Catalu?a multa al portal Airbnb por comercializar pisos tur¨ªsticos ilegales
La Generalitat considera pedir que se impida el acceso al portal si no los retira
El Gobierno de Catalu?a ha decidido plantar cara al portal de Internet Airbnb al imponerle una multa de 30.000 euros por comercializar apartamentos tur¨ªsticos ilegales. La sanci¨®n obedece a que la Generalitat ha constatado que la empresa norteamericana intermedia entre turistas y propietarios de viviendas que no han sido debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Catalu?a, seg¨²n explican fuentes del Ejecutivo catal¨¢n. Adem¨¢s, el portal ofrece habitaciones en domicilios particulares, lo cual est¨¢ prohibido por la normativa catalana. En caso de que Airbnb no retire del portal las viviendas no habilitadas para ser alquiladas a turistas, la Generalitat se plantea iniciar un procedimiento para impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Catalu?a.
Nacido en 2008 en San Francisco, Airbnb se ha convertido en el portal m¨¢s popular para hallar alojamiento vacacional. La firma ofrece habitaciones, viviendas, castillos ¡ªe incluso furgonetas y cuevas¡ª en m¨¢s de 34.000 ciudades de 190 pa¨ªses. La compa?¨ªa, que ya ha alojado a m¨¢s de 15 millones de personas, ha estado en el punto de mira de las autoridades de Nueva York (EE UU), Quebec (Canad¨¢) o ?msterdam (Holanda). Sin embargo, Catalu?a ha sido la primera Administraci¨®n de la Uni¨®n Europea en sancionar al portal de Internet. Este diario no pudo contactar con la empresa.
La infracci¨®n ha sido considerada ¡°grave¡± por los responsables de Turismo, por lo que ha impuesto la multa m¨¢xima, de 30.000 euros, a Airbnb Online Services Spain. A esa calificaci¨®n ha influido la concurrencia de varias circunstancias agravantes, seg¨²n han detallado las fuentes consultadas. En concreto, el Departamento de Empresa y Empleo, que dirige Felip Puig, ha considerado los perjuicios causados al resto del sector reglado por competencia desleal, el beneficio il¨ªcito obtenido, el volumen econ¨®mico de la empresa y la trascendencia social de la actuaci¨®n infractora para el inter¨¦s tur¨ªstico, puesto que el viajero cree que est¨¢ contratando un servicio legal.
La compa?¨ªa ha estado en el punto de mira de Nueva York y ?msterdam
La ¨²ltima reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) dej¨® al margen de la normativa estatal las viviendas que salgan al mercado a trav¨¦s ¡°canales de oferta tur¨ªstica¡± con una ¡°finalidad lucrativa¡± y estableci¨® que esos alquileres fueran regulados mediante la normativa sectorial, que deb¨ªan elaborar las comunidades. El sector tur¨ªstico interpret¨® entonces que el Gobierno ced¨ªa a las demandas de los hoteleros, que ve¨ªan con preocupaci¨®n la oleada de sitios de Internet que promueven el consumo colaborativo en el ¨¢mbito tur¨ªstico.
Catalu?a fue la primera comunidad que puso coto a los apartamentos tur¨ªsticos tras calcular que ten¨ªa un mill¨®n de camas ilegales. Desde la entrada en vigor de la normativa, la Generalitat ha legalizado cerca de 200.000 camas tur¨ªsticas. El decreto permite las viviendas de uso tur¨ªstico, siempre que sus propietarios hayan comunicado previamente su actividad al Ayuntamiento, se hayan inscrito en el Registro de Turismo de Catalu?a y cumplan unos requisitos m¨ªnimos de prestaciones, higiene y atenci¨®n. En cambio, el art¨ªculo 66.2 del decreto 159/202 proh¨ªbe que se alquilen habitaciones. ¡°Las viviendas de uso tur¨ªstico se ceden enteras, y no se permite su cesi¨®n por estancias¡±, reza. Fuentes de la Administraci¨®n indican que eso tambi¨¦n pes¨® sobre la sanci¨®n a Airbnb, puesto que hay un grueso de su oferta que ni era legal ni podr¨¢ serlo nunca.
La resoluci¨®n de la Generalitat obliga a Airbnb a cesar de forma inmediata en la comercializaci¨®n de inmuebles que est¨¦n ubicados en Catalu?a y que no est¨¦n habilitados. Fuentes del Ejecutivo afirman que la Administraci¨®n est¨¢ decidida a hacer cumplir la ley y que, en caso de que la compa?¨ªa no obedezca, pondr¨¢ en marcha el procedimiento necesario para impedir el acceso al portal desde cualquier IP (la direcci¨®n del ordenador) situada en Catalu?a. Para ello ser¨¢ necesaria la cooperaci¨®n de las operadoras, ya que la Generalitat admite que no tiene competencias en la inspecci¨®n y sanci¨®n en telecomunicaciones.
El Gobierno catal¨¢n detecta m¨¢s de 11.000 plazas irregulares
La multa a Airbnb procede de una inspecci¨®n de oficio que el Departamento de Empresa puso en marcha hace un a?o. Por un lado, se rastrearon 2.000 portales de Internet, de los que 253 recibieron un requerimiento formal de la Generalitat por cometer alg¨²n tipo de irregularidad. Finalmente, el Ejecutivