El enjambre normativo de la VPP

Para la oposici¨®n no existe la menor duda de que "no se ha cumplido el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y deber¨ªan crearse las condiciones favorables para el progreso social y econ¨®mico de todos, y no solo de algunos", le espetaba hace unos d¨ªas, en un pleno de la Asamblea de Madrid, la diputada de IU Isabel Moreno al consejero Cavero, recordando un reciente informe de la Defensora del Pueblo.

En la misma sesi¨®n plenaria, Moreno preguntaba al propio Cavero por los objetivos del Gobierno regional con la enajenaci¨®n de viviendas p¨²blicas, a lo que, de manera concisa, el consejero respond¨ªa que se vend¨ªan "viviendas a inquilinos y a inversores para continuar con las pol¨ªticas sociales".

Un tono similar al empleado por el consejero de Vivienda al responder al diputado del PSOE Antonio Fern¨¢ndez Gordillo, cuando este se refer¨ªa a la reciente venta de 2.935 viviendas del Plan Joven del Ivima por 201 millones de euros. En este caso, Cavero alud¨ªa a que "la enajenaci¨®n se enmarcaba dentro de un proceso de rotaci¨®n natural de activos y de obtenci¨®n de recursos para la Comunidad de Madrid".

Una rotaci¨®n con cuyo sentido no parece estar muy de acuerdo el diputado socialista. "La verdad es que, muchas veces, cuando se dice crisis se quiere decir fraude, y cuando se dice rotaci¨®n natural de activos se quiere decir especulaci¨®n, que es como lo entendemos los mortales", remachaba Fern¨¢ndez Gordillo.

Pero m¨¢s all¨¢ de disquisiciones pol¨ªticas, de lo que no hay duda es de que desde hace a?os los planes de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid han ido m¨¢s en la l¨ªnea de articular productos rentables, en l¨ªnea con los intereses de los promotores privados, que en la de atender a las necesidades habitacionales de los m¨¢s necesitados.

No hay m¨¢s que ver la numerosa normativa acumulada en los ¨²ltimos ocho a?os en esta materia para comprobar c¨®mo se ha ido, poco a poco, haciendo dejaci¨®n del derecho constitucional recogido en el art¨ªculo 47 de la Carta Magna. "En el parque actual de vivienda de alquiler solamente hay un 0,5 % de viviendas en este momento que responden a esa categor¨ªa de vivienda p¨²blica protegida. Esto dista a?os luz de lo que tienen en los pa¨ªses de nuestro entorno", comentaba la diputada auton¨®mica Isabel Moreno.

Basta con ver los motivos con los que la Comunidad de Madrid argumenta la nueva modificaci¨®n acometida el pasado mes de julio del Reglamento de Viviendas con Protecci¨®n P¨²blica para ver c¨®mo el sentido de la misma busca acomodar la situaci¨®n de crisis a los intereses de los promotores privados.

"La coyuntura econ¨®mica general y la del sector inmobiliario en particular han afectado al grado de ocupaci¨®n de las promociones, tanto privadas como p¨²blicas, de viviendas de arrendamiento con opci¨®n de compra para j¨®venes. Es obligaci¨®n de las Administraciones competentes contribuir a facilitar la salida de las viviendas terminadas y no ocupadas protegiendo y facilitando el derecho de todos los espa?oles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", argumenta la Comunidad.

Son, por tanto, razones privadas ¡ªderivadas de un cada vez m¨¢s abundante n¨²mero de viviendas en alquiler con opci¨®n a compra que se quedan vac¨ªas porque los adjudicatarios no las pueden pagar¡ª las que llevan a ampliar a los mayores de 35 a?os la posibilidad de hacerse con una de estas viviendas, y, adem¨¢s, lo hagan de manera inmediata, al poder ejercer la compra sin previamente haber residido siete a?os en alquiler.

Ha sido la ¨²ltima vuelta de tuerca en materia de vivienda protegida desde que en 2005 entrara en vigor un plan de vivienda que introduc¨ªa tanto el alquiler con opci¨®n a compra como las viviendas protegidas de precio limitado. Dos tipolog¨ªas con las que el entonces Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre incentiv¨® la entrada de la iniciativa privada en la promoci¨®n de vivienda p¨²blica, dejada de lado porque los beneficios obtenidos eran escasos.

Tanto una como otra pusieron los dientes largos a m¨¢s de uno. Echaron cuentas y vieron que el beneficio neto por estas viviendas estar¨ªa entre 60.000 y 80.000 euros, debido a unos incentivos sin igual. No requer¨ªa una inversi¨®n inicial de envergadura gracias a los pr¨¦stamos cualificados para su construcci¨®n, cuya amortizaci¨®n quedaba garantizada por el pago de las rentas por parte de los adjudicatarios durante los primeros siete a?os.

Pero lleg¨® la crisis, las rentas dejaron de pagarse, los adjudicatarios se fueron, las casas se quedaron vac¨ªas y, lo peor, se corre el riesgo de que la opci¨®n de compra no se pueda ejercer. Y algo hab¨ªa que hacer.

Y ya se ha hecho. A las 2.935 viviendas vendidas por el Ivima a Azora, con el apoyo financiero de Goldman Sachs, le va a seguir la adjudicaci¨®n de otras 1.458 viviendas, 1.588 plazas de garaje, 443 trasteros y 45 locales comerciales, activos licitados en 67 millones de euros y por lo que se espera conseguir entre 90 y 100 millones.