Empleo plantea limitar el papel de sindicatos y patronales en la formaci¨®n
El Gobierno pretende que los agentes sociales dejen de ser ¡°juez y parte¡± en el nuevo sistema que quiere pactar con ellos antes de acabar febrero
El Gobierno quiere darle un vuelco a la formaci¨®n de los trabajadores. Quiere que los sindicatos y las patronales dejen de ser ¡°juez y parte¡±, y en las negociaciones que acaban de comenzar les ha planteado limitar su papel en el nuevo sistema de formaci¨®n. La estructura actual se asienta sobre un pacto, el cuarto, prorrogado desde 2010. El Ministerio de Empleo quiere sacar adelante uno nuevo antes de febrero, seg¨²n un documento titulado Avanzando hacia un nuevo modelo de formaci¨®n.
¡°Se considera indispensable eliminar el doble papel de los agentes sociales como participantes en la planificaci¨®n, programaci¨®n y dise?o del subsistema y, en paralelo, como ejecutores de la formaci¨®n y perceptores de los fondos¡±, desarrolla el informe fechado el 25 de noviembre al que ha tenido acceso este diario. Al menos los sindicatos ya han presentado sus alegaciones. Hasta el momento, las tres partes solo han mantenido una reuni¨®n. La segunda se iba a celebrar el pasado viernes, pero fue suspendida a ¨²ltima hora.
El documento de Empleo tambi¨¦n plantea ¡°definir claramente el marco competencial a la vista de las sentencias del Tribunal Constitucional, donde se refuerza el liderazgo que debe ejercer la Administraci¨®n General del Estado¡±. En el ¨²ltimo a?o, el alto tribunal ha emitido, al menos, seis sentencias sobre este asunto, varias de ellas por conflictos de competencias entre la Administraci¨®n central y las comunidades.
La actual estructura de formaci¨®n se asienta sobre un complejo sistema en el que participan el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Empleo, la Fundaci¨®n Tripartita (integrada por el mismo SEPE, los sindicatos estatales UGT y CC OO y el gallego CIG, y las patronales CEOE y Cepyme) y las comunidades aut¨®nomas. Su presupuesto total asciende a 2.125 millones, procedentes en su mayor parte de la cuota de formaci¨®n que se paga en el conjunto de cotizaciones a la Seguridad Social (1.860 millones). De este dinero, poco m¨¢s de 1.100 se destinan a cursos y ayudas a parados y 953 a formaci¨®n de ocupados. De todos estos recursos, 787,3 millones ¡ªtodos en la parte destinada a los empleados¡ª los gestiona la Fundaci¨®n Tripartita y, de ellos, 181 millones se destinan a los cursos subvencionados.
En sentido estricto, el papel de ¡°juez y parte¡± de sindicatos y patronales del que habla Empleo se da en esta ¨²ltima parte, la estatal. Los agentes sociales participan en el dise?o de los programas formativos a trav¨¦s de la citada fundaci¨®n. Colaboran en la adjudicaci¨®n de los mismos, al asesorar al SEPE en este paso a trav¨¦s de la misma fundaci¨®n. Y, finalmente, reciben financiaci¨®n para impartir los mismos cursos que han propuesto. No obstante, esto no excluye que en las autonom¨ªas los agentes sociales tambi¨¦n jueguen un papel y reciban fondos.
Los sindicatos est¨¢n dispuestos a dejar la ejecuci¨®n directa de cursos
La intenci¨®n del Gobierno de cambiar el sistema no es nueva. Explican en Empleo que, pese a las ¨²ltimas pol¨¦micas ¡ªlas facturas falsas de UGT en Andaluc¨ªa en formaci¨®n de parados y el del supuesto fraude de los cursos del empresario Jos¨¦ Luis Aneri han puesto en la picota a este sistema¡ª, no se trata de derribarlo todo. Su intenci¨®n es m¨¢s bien ¡°abrirlo a la concurrencia¡±, es decir, que la impartici¨®n de la formaci¨®n se adjudique en concursos en los que puedan participar centros de formaci¨®n p¨²blicos, privados y de agentes sociales. El Gobierno ya dio algunos pasos en este sentido en la reforma laboral de 2012, pero hasta ahora se ha aplicado a programas que suman unos 40 millones. Si finalmente estos planes se llevan a cabo, es previsible que, al repartirse los fondos de los cursos subvencionados entre m¨¢s participantes, se reduzca la cuant¨ªa que reciben los agentes sociales.
