S¨®lo 258 familias logran uno de los 6.000 pisos del fondo para desahuciados

Las casi 6.000 viviendas propiedad de los bancos destinadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler para familias desahuciadas siguen vac¨ªas ya que, seg¨²n datos de junio, s¨®lo se han asignado 258 pisos y formalizado el contrato de 89 inmuebles, fruto de 594 solicitudes presentadas.

El Ministerio de Econom¨ªa, que ha facilitado a Efe estos datos, procedentes de la comisi¨®n de seguimiento del fondo, considera que las cifras son "aceptables para un proceso que arranc¨® en marzo", y conf¨ªa en que las solicitudes se vayan incrementando.

Tambi¨¦n ha abierto la posibilidad de revisar los requisitos si el tiempo demuestra que son demasiado exigentes.

En la actualidad pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desalojadas de su residencia habitual despu¨¦s del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad (familias numerosas, violencia de genero y deudores en paro que hayan agotado la prestaci¨®n, entre otros).

El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un m¨¢ximo del 30 por ciento de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duraci¨®n de dos a?os, prorrogables por uno.

La mayor parte de los inmuebles aportados al FSV proceden de cajas convertidas en bancos y una cuarta parte de ellos est¨¢ ubicada en capitales de provincia.

Seg¨²n pol¨ªticos de todo el arco parlamentario consultados por Efe, las familias afectadas son reacias a solicitar estos pisos porque para ello est¨¢n obligadas a entenderse con el mismo banco que se qued¨® con sus casas.

Para la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, el convenio que firm¨® en enero el Gobierno con 33 entidades financieras "deja todo en manos de los bancos, y son estos los que deciden qu¨¦ vivienda es la m¨¢s conveniente para el desahuciado y si la familia cumple los requisitos exigidos".

Adem¨¢s, todo este proceso se desarrolla en el "departamento de atenci¨®n al cliente" de la entidad, que se ha convertido en una especie de agencia inmobiliaria.

"Todo depende de la buena fe de los bancos y presuponer esta buena fe es como creer en los Reyes Magos", dice Iglesias.

Una de los argumentos en los que coincide la oposici¨®n es que estas 6.000 casas -valoradas en menos de 100.000 euros- no est¨¢n ubicadas precisamente donde los afectados las demandan y, en ocasiones, se encuentran en malas condiciones.

La portavoz de Vivienda de CiU, Lourdes Ciur¨®, ha dicho que el fondo es "un maquillaje" sin voluntad y ha lamentado que la gesti¨®n final est¨¦ encomendada a un banco, cuando lo l¨®gico ser¨ªa encargarlo a las autonom¨ªas que tienen las competencias.

Ciur¨® ha puesto el acento en aspectos abusivos dentro del propio convenio y ha explicado que las viviendas se alquilan por un per¨ªodo de dos a?os cuando la ley de arrendamiento urbano prev¨¦ un m¨ªnimo de tres. Adem¨¢s, el banco puede "mover" a la familia en ese per¨ªodo si lo estima "necesario".

"Se exige voluntad de hierro a estas familias" ha dicho Ciur¨®, quien ha compartido con Iglesias que el fondo no funciona y urge su revisi¨®n.

Para el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela, los requisitos para acceder al fondo son "muy exigentes" cuando se habla de gente que lo ha perdido todo.

Coscubiela ha denunciado la "oscuridad" del proceso, que ha relacionado con la mayor¨ªa absoluta del PP en el Congreso, y ha recordado que su grupo ha propuesto en reiteradas ocasiones un fondo p¨²blico de vivienda que vincule a comunidades y municipios y no d¨¦ todas las prerrogativas a los bancos.

Para el portavoz de Vivienda del PP, Teodoro Garc¨ªa, la oposici¨®n utiliza los datos del fondo con "fines partidistas" y cae en el error de "hacer pol¨ªtica con el dolor ajeno".

En opini¨®n del diputado popular, si una persona consigue una vivienda por 125 o 400 euros, que es la horquilla en que se mueven estos arrendamientos, "poco le importa quien le ha dado el piso".

Para el abogado de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, el fondo es "un aut¨¦ntico insulto" y ha criticado que se est¨¦ haciendo al Estado "copart¨ªcipe" de la especulaci¨®n inmobiliaria.

Mayoral ha lamentado la absoluta impunidad de las entidades financieras que ha considerado "aut¨¦nticas responsables de la crisis" y que "deber¨ªan ser puestas a disposici¨®n judicial por lo que han supuesto en la estafa hipotecaria masiva".