Rato y Blesa defienden legalidad de preferentes y piden anular investigaci¨®n

Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato han pedido a la Audiencia Nacional que anule la investigaci¨®n abierta por el juez Fernando Andreu por la comercializaci¨®n de preferentes al considerar que fueron un producto legal avalado por la CNMV y el Banco de Espa?a.

En sendos escritos dirigidos a la sala de lo penal de este tribunal, a los que ha tenido acceso hoy Efe, los dos banqueros se adhieren al recurso interpuesto por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra los autos en los que Andreu admit¨ªa varias querellas sobre esta cuesti¨®n y, como el Ministerio P¨²blico, reclaman que sea el pleno el que la resuelva dada su "trascendencia".

Pese a que Rato no figura como querellado en ninguna de ellas, Andreu abri¨® una pieza separada sobre preferentes de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la fusi¨®n y salida a bolsa de Bankia, en la que su expresidente s¨ª est¨¢ imputado.

Rato, que tambi¨¦n se adhiere a los recursos de Bankia y BFA, hace suyos los argumentos de Anticorrupci¨®n, para destacar que emprender una investigaci¨®n generalizada sobre la venta de preferentes dar¨ªa lugar a una causa "general e inquisitorial", adem¨¢s de "ingobernable, desproporcionada, que de antemano desbordar¨ªa toda posibilidad de dictar un pronunciamiento" en un plazo razonable. Con ello se causar¨ªa una "lesi¨®n irreparable de los derechos tanto de las v¨ªctimas como de los acusados".

"El alargamiento del proceso (frente a Rato y frente al resto de los querellados) s¨®lo redundar¨ªa en una m¨¢s que segura lesi¨®n de sus derechos fundamentales, as¨ª como en las expectativas de obtenci¨®n de la obligada tutela judicial efectiva para los titulares de preferentes", subraya. As¨ª, defiende la procedencia de excluir del ¨¢mbito de la investigaci¨®n los hechos referidos a la comercializaci¨®n y/o case de operaciones, que considera m¨¢s propio del ¨¢mbito civil.

Niega que hubiera "un artificio o planificaci¨®n" dirigida a "disfrazar" una situaci¨®n de insolvencia, en respuesta a la Fiscal¨ªa, que sostuvo que la Audiencia Nacional es competente para investigar si la venta masiva de preferentes "obedeci¨® a un plan ideado" por los responsables de las cajas pero no para enjuiciar a los empleados que lo ejecutaron. Y ello porque estos productos han sido incluidos como parte de los activos de las cajas por su valor de emisi¨®n, por lo que "dif¨ªcilmente pueden enmascarar o disfrazar situaci¨®n patrimonial alguna".

Adem¨¢s, aclara que Rato accedi¨® a la presidencia de Caja Madrid el 28 de enero de 2010, cuando las emisiones por parte de Caja Madrid se produjeron entre el 17 de febrero de 2004 y el 7 de julio de 2009, "por lo que dif¨ªcilmente podr¨¢ ser investigado por hechos acaecidos con anterioridad a su incorporaci¨®n a la entidad". Junto a ello, la "intensa" supervisi¨®n e intervenci¨®n del Banco de Espa?a y de la CNMV "hace imposible desarrollar cualquier hip¨®tesis delictiva".

"Las preferentes eran un producto regulado (de configuraci¨®n legal), controlado y supervisado por los reguladores" y la operativa de case interno "era com¨²n a la generalidad de las entidades de cr¨¦dito espa?olas".

En la misma l¨ªnea se expresa en su recurso Blesa, contra el que se querell¨® un empresario que adquiri¨® preferentes el 27 de mayo de 2007 y que se dirigi¨® tambi¨¦n contra otros seis exconsejeros de la entidad, entre ellos Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n o Jos¨¦ Manuel Norniella.

Blesa apela a la "inexistencia del enga?o", dado que el particular, de "perfil bajo" y con "consideraci¨®n de cliente de banca privada", firm¨® el correspondiente test de idoneidad. "No existe un solo hecho concreto del que pueda derivarse, siquiera indiciariamente, su responsabilidad penal", asegura su abogado.

Tambi¨¦n precisa que el ¨²nico motivo por el que ha sido querellado es su condici¨®n de presidente de Caja Madrid cuando el empresario compr¨® preferentes, "las cuales estaban sometidas al control y previa autorizaci¨®n de la CNMV para su emisi¨®n y se ven¨ªan comercializando en Espa?a" desde la d¨¦cada de 1990.

"No resulta ajustado al ¨¢mbito de la imputaci¨®n objetiva derivar responsabilidad directa al ¨®rgano de administraci¨®n de una entidad por el mero hecho de que un tercero haya adquirido un producto financiero de una entidad de cr¨¦dito", concluye.