Los sindicatos, acuciados ¡ªcomo la patronal¡ª por la constante acusaci¨®n de que usan la formaci¨®n para financiarse, se han mostrado dispuestos a dejar la impartici¨®n directa de cursos. Explican en UGT y CC OO que quieren que los centros p¨²blicos, como los de Formaci¨®n Profesional ganen protagonismo. No obstante, advierten de que su intenci¨®n es acudir a los concursos que se abran a trav¨¦s de las fundaciones formativas creadas hace a?os (IFES, en el caso de UGT, o FOREM, en el de CC OO). La patronal, en cambio, no se opone a que haya concurrencia en la formaci¨®n, pero rechaza retirarse de los concursos directamente.
Un sistema bajo constante sospecha
¡°Ignorar que ha habido fraude, es in¨²til¡±. Esta frase la pronunciaba un alto cargo de la patronal sobre el sistema de formaci¨®n hace un par de semanas. Aunque a continuaci¨®n matizaba: ¡°No es generalizado, para nada. Es un buen sistema y es necesario. Adem¨¢s, es el sistema m¨¢s analizado buscado e inspeccionado¡±. Pero esto no evita que cada cierto tiempo surjan casos como sucedi¨® la semana pasada con el empresario Jos¨¦ Luis Aneri, que supuestamente ha cometido fraude en la organizaci¨®n de cursos o el de las facturas falsas de UGT en Andaluc¨ªa, en este caso en cursos de parados.
Cada vez que surge un nuevo episodio de esta clase, cunde la sospecha y revive el rumor de que los agentes sociales se financian con estos cursos. Sindicatos y empresarios lo niegan. Y se defienden afirmando que el sistema est¨¢ fiscalizado y controlado por la Inspecci¨®n de Trabajo y el Tribunal de Cuentas. Otro argumento habitual es que ellos no gestionan los m¨¢s de 2.000 millones que consume la formaci¨®n, que, en el ¨¢mbito estatal, la cifra de subvenciones para ofertar cursos para ocupados es de unos 200 millones. De ellos, en 2013, los planes de formaci¨®n de la CEOE y la Cepyme han recibido 51 millones; los de UGT, 24,7; y los de CC OO, 23,6. Tambi¨¦n reciben dinero organizaciones de aut¨®nomos y los sindicatos minoritarios (13 millones).
Pero esta es la parte m¨¢s peque?a de la formaci¨®n. En los ¨²ltimos a?os se ha desarrollado lo que en el argot del sector se conoce como ¡°formaci¨®n de demanda¡±, que este a?o se prev¨¦ que consuma 575 millones. Esta es una modalidad que se cre¨® en 2003 que consiste en que las propias empresas organizan o participan en los cursos que creen conveniente y pueden deducirse parte de su cuota a la Seguridad Social para formaci¨®n (0,7% sobre la base de cotizaci¨®n). El porcentaje a bonificarse var¨ªa en funci¨®n del tama?o de la empresa: desde 50% en el caso de las empresas con m¨¢s de 250 trabajadores hasta una ayuda de 420 euros para las que tienen menos de cinco empleados.
Precisamente, este ¨²ltimo tramo de ayudas ha tratado de ser eliminado por el PP en las enmiendas a los presupuestos con el argumento de que hay ¡°ineficiencias¡± y que ha impulsado la creaci¨®n de cerca de 7.000 entidades que imparten formaci¨®n. Al final, el PP ha rectificado. Pero eso no impide que el SEPE denuncie en ocasiones ¡°malas pr¨¢cticas¡±.
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