Otro diagn¨®stico del problema el¨¦ctrico

El sector de la energ¨ªa, y especialmente el el¨¦ctrico, adolece en casi todo el mundo de insuficiente competencia por su car¨¢cter oligopol¨ªstico: los precios no los determina solo el mercado, sino que tambi¨¦n dependen del poder econ¨®mico y de la influencia que un n¨²mero reducido de empresas pueda ejercer sobre la Administraci¨®n p¨²blica que determina sus remuneraciones.

Este proceso se manifiesta de forma acentuada en Espa?a con el comportamiento durante la crisis del precio de la electricidad, que se ha elevado desde 2006, seg¨²n Eurostat, un 60% para los consumidores industriales y un 88% para los dom¨¦sticos, en contraste con otros sectores como la alimentaci¨®n o las telecomunicaciones en los que la mayor competencia les ha forzado a reducirlos. Se ha llegado as¨ª en 2012 a una situaci¨®n en la que el precio de la electricidad supera en Espa?a a la media de la UE-27 en un 32% para el consumo dom¨¦stico y en un 21% para el industrial.

No es por ello extra?o que las empresas energ¨¦ticas espa?olas hayan estado y est¨¦n en el punto de mira de inversores nacionales o extranjeros, atra¨ªdos por esa relativa facilidad para obtener beneficios en Espa?a. De las cinco el¨¦ctricas de la patronal UNESA, tres han pasado a ser propiedad de empresas extranjeras. Otro tanto ha sucedido con dos de las tres grandes petroleras espa?olas.

Los consumidores espa?oles han incurrido adem¨¢s, sin ser conscientes de ello, en una deuda o ¡°d¨¦ficit tarifario¡± de 27.000 millones de euros con las el¨¦ctricas, convertida en un serio problema financiero que gravita sobre el riesgo pa¨ªs. Las consecuencias de estos hechos son letales, tanto para las familias, que ven reducida su renta disponible, como para la competitividad de la industria espa?ola.

Esta grave situaci¨®n requiere un esfuerzo institucional para analizar los mecanismos que permiten a las empresas el¨¦ctricas disfrutar de una mejor vida econ¨®mica a costa de empeorar la de los ciudadanos y empresas de este pa¨ªs. Para ello, hay que recuperar la memoria que afortunadamente custodia las causas del d¨¦ficit tarifario, consecuencia de algunas de las reglas que rigen el sistema el¨¦ctrico espa?ol.

El Gobierno ha preferido hacer pagar el desbalance a los consumidores y a las renovables

El relato dominante, difundido por las cinco el¨¦ctricas, debe ser depurado de numerosos inductores sem¨¢nticos y de la ingenier¨ªa contable regulatoria, que distorsionan un diagn¨®stico acertado. Muchas personas con conocimientos y experiencia del sector pensamos que en realidad no existe un d¨¦ficit tarifario el¨¦ctrico, sino un ¡°super¨¢vit de retribuciones reconocidas¡±. El desbalance final es el mismo, pero la consecuencia es que no hay que aumentar las tarifas, sino reducir los ingresos a las centrales hidroel¨¦ctricas y nucleares, que superan los que la regulaci¨®n les reconoci¨® cuando realizaron sus inversiones.

Adem¨¢s, hay un orden arbitrario en el reparto de los ingresos por venta de electricidad. Primero se retribuye a las centrales convencionales la energ¨ªa producida y sus costes regulados, mientras que las renovables se liquidan luego (absurda, pero interesadamente) junto con el transporte y la distribuci¨®n. Por eso una recaudaci¨®n insuficiente genera un d¨¦ficit que, contablemente, aparece asociado a las renovables, aunque haya sido producido por la sobrerretribuci¨®n a hidroel¨¦ctricas y nucleares.

