Dificultades para reducir la potencia el¨¦ctrica contratada

Seguramente nadie se da cuenta ni valora adecuadamente la dependencia que en nuestra rutina diaria tiene la energ¨ªa el¨¦ctrica. Podemos afirmar, sin margen a equivocarnos, que ¨¦sta se ha convertido en un bien o servicio de primera necesidad por lo que deber¨ªa estar especialmente protegida por los diferentes poderes p¨²blicos, eliminando para ello las barreras administrativas y costes fijos que gravan su acceso, as¨ª como cualquier variaci¨®n o modificaci¨®n que el consumidor efect¨²e sobre lo ya contratado.

Durante esta semana hemos tenido la oportunidad de conocer que el precio de la electricidad, marcado en un sistema de subastas, ser¨¢ fijado a partir de abril tomando como ¨²nica referencia el precio medio diario del "pool" o mercado mayorista. La factura ser¨¢ cada dos meses. No as¨ª para los hogares con contadores inteligentes, cuya lectura se realizar¨¢ cada hora.

Desde agosto de 2013, el precio que el consumidor paga por contratar un suministro ha pasado de 27,84 euros/a?o a 45,34 euros/a?o (impuestos incluidos). Una vivienda tipo puede tener una contrataci¨®n que oscile entre los 3,3 Kwh. y los 7,7 Kwh., es decir, que tiene un coste fijo de 149,62 a 349,11 euros/a?o. Igual c¨¢lculo puede ofrecerse para los suministros de los edificios residenciales. Y con todo, el consumidor no puede contratar la potencia que precise y debe adaptarse a los tramos normalizados por ley, que van en escalas de 1,1 Kwh.

En la actualidad se cuentan por miles los usuarios individuales y colectivos, como por ejemplo las comunidades de propietarios y familias que residen en las mismas, que analizan la demanda de consumo el¨¦ctrico de sus puntos de suministro, para as¨ª conseguir ajustar la potencia contratada e intentar paliar, en la medida de lo posible, el brutal incremento en el precio por kilovatio hora contratado. Sin embargo, tambi¨¦n son contadas las trabas administrativas y econ¨®micas que se est¨¢n encontrando a su paso, en muchos casos insalvables.

Si bien es cierto que inicialmente las solicitudes de reducci¨®n de la potencia contratada son aceptadas por las empresas el¨¦ctricas, ¨¦stas requieren con posterioridad la presentaci¨®n del Certificado de Instalaci¨®n El¨¦ctrica (CIE), conocido como el Bolet¨ªn de Instalaci¨®n, para as¨ª ajustar la potencia a lo que se indique en el ?mismo.

Los administradores de fincas colegiados sabemos que la petici¨®n de este documento obedece a razones de seguridad, sobre todo en casos de aumento de potencia, pero carece de sentido cuando hablamos de reducci¨®n ya que, como es obvio, las instalaciones est¨¢n preparadas para aguantar ese menor nivel de potencia.

M¨¢s rocambolesca, no obstante, es la situaci¨®n que se est¨¢ dando en la Comunidad de Madrid, donde una vez han sido inspeccionadas las instalaciones el¨¦ctricas de Baja Tensi¨®n de los edificios con m¨¢s de 25 suministros por Organismos de Control Autorizados (OCAs), y emitido el correspondiente Acta de Inspecci¨®n Favorable, este documento no es aceptado por las empresas de distribuci¨®n el¨¦ctrica para la reducci¨®n de la potencia solicitada.

Hasta que esta situaci¨®n de absoluta desprotecci¨®n no cambie, los consumidores finales que deseen reducir la potencia contratada deber¨¢n aportar a la empresa distribuidora el¨¦ctrica el Certificado de Instalaci¨®n El¨¦ctrica, cuyo coste puede llegar a los 200 euros dependiendo de la zona.

Entendemos que esta situaci¨®n no puede perdurar m¨¢s en el tiempo y abogamos por la posibilidad de reducir la potencia contratada sin tener que solicitar el correspondiente CIE, as¨ª como la existencia de tramos de contrataci¨®n a los que el consumidor final, individual o colectivo, pueda adaptar su necesidad real, hasta ahora siempre en su detrimento y en beneficio claro de la distribuidora y comercializadora el¨¦ctrica.

Sin la adopci¨®n de al menos estas dos medidas, seguiremos en un mercado cautivo, falto de competencia y bajo el control de las distribuidoras que se reparten el negocio el¨¦ctrico espa?ol y todo a cambio de que el ciudadano tenga que pagar un precio o coste fijo para acceder a un bien o servicio que hoy es primordial, necesario y por qu¨¦ no, merecedor de una protecci¨®n especial como otra serie de derechos que ya los tenemos catalogados como fundamentales.

?ngel Ignacio Mateo Mart¨ªnez es secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid