?Requiem por la vivienda protegida?

Este solemne y sugerente encabezamiento ha servido para convocar, por la Diputaci¨®n de Barcelona y la Secci¨®n catalana de la Asociaci¨®n de Promotores P¨²blicos de Vivienda y Suelo (AVS), una jornada de reflexi¨®n sobre el presente y futuro de una pol¨ªtica de promoci¨®n de viviendas protegidas (30 mayo 2013), con la participaci¨®n de gestores p¨²blicos, juristas, economistas y arquitectos. Convocatoria que considero necesaria y oportuna si tenemos en cuenta que el inicio de estas l¨ªneas coincide con la noticia publicada en El Pa¨ªs con el siguiente titular: ¡°Botella liquida la empresa de vivienda¡± (6-05-1013).

La decisi¨®n de la alcaldesa de Madrid es muy grave e irresponsable, porque afecta a miles de ciudadanos beneficiarios, justos beneficiarios, de una promoci¨®n p¨²blica de ¡°viviendas con precio tasado pol¨ªticamente¡± (considero m¨¢s ajustada esta definici¨®n que la convencional ¡°vivienda protegida¡±), destinadas a satisfacer el derecho a una vivienda digna de las familias con bajos recursos econ¨®micos, aunque no insolventes hasta la actual crisis financiera y el drama de las hipotecas abusivas. El simple anuncio de esta decisi¨®n de la Sra. Botella viene a a?adir incertidumbre, angustia y dolor a las familias ya golpeadas duramente por la crisis econ¨®mica y amenazada con futuras privatizaciones y desahucios inmisericordes.

No puede sorprendernos, aunque s¨ª indignarnos, esta decisi¨®n de la alcaldesa, porque ya en octubre de 2012 (El Pa¨ªs, 23-10-2012) avanzaba que el gobierno municipal renuncia a construir m¨¢s viviendas protegidas porque, en su opini¨®n, ¡°YA NO ES NECESARIA¡±, por lo que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) no construir¨¢ m¨¢s pisos protegidos.

La liquidaci¨®n de la EMVS encuentra una interesada y acr¨ªtica justificaci¨®n en una ¡°auditoria confidencial¡± realizada por PriceWaterhouse en la que se detectan problemas graves econ¨®micos y financieros que ¡°limitan significativamente la posibilidad de establecer un proceso ordenado de reestructuraci¨®n¡±, deduciendo, precipitadamente, de estas dificultades coyunturales la conclusi¨®n inapelable de que la EMVS ¡°no es operativamente viable¡± y, por tanto, ¡°insostenible¡±. Tras esta sentencia se indican algunos mecanismos o procedimientos para desmantelar la empresa. Daci¨®n de parte importante de su patrimonio a Bankia, como pago de su deuda (un 40% del total). Venta ¡°inmediata¡± de 1.860 pisos a los actuales usuarios en r¨¦gimen de alquiler. Venta indiscriminada de todo el patrimonio, edificado o en suelo, a los ¡°inversores financieros¡±. Colocar al Ayuntamiento su cartera de suelo hipotecado, como una forma camuflada de socializar las p¨¦rdidas.

Un ejemplo m¨¢s del proceso constante de privatizaciones llevado a cabo por los gobiernos del PP como imposici¨®n ideol¨®gica, que encuentra una pretendida cobertura economicista en el obligado, inevitable y autodestructivo ajuste del d¨¦ficit mediante continuos recortes en los servicios y derechos p¨²blicos, cueste lo que cueste a los ciudadanos. Proceso en el que Madrid, con do?a Esperanza Aguirre a la cabeza, acompa?ada por do?a Ana Botella y ac¨®litos, se ha consolidado como la columna de choque en una guerra despiadada e irracional contra todo lo p¨²blico y su entrega a la empresa privada, a empresarios y grupos financieros pr¨®ximos y privilegiados, muy alejados de una pr¨¢ctica de ¡°libre empresa¡± en un marco regulado de limpia competencia.

