El techo como un derecho: la daci¨®n en pago no generalizada gana terreno

Cuando se reparti¨® la ficha de la vivienda a la hora de construir el Estado de bienestar, al sur de Europa no le toc¨® ninguna. Sanidad o educaci¨®n s¨ª, pero el derecho a un techo no se inclu¨ªa y los diferentes Gobiernos han apostado por la construcci¨®n de vivienda para venta con el fin de impulsar la econom¨ªa y el empleo antes que con el de dar cobijo a las familias. A la vez que desatend¨ªan el mandamiento constitucional de no especular con el suelo. Y los ayuntamientos han tenido un papel estelar. Todo esto se puso de manifiesto en el encuentro celebrado por el Club de Debates Urbanos (CDU).

Nadie pide la daci¨®n en pago salvo para primera vivienda y deudores de buena fe ante una situaci¨®n sobrevenida

En la mesa estaba un vocal del CDU, Julio Rodr¨ªguez, que por haber sido pol¨ªtico en la Junta de Andaluc¨ªa, director de una caja de ahorros, am¨¦n de presidente del Banco Hipotecario, pudo hacer un buen diagn¨®stico, lo que no quiere decir que no fuera contestado. Compart¨ªa tribuna con Ada Colau, portavoz del movimiento ciudadano Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Para quien lo dude, la iniciativa legislativa popular (1,4 millones de firmas) que lidera junto con otros agentes sociales pide daci¨®n en pago ¨²nica y exclusivamente en caso de vivienda habitual y un deudor de buena fe que lo es por circunstancias sobrevenidas como el desempleo o la enfermedad. Por tanto, en ning¨²n caso se aplicar¨ªa a una compra por inversi¨®n o al apartamento de la playa.

Y cuando pide daci¨®n retroactiva se basa en que hay casos en los que se llegaron a dar hipotecas de forma fraudulenta, con avales cruzados, a gente cuya situaci¨®n no resist¨ªa un elemental test de solvencia. Y porque quienes firmaron algunas de las hipotecas lo hicieron sin la debida informaci¨®n por parte de quien estaba obligada a darla y con tasaciones desorbitadas.

La segunda demanda es que se paralicen los desahucios, algo solicitado por la propia Defensora del Pueblo y la tercera es la creaci¨®n de un parque social de alquiler para que no se eche a nadie sin ofrecer un techo alternativo y sin el que, se dijo en el debate del CDU, no es posible hacer una pol¨ªtica de vivienda coherente.

Fuera de Espa?a sorprende que haya tanta vivienda vac¨ªa y que apenas exista alquiler social

Las peticiones se enmarcan, adem¨¢s, en una situaci¨®n que Ada Colau define como de ¡°emergencia¡±. Presionados por el contacto directo con situaciones dram¨¢ticas, en la PAH no han tenido miedo en pedir algo impensable hace cuatro a?os -como seg¨²n dijo Colau tambi¨¦n lo era conseguir frenar unos 600 desahucios- la daci¨®n en pago que permite resolver la deuda a cambio de la vivienda y que los bancos vienen practicando con particulares y promotores en casos tambi¨¦n de emergencia. El propio Gobierno la ha regulado para situaciones extremas. Ahora se trata de dar un paso m¨¢s.

Ha sorprendido que se haya admitido a debate una iniciativa legislativa popular que pide daci¨®n en pago, y adem¨¢s retroactiva. Pero tambi¨¦n sorprende fuera de nuestras fronteras las condiciones en que se desarrolla el procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria. Y sobre ¨¦l se pronunciar¨¢ el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea.

Aunque la daci¨®n no est¨¢ regulada en los pa¨ªses de nuestro entorno, a efectos pr¨¢cticos no se pide nada que, gobiernen conservadores o socialdem¨®cratas, no contemple en ellos: un techo alternativo y una segunda oportunidad para no ir hacia una exclusi¨®n social segura.

Y de ah¨ª que puedan estar en el Congreso las demandas de un movimiento ciudadano alternativo junto a las de un Gobierno de centroderecha. El punto de encuentro es dotar al espa?ol de las garant¨ªas con las que cuentan brit¨¢nicos, franceses, holandeses o alemanes. Los intereses moratorios que se aplican, que, seg¨²n explic¨® Julio Rodr¨ªguez, hacen que quien pide una hipoteca de 100 se quede sin la casa, le embarguen el salario y deba todav¨ªa 70, van sumando detractores, como tambi¨¦n el hecho de que aunque haya cl¨¢usulas abusivas, el hipotecado no pueda alegarlas antes de la ejecuci¨®n.

En el debate del CDU se habl¨® tambi¨¦n de imponer, negro sobre blanco, a las entidades financieras las viejas barreras que se han saltado: no hipotecar por m¨¢s del 80% del valor de tasaci¨®n y que la cuota a pagar por el pr¨¦stamo no suponga m¨¢s del 30% de la renta familiar. Rodr¨ªguez comprob¨® en su etapa al frente del Banco Hipotecario que por encima de tal porcentaje se produc¨ªan impagos. Y en el debate record¨® que si la PAH pide que el importe del alquiler no supere el 30% de la renta familiar, Margaret Thatcher, paradigma del pol¨ªtico del ala derecha conservadora brit¨¢nica, fij¨® en un 25% el porcentaje de renta por encima del cual subvencionaba el alquiler.

Cambiar la legislaci¨®n cuesta menos que crear un parque de vivienda de alquiler asequible, ese techo alternativo al que remitir a los desahuciados. Su existencia podr¨ªa paliar o haber evitado llegar a esa situaci¨®n, al ser alternativo a la compra mediante hipoteca, como tambi¨¦n lo es el derecho de superficie, ensayado en Euskadi.

La respuesta, se dijo, estar¨ªa en las viviendas en manos de entidades nacionalizadas: que se destinen a ese uso. Fuera de Espa?a choca que se haya edificado en masa, abunden las casas vac¨ªas, pero no haya alquiler asequible. Rondar¨ªa el 1%, mientras en Francia, con un 20%, se legisla para llegar en las principales ciudades al 25% del parque residencial. Seg¨²n explic¨® Pablo Jim¨¦nez, de Vivienda Attac Madrid, ¡°la ley conocida como Duflot, apellido de la ministra francesa de Vivienda, acaba de superar el tr¨¢mite administrativo del Consejo Constitucional y est¨¢ a punto de entrar en vigor. Obliga a las localidades de m¨¢s de 3.500 habitantes (1.500 en el caso de la regi¨®n de Ile-de-France) a elevar hasta el 25%, hasta el a?o 2025, la proporci¨®n de viviendas sociales sobre el territorio, frente al 20% actual. Tambi¨¦n establecer¨¢ una exoneraci¨®n fiscal de hasta el 100% del precio de los terrenos p¨²blicos destinados a construir vivienda para alquiler social."

De los 3,1 millones de viviendas vac¨ªas seg¨²n el censo de 2001 -que podr¨ªan hasta casi duplicarse en el que se publicar¨¢ en abril- se dice que solo una tercera parte estar¨ªa en condiciones de servir de primera vivienda. ?Qui¨¦n lo sabe? De la misma manera que se desconoce el n¨²mero de ejecuciones hipotecarias realizadas sobre la primera vivienda puesto que el Consejo General del Poder Judicial solo tiene los datos agregados y se suman locales o segundas viviendas en ellos y el encargo realizado al el INE no ha llegado a concretarse por lo que no hay una fecha a partir de la cual se pueda contar con tal informaci¨®n.

Imposible calibrar las daciones que se ajustar¨ªan a lo demandado en la ILP. Dado el bajo porcentaje de morosidad en primera vivienda que aprecian los jueces, si finalmente se aprobase la iniciativa, es posible que la alarma despertada en las instituciones financieras e inversores la idea de daci¨®n en pago no tuviera fundamento al aplicarse a un muy limitado n¨²mero de casos.