudadanas.

Esta comparecencia se produce en la comisi¨®n de Econom¨ªa y Competitividad, una semana despu¨¦s de que el ministro Luis de Guindos anunciara medidas para mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario y proteger a colectivos vulnerables, en el marco del debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protecci¨®n a los Deudores Hipotecarios.

Las propuestas de Guindos demuestran que desde la ¨²ltima comparecencia de expertos, algo ha cambiado. Son una ampliaci¨®n de las adoptadas en el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas y los dos reales decretos de medidas urgentes aprobados en marzo y noviembre de 2012 para admitir moratoria en el pago de las cuotas, la daci¨®n en pago, reestructurar la deuda o conseguir la suspensi¨®n del lanzamiento, aplicables solo para colectivos muy vulnerables.

Fernando M¨¦ndez, exdecano del Colegio de Registradores es uno de los expertos que repite comparecencia y, a su juicio "el Gobierno ha seleccionado un grupo de afectados y toda selecci¨®n es arbitraria y discriminatoria. A los m¨¢s d¨¦biles no les ayuda porque no compraron y para quienes perciben ingresos por debajo del m¨ªnimo fijado ya es inembargable. Quienes firmaron sin pleno conocimiento de las consecuencias tendr¨¢n que esclarecerlo en un juicio y si hay situaciones de necesidad se deben atender con medidas de pol¨ªtica social y no con medidas que deterioren las bases del sistema hipotecario en perjuicio de todos", explica.

En la calle, en las tertulias y en los despachos se repite que se trata de combatir una situaci¨®n de desequilibrio y desigualdad, no de atentar contra el sistema hipotecario que ha permitido dar hipotecas a un amplio n¨²mero de ciudadanos que en su mayor¨ªa pueden cumplir con los pagos. La morosidad est¨¢ en un 3,4%, seg¨²n la Asociaci¨®n Hipotecaria Espa?ola un 60% de la que se alcanz¨® en la crisis del 94.

Y este porcentaje, si nos ce?imos solo a primera vivienda, no llegar¨ªa ni al 1%, seg¨²n explicaba hace unos meses Edmundo Rodr¨ªguez Achutegui. Un magistrado de los que, individualmente o a trav¨¦s de las juntas de jueces, han tomado postura a favor de una reforma del proceso de ejecuci¨®n hipotecaria y, en alg¨²n caso, de paralizar los desahucios, hartos de vivirlos en primera l¨ªnea.

Con ser poca la morosidad, el volumen de gente afectada es mucho mayor que en anteriores crisis y su situaci¨®n, dram¨¢tica. Y los afectados y movimientos como la PAH han evidenciado la situaci¨®n de desequilibrio e indefensi¨®n entre la entidad financiera y el deudor de buena fe. Desequilibrios que reconoce el propio ministerio de Econom¨ªa.

No se trata de reducir garant¨ªas sino de limar situaciones abusivas que han merecido el rechazo en las calles y fuera de nuestras fronteras. Pero el tiempo apremia. Y las ¨²ltimas reformas hipotecarias en 2001 y 2011 volvieron a mejorar la posici¨®n de las entidades financieras. "El lobby bancario es muy fuerte", se dice bajando la voz. Pero las movilizaciones en la calle empujan.

Las reformas anunciadas la semana pasada por Guindos en el marco del proyecto de ley, incorporan medidas paliativas como que los jueces puedan minorar la deuda de las familia con el banco. Otra de ellas, reducir al 12% los intereses de demora. La situaci¨®n actual es que "a quien tiene una hipoteca a 30 a?os y deja de pagar dos cuotas, se les exige la totalidad a un inter¨¦s de demora del 20% o 30% y el procedimiento se dilata entre 12 y 16 meses. Esto hace que su deuda se encarezca en torno a un 30% en el momento en el que se dicta sentencia" explica M¨¦ndez, que propone intereses de demora similares a los de la ley de cr¨¦dito al consumo o la ley cambiaria del cheque, de 2 a 2,5 veces el inter¨¦s legal del dinero -menos de lo propuesto por Guindos- y revisar la base sobre la que se calcula que deber¨ªa ser la de las cuotas que se han dejado de pagar o, en todo caso, las que vayan venciendo durante la duraci¨®n del juicio.

