El PSOE pide a la Fiscal¨ªa que investigue el "enga?o estructural" de las preferentes

El PSOE ha presentado un escrito en el que reclama a la Fiscal¨ªa General del Estado que investigue si el "enga?o estructural" al que las entidades financieras han sometido a los peque?os ahorradores con las participaciones preferentes puede ser constitutivo de un delito de estafa.

El escrito, firmado por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodr¨ªguez, recuerda que hay unas 300.000 personas "atrapadas" en estos productos complejos y no pueden disponer de sus ahorros, que ascienden aproximadamente a 8.000 millones, la mayor¨ªa, 6.500 millones, correspondientes a Bankia.

Considera que, despu¨¦s de que el FROB haya establecido el canje obligatorio en acciones para los titulares de preferentes de las entidades nacionalizadas, con una quita de entre el 38 % y el 61 % del nominal, es "muy probable" que, cuando vayan a vender las acciones "haya una segunda quita".

Seg¨²n explica el documento del PSOE, "la presi¨®n de las sucursales bancarias sobre sus clientes para colocar estos productos ha sido muy intensa", trat¨¢ndose adem¨¢s de "ofertas inciertas y enga?osas".

Ofertas dirigidas a personas que "en el 80 por ciento de los casos superan los 65 a?os", muchas de ellas sin estudios, con "graves enfermedades, y que ni tan siquiera pudieron obtener por escrito las condiciones reales de la oferta enga?osa que les hicieron".

Por ello, solicita a la Fiscal¨ªa que lleve a cabo las actuaciones y diligencias oportunas para comprobar la actuaci¨®n de las entidades financieras por si pudieran haber incurrido en un delito de estafa "que afectar¨ªa a miles de ciudadanos".

El texto explica que ya existen diversos ¨®rganos que est¨¢n investigando estos hechos, pero es el Ministerio P¨²blico "el ¨®rgano que puede realizar una actuaci¨®n m¨¢s eficaz y coordinada en defensa de la legalidad, de los intereses de los afectados, y que conduzca finalmente a la consecuci¨®n de una soluci¨®n global para todos ellos".

Recuerda adem¨¢s que, a pesar de que en 2007 se modific¨® la Ley del Mercado de Valores para dar m¨¢s protecci¨®n a los clientes clasific¨¢ndoles en funci¨®n de sus conocimientos financieros, "diversas entidades financieras emitieron estos productos, entre 1996 a 2006, para captar recursos y crecer.

Durante la primera mitad del 2009, prosigue, se emitieron una "importante cantidad" de estos valores, para "mejorar los ratios de solvencia exigidos", comercializ¨¢ndolos tanto a clientes institucionales y a minoristas, a los que se presentaban como "productos similares a los dep¨®sitos a plazo, sin informar correctamente de las caracter¨ªsticas del producto".

La situaci¨®n, "injusta y desesperante para miles de personas enga?adas", est¨¢ provocando una "enorme indignaci¨®n social", ya que las personas que adquirieron estos productos, "ahora van a tener que contribuir obligatoriamente al saneamiento de las entidades bancarias que les enga?aron, como si fueran un accionista m¨¢s", concluye.