En el caso de la EMVS de Madrid, asistimos a una operaci¨®n de derribo, sin haber intentado, y explicado p¨²blicamente, una posible reorganizaci¨®n, tanto financiera como en su propia estructura y modo de gesti¨®n, incluyendo una racional y actualizada definici¨®n de los productos inmobiliarios a promover (tipos de vivienda) y gestionar de forma m¨¢s innovadora y eficaz. Una necesaria puesta al d¨ªa, una necesaria racionalizaci¨®n abriendo un debate y solicitando la colaboraci¨®n de los grupos pol¨ªticos en la Asamblea de la Comunidad, de los sindicatos, de los promotores cooperativos y de los propios ciudadanos a trav¨¦s de sus organizaciones m¨¢s pr¨®ximas, como pueden ser las asociaciones vecinales o de defensa de los consumidores. El mismo d¨ªa del anuncio que aqu¨ª coment¨¢bamos, el portavoz del PSOE ofrec¨ªa posibles enfoques alternativos dirigidos a mantener la EMVS y servir de base para un debate solvente en busca del tan cacareado consenso o pacto. Ni caso.

Derribar la EMVS y llevar los escombros a un vertedero incontrolado es no solo una agresi¨®n m¨¢s al inter¨¦s general, sino una tremenda e irresponsable equivocaci¨®n. Seguramente es necesario repensar y buscar una nueva definici¨®n de cu¨¢l pueda y deba ser el contenido de una pol¨ªtica de ¡°vivienda con precio tasado pol¨ªticamente¡±. Ser¨¢ necesario depurar los organismos responsables de su gesti¨®n e inventar nuevos mecanismos. Con igual exigencia, convendr¨¢ ponderar el n¨²mero de viviendas tasadas a promocionar en cada momento y territorio, definiendo el d¨®nde, el c¨®mo, por qui¨¦n y para qui¨¦n, as¨ª como el r¨¦gimen de tenencia o disfrute m¨¢s adecuado y durante cu¨¢nto tiempo. Pero siempre ser¨¢ necesaria y conveniente la promoci¨®n de un n¨²mero significativo de vivienda tasada, la promoci¨®n liderada por las distintas administraciones, con el posible partenariado de promotores privados y con la ineludible subvenci¨®n p¨²blica.

Esta necesaria presencia de la promoci¨®n p¨²blica, de un quantum de viviendas (nuevas o rehabilitadas, en alquiler o en propiedad), no es solo una exigencia para hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna, sino que responde a una necesidad social y a una racionalidad econ¨®mica. Desde los a?os veinte del siglo pasado (con algunos atisbos anteriores), se ha entendido y defendido, en el ¨¢mbito de una cultural socialdem¨®crata, que una parte de los ciudadanos (la clase obrera antes, los asalariados hoy) no pueden acceder a una vivienda al precio del mercado puro y duro y, por tanto, necesitan la intervenci¨®n del estado como garant¨ªa de un alojamiento digno. Y se trata no solo de una manifestaci¨®n de la solidaridad y defensa de la cohesi¨®n social (el hoy agredido estado de bienestar), sino de una racionalidad econ¨®mica, ya que parec¨ªa y parece conveniente que el gasto en la vivienda no supere un razonable porcentaje de los ingresos familiares (25%, 30%?). Destinar al alojamiento mayores recursos supone disminuir las disponibilidades econ¨®micas de las familias, impidiendo la ¡°compra¡± de otros bienes y servicios, desde la educaci¨®n al ocio, desde la salud a los electrodom¨¦sticos. Es decir, constri?endo la demanda que, hoy m¨¢s que nunca, se reclama como imprescindible para reactivar y mantener el sistema productivo, bajo la tutela eficaz de un estado social y democr¨¢tico de derecho.

No solo en el caso de la vivienda, sino en muchos de los servicios y equipamientos p¨²blicos que nos han permitido una convivencia pac¨ªfica en los ¨²ltimos decenios del siglo pasado, ser¨¢ necesario renovar su propia definici¨®n y, sobre todo, los mecanismos para su gesti¨®n eficaz e igualitaria. El futuro los va a seguir necesitando.

Acabo de revisar estas l¨ªneas el d¨ªa que se anuncia la aprobaci¨®n definitiva de la Ley de Costas (El Pa¨ªs, 11-05-2013), cuya denominaci¨®n oficial es la pomposa y c¨ªnica de ¡°Ley de Protecci¨®n y Uso Sostenible del Litoral¡±, siendo en realidad la triste legalizaci¨®n del expolio de nuestras costas, entendidas por el PP como materia de negocio y no como recurso natural y paisaj¨ªstico para disfrute de los ciudadanos y equilibrio de nuestro ecosistema. Y ya que hablamos de vivienda, las ¨²nicas viviendas protegidas que van a existir en Espa?a son las legalizadas, amnistiadas y amparadas por esta depredadora ley.

Eduardo Mangada es arquitecto y urbanista.