Tambi¨¦n pide rebajar sustancialmente la fiscalidad de la daci¨®n en pago o equipararla con la subasta. "Si en un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria el banco se adjudica un piso porque ha encontrado un comprador, tanto la adjudicaci¨®n como la cesi¨®n a un tercero est¨¢n exentas de impuestos. Pero si llega a un acuerdo de daci¨®n en pago con el deudor y busca alguien que compre el piso, la operaci¨®n se encarece un 20% o 25%", indica.

M¨¦ndez apuesta por incentivar que el deudor hipotecario, tras la ejecuci¨®n, pueda continuar como arrendatario dedicando el importe de lo que pague a la extinci¨®n del cr¨¦dito (anticresis). La banca acreedora pasa a ser el administrador y evita tener que provisionar de forma creciente, por el activo y el deudor no se queda en la calle. "La clave para que de resultado es que el Banco de Espa?a acepte que el pacto anticr¨¦tico no provisione", seg¨²n explica M¨¦ndez.

Otra compareciente en el Congreso, Francisca Sauquillo, del Consejo General de Consumidores, pidi¨®, seg¨²n Europa Press, una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados, an¨¢loga a la del resto de pa¨ªses europeos. Desde 2005 se nos prometi¨® una ley de sobreendeudamiento familiar como la que existe en el resto de los pa¨ªses europeos.

Coincide de nuevo en plantear la daci¨®n en pago, al igual que el magistrado Vicente Magro quien pidi¨® que se ampl¨ªen los supuestos en que la ley contempla la daci¨®n en pago, en un encuentro organizado por la editorial Francis Lefebvre en el que anot¨® que se contabilizan 526 desahucios al d¨ªa entre locales y viviendas, en venta o alquiler.

La daci¨®n en pago, antes anatema, se va generalizando para situaciones excepcionales y est¨¢ en la base de la Iniciativa Legislativa Popular que lidera la PAH y que ha duplicado el n¨²mero preceptivo de firmas para prosperar.

La abogada de la PAH, Ada Colau fue una de las comparecientes en el Congreso y su compa?ero de organizaci¨®n, Adri¨¢ Alemany, destaca como a las presiones en la calle, se suman las de fuera de Espa?a y el papel activo de los jueces y lamenta que, como public¨® EL PA?S, no hayan sido escuchados. El PSOE ha pedido que se ampl¨ªen las comparecencias en el Congreso para dar cabida al magistrado Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo.

La citada ILP plantea algo a lo que se opone la Asociaci¨®n Hipotecaria Espa?ola, tambi¨¦n invitada al Congreso, y es que la daci¨®n sea retroactiva. Y tambi¨¦n solicita la suspensi¨®n de las ejecuciones.

Y no agota todas las peticiones de la PAH. Alemany explica que cuando se redact¨® hace un a?o y medio no exist¨ªa el banco malo, la Sareb, y por eso no demandaba que los pisos adjudicados a la banca se destinen al alquiler. ¡°Tenemos la oportunidad hist¨®rica de crear un parque de vivienda social¡±.

El magistrado Vicente Magro coincide en que el destino de las viviendas recuperadas por los bancos se destinen a este fin. Sugiere que se pacte el compromiso de que los ocupantes corran con los gastos de comunidad y fiscales del inmueble y reducir alm¨¢ximo la renta a pagar por la familia.

El debate est¨¢ abierto pero ¡ªaparte de abordar una situaci¨®n de emergencia social¡ª tambi¨¦n se piden cambios que eviten que en cuanto vuelva la liquidez se repita el sobreendeudamiento.