Tampoco es cierto que el precio de la electricidad se establezca libremente en el mercado spot y que el Gobierno solo act¨²e en los costes regulados de los peajes. En realidad, todas las actividades est¨¢n reguladas, empezando por la energ¨ªa que no se paga al precio del mercado spot, sino al precio ¡ªun 15% m¨¢s elevado¡ª de unas subastas reguladas que fijan las tarifas de ¨²ltimo recurso que pagan 22 millones de hogares y que, indirectamente, determinan el precio al resto de los consumidores.

Las energ¨ªas renovables tampoco son las ¨²nicas que perciben pagos regulados (aunque solo en ellas reciben el peyorativo nombre de primas). De hecho, los han percibido todas las dem¨¢s centrales bajo diferentes denominaciones: ¡°incentivos a la inversi¨®n¡±, ¡°pagos por disponibilidad¡±, ¡°costes extrapeninsulares¡± y las compensaciones por ¡°costes de transici¨®n a la competencia (CTC)¡±. El importe de todo lo percibido por las denominadas actividades liberalizadas supera ampliamente al de las renovables.

El relato que difunden las el¨¦ctricas induce diagn¨®sticos y planteamientos equivocados no solo a los reguladores, sino a las empresas consumidoras de electricidad. As¨ª, el presidente de la CEOE ha intervenido en el debate se?alando que ¡°la energ¨ªa nuclear es buena, bonita y barata¡± (para alegr¨ªa de las cinco el¨¦ctricas que pertenecen a esa organizaci¨®n). No se ha enterado de que el menor coste nuclear y de las hidroel¨¦ctricas (todav¨ªa m¨¢s buenas, bonitas y baratas) no se traspasa a los precios que pagan por la electricidad las restantes 1.999.995 empresas de la CEOE, muy superiores a los de sus competidores europeos.

Esos dos millones de empresas tendr¨ªan que preguntarse por qu¨¦ tienen que pagar al coste m¨¢s elevado de las centrales de gas la ¡°energ¨ªa barata¡± producida en las centrales hidroel¨¦ctricas y nucleares, cuando sus propietarios han recuperado ampliamente su inversi¨®n a trav¨¦s de diversas retribuciones pagadas por dichas empresas.

El resto de los ciudadanos, indignados tambi¨¦n por pagar las tarifas dom¨¦sticas m¨¢s altas de Europa, deber¨ªan saber que tambi¨¦n se debe a la sobrerretribuci¨®n hidroel¨¦ctrica y nuclear. Volver a pagar los precios originarios que las el¨¦ctricas consideraron suficientes para acometer sus inversiones restituir¨ªa, en la terminolog¨ªa del Gobierno, una ¡°rentabilidad razonable¡± para hidroel¨¦ctricas y nucleares que nadie podr¨ªa objetar.

El mercado spot puede ser un mecanismo eficiente para determinar la producci¨®n de las distintas centrales. Pero ello no implica que todas ellas deban remunerarse al precio de un mercado que es ajeno a las normas existentes cuando se construyeron y a sus costes remanentes.

El mecanismo de remuneraci¨®n actual debe modificarse para eliminar efectos parad¨®jicos y perversos. Algunos ejemplos: si todas las centrales en Espa?a fueran de gas (las de mayor coste variable), el precio de mercado seguir¨ªa siendo el mismo, a pesar de que los costes ser¨ªan muy superiores a los del mix actual, que incluye centrales hidr¨¢ulicas y nucleares, de costes muy inferiores. Por la misma raz¨®n, si se cerraran las centrales nucleares o si, por el contrario, se prolongara su vida otros 20 a?os, el precio de mercado apenas variar¨ªa, aunque en ambos escenarios el coste del suministro ser¨ªa bien distinto.

