El Consejo de Estado avala la Unidad de Mercado ante las cr¨ªticas auton¨®micas

El Gobierno aprob¨® el pasado viernes el proyecto de Ley de Garant¨ªa de la Unidad de Mercado por el que se permite a las empresas operar en todo el territorio espa?ol con una licencia ¨²nica. La norma, que ha sido remitida al Congreso para su tramitaci¨®n, pretende poner orden en la mara?a de normas estatales, auton¨®micas y locales que obstaculizan la libre circulaci¨®n de bienes y personas. De esta forma, se espera evitar que un empresario se tenga que adaptar a 17 normas regionales para vender un mismo producto en cada una de las autonom¨ªas, como ocurre, por ejemplo, con fabricantes de ascensores, embotelladoras, transportes por autob¨²s, m¨¢quinas recreativas, y as¨ª hay cientos de casos en 28 sectores de actividad.

Pero el texto se ha topado con la oposici¨®n de Catalu?a, Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y Canarias que consideran que la norma invade sus competencias auton¨®micas y puede suponer una carrera hacia la desregulaci¨®n y desprotecci¨®n de los consumidores. La Generalitat asegur¨® el viernes que recurrir¨¢ con todos los instrumentos a su alcance para evitar que la norma entre en vigor. Una amenaza similar se ha lanzado desde el Gobierno canario y desde Euskadi.

El Ejecutivo se muestra tranquilo ante las advertencias de las comunidades porque considera que la norma no invade competencias auton¨®micas y se ajusta a la Constituci¨®n.

Un dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado, al que ha tenido acceso EL PA?S, avala la legalidad de la norma. ¡°El Consejo de Estado valora positivamente la regulaci¨®n contenida en el anteproyecto que puede servir para restablecer eficazmente el equilibrio entre la diversidad de normas territoriales y la unidad de mercado, cuya garant¨ªa se encomienda al Estado¡±.

El ¨®rgano aconseja precisar el papel de la futura Comisi¨®n de Competencia

El organismo consultivo responde en su informe a las objeciones presentadas por Catalu?a y Andaluc¨ªa a la norma que impulsa el Ejecutivo. Y, aunque no se refiere a ellas, porque, seg¨²n fuentes del Gobierno, no presentaron alegaciones al proyecto de ley, tambi¨¦n despeja algunas de las dudas presentadas por el Gobierno canario y el del Pa¨ªs Vasco: ¡°El anteproyecto no afecta a competencias auton¨®micas ni locales ni altera el reparto en materias de sanidad o defensa de los consumidores y usuarios, sino que se promueve la eficiencia reguladora removiendo obst¨¢culos a las libertades de establecimiento y de circulaci¨®n de bienes en todo el territorio nacional¡±.

El documento elaborado por el ¨®rgano consultivo analiza las objeciones planteadas por Catalu?a y Andaluc¨ªa.

El Gobierno catal¨¢n de Artur Mas entiende que la unidad de mercado no puede ¡°impedir el ejercicio de las potestades normativas de cada comunidad sobre los sectores econ¨®micos en los que ha asumido competencias¡±. Adem¨¢s, asegura en sus alegaciones que considera que la norma ¡°fomenta la competencia sobre la desregulaci¨®n o flexibilizaci¨®n de las condiciones normativas para el ejercicio de actividades¡±. Y a?ade: ¡°Esta promoci¨®n a la rebaja de los est¨¢ndares normativos en materias como la seguridad, la salud, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, etc¨¦tera, puede f¨¢cilmente llegar a situar las actividades econ¨®micas en el umbral del incumplimiento de los propios est¨¢ndares europeos¡±. Catalu?a tambi¨¦n tiene sus dudas sobre la constitucionalidad del texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. ¡°Las reticencias de Catalu?a son casi una enmienda a la totalidad¡±, admiten fuentes de Econom¨ªa.

Sin embargo, el Consejo de Estado manifiesta en su dictamen que ¡°discrepa de los reparos de inconstitucionalidad de falta de encaje de la regulaci¨®n proyectada con la jurisprudencia constitucional¡±. Y alude al art¨ªculo 139 de la Constituci¨®n que establece: ¡°Ninguna autoridad podr¨¢ adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulaci¨®n y establecimiento de las personas y la libre circulaci¨®n de bienes en todo el territorio espa?ol¡±.

Andaluc¨ªa, por su parte, sostiene en sus alegaciones que la norma ¡°vulnera competencias exclusivas de las comunidades, as¨ª como de las entidades locales, especialmente en materia de protecci¨®n de los consumidores y usuarios¡±. El ¨®rgano consultivo del Gobierno rechaza este argumento y asegura en su dictamen que ¡°los consumidores ganar¨¢n en la confianza de que los requisitos exigidos en una parte del territorio espa?ol se ver¨¢n arm¨®nicamente reconocidos en todos ellos¡±.

El Consejo de Estado destaca en su informe que ¡°a pesar de los relevantes impulsos legislativos, la complejidad del marco regulatorio espa?ol subsiste en buena parte en cuanto a los requisitos de acceso a la actividad econ¨®mica¡±. El Gobierno ha detectado ya hasta 6.000 normas que vulneran en alguno de sus puntos la unidad de mercado.

El dictamen del Consejo de Estado concluye con varias recomendaciones de car¨¢cter t¨¦cnico pero tambi¨¦n aconseja definir mejor el papel que adoptar¨¢ la Comisi¨®n Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que ser¨¢ el encargado de interponer los recursos cuando se produzcan reclamaciones. Tambi¨¦n recomienda modificar el art¨ªculo que regula las autorizaciones que pueden exigir las comunidades.