La fiscal¨ªa quiere parar la investigaci¨®n de las preferentes en la Audiencia Nacional

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido a la Audiencia Nacional que anule la decisi¨®n del juez Fernando Andreu de investigar la comercializaci¨®n de preferentes porque supondr¨ªa crear un "paradigma de macro-causa ingobernable" que generar¨ªa una "grave desprotecci¨®n a las v¨ªctimas".

El fiscal, que apel¨® contra los autos en los que el magistrado admit¨ªa a tr¨¢mite varias querellas por este asunto, pide que sea el pleno del tribunal quien resuelva sobre esa admisi¨®n, "dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse". Los escritos van dirigidos a la secci¨®n tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la misma que orden¨® a Andreu investigar las ventas de preferentes e incorporarlas a la causa en la que instruye la fusi¨®n y salida a bolsa de Bankia. El juez, sin embargo, decidi¨® abrir una pieza separada con ellas.

Anticorrupci¨®n cree que, ante la "previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido", debe ser el pleno el que "decida el cauce por el que deber¨¢n dilucidarse las eventuales cuestiones que se susciten ante la sala", por lo que reclama la celebraci¨®n de una vista oral previa.

La investigaci¨®n emprendida por Andreu abarca al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, seis miembros del consejo de administraci¨®n ¡ªentre ellos Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n¡ª, otros ocho altos cargos de esta entidad y Bancaja, as¨ª como contra sus filiales, Bankia, y su matriz, BFA,

Seg¨²n su criterio, la comercializaci¨®n de preferentes comprende una doble vertiente: la primera la de su ideaci¨®n y venta general por parte de la c¨²pula directiva de las entidades, lo cual ya se est¨¢ investigando en la causa de Bankia, en la que est¨¢n imputados todos los que fueran miembros de su consejo de administraci¨®n y su expresidente Rodrigo Rato.

La otra es la comercializaci¨®n individualizada por parte de los directores de las sucursales, y es en este punto en lo que discrepa la Fiscal¨ªa, que considera "improcedente" iniciar una investigaci¨®n penal "masiva" dirigida contra todos estos empleados.

En este sentido, sostiene que "el enga?o dirigido a una masa de v¨ªctimas puede idearse desde la direcci¨®n de las entidades, pero no desde la posici¨®n de quienes comercializaron" estos productos. "Y ello porque resulta descabellado mantener que existi¨® una planificaci¨®n general y orquestada por todos los directores, comerciales o empleados de sucursales" para "colocar de forma fraudulenta" las preferentes entre los inversores minoristas.

Adem¨¢s, "igualmente queda fuera de toda l¨®gica" que estos trabajadores conocieran los estados financieros de la entidad, cuando lo que ocurri¨® "sencillamente" es que los comerciales se limitaron a vender un producto "autorizado y regulado, siguiendo las instrucciones impartidas por la direcci¨®n de las cajas".

El fiscal defiende que los comerciales se limitaron a vender un producto "autorizado y regulado"

Rechaza as¨ª "la sugerida creaci¨®n de espacios de impunidad" que aleg¨® Andreu para admitir las querellas y vuelve a defender la v¨ªa civil ante la "ausencia de datos objetivos" que permitan el encaje penal de los hechos denunciados por UPyD y varios particulares en las mismas.

Por ello, insiste en que una investigaci¨®n general sobre un delito de estafa cometido supuestamente por los empleados de las entidades "supondr¨ªa convertir esta investigaci¨®n en un paradigma de macro-causa ingobernable" con "cientos de imputados" que vendieron estos productos en "circunstancias diversas para cada caso" y "miles de testigos" que las adquirieron.

A ello se une una "infinidad" de diligencias en ciudades de toda Espa?a que alargar¨ªan el proceso, que "generar¨ªan una grave desprotecci¨®n a las v¨ªctimas" y har¨ªan "inviable" el mismo. No obstante, Anticorrupci¨®n no excluye la posibilidad de que se hayan producido enga?os con relevancia penal, como en los casos de "personas incapaces, de edad avanzada o analfabetas".

En definitiva, resume el fiscal, la Audiencia Nacional es competente para investigar si la venta masiva de preferentes "obedeci¨® a un plan ideado" por los responsables de las cajas pero no para enjuiciar a los empleados que lo ejecutaron.