Basta con hacer prevalecer el inter¨¦s general sobre los intereses ¡ªpor poderosos que estos parezcan¡ª de unas pocas empresas

Siempre que se han cambiado las remuneraciones, todos los Gobiernos han sido muy escrupulosos para que las empresas recuperaran las inversiones realizadas. Sucedi¨® con la parada nuclear hace 30 a?os y en 1997 con las centrales existentes al entrar en vigor la Ley del Sistema El¨¦ctrico. En ambos casos, los perceptores eran las el¨¦ctricas de UNESA. En cambio, este principio se ha conculcado con los recortes a las renovables. Sus inversores, especialmente los solares ¡ªque no pertenecen a UNESA¡ª se sienten estafados por el BOE, porque ha incumplido, incluso retroactivamente, normas anteriores publicadas en el mismo BOE que establec¨ªan la remuneraci¨®n que les indujo a invertir.

Este tratamiento tan asim¨¦trico se acent¨²a en el caso de los CTC. Las cinco el¨¦ctricas deber¨ªan haber dejado de percibirlos en 2005 al alcanzarse el importe m¨¢ximo contemplado en la ley (¡°Si el coste resultara superior a 36 euros/MWh, este exceso se deducir¨¢ del importe pendiente de compensaci¨®n¡±). Como dichas deducciones no se han seguido verificando (contra las recomendaciones del Libro Blanco encargado a un grupo de expertos en 2005), las el¨¦ctricas han ingresado adicionalmente de forma inesperada un importe considerable que computa en el d¨¦ficit. Sin embargo, cuando surgi¨® la posibilidad de proceder a una m¨¢s que razonable quita del d¨¦ficit, las el¨¦ctricas se adelantaron, logrando titulizarlo con el aval del Estado e impidiendo la quita.

En las medidas aprobadas el pasado julio, el Gobierno ha preferido, de nuevo, hacer pagar el desbalance a los consumidores, a los contribuyentes y a las renovables (que han visto reducidos sus ingresos, mientras se manten¨ªa la sobrerremuneraci¨®n hidroel¨¦ctrica y nuclear) sin contemplar siquiera la revisi¨®n final de los CTC prevista en el Protocolo de 1997.

Un sector tan regulado y con un d¨¦ficit tan cuestionable no puede continuar con la opacidad existente en sus costes reconocidos y en la distribuci¨®n de ingresos entre los agentes del sector. Es inexcusable implantar una transparencia que, partiendo de una auditor¨ªa del conjunto del sistema regulatorio, vaya m¨¢s all¨¢ de las cuentas de las empresas, para restaurar la confianza perdida y servir de base a la reforma regulatoria que sigue pendiente... porque lo hecho no es reforma alguna, sino m¨¢s de lo mismo. Adem¨¢s, si existiera alg¨²n riesgo de que, como advirti¨® en Nueva York el presidente de Iberdrola el pasado mayo, las el¨¦ctricas pudieran terminar como las cajas, ser¨ªa preferible que se conociera con la mayor antelaci¨®n posible.

El Gobierno puede autocomplacerse explicando su no-reforma energ¨¦tica y atreverse a adoptar unas ¡ªpero no otras¡ª medidas. Lo que no puede es evitar sus consecuencias negativas sobre la pol¨ªtica energ¨¦tica que requiere el pa¨ªs en este momento: conseguir un abastecimiento energ¨¦tico a un menor precio que reduzca la dependencia exterior, minimice el impacto ambiental y promueva un desarrollo industrial que cree empleo de calidad.

Todo ello puede conseguirse dejando de reconocer sobrerremuneraciones inadecuadas y apoyando de forma inteligente el desarrollo industrial de las renovables, uno de los pocos sectores internacionalmente competitivos en los que Espa?a tiene ventaja comparativa y que va a suponer, seg¨²n Bloomberg, el 70% de las inversiones en nuevas centrales en todo el mundo hasta 2030. Basta con hacer prevalecer el inter¨¦s general sobre los intereses ¡ªpor poderosos que estos parezcan¡ª de unas pocas empresas.

Este art¨ªculo lo firman tambi¨¦n Alberto Carbajo Josa, Francisco Maci¨¢ Tom¨¢s y Gerardo Novales Montaner. Todos los firmantes han ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energ¨ªa, la Comisi¨®n de la Energ¨ªa y el Operador del Sistema El¨¦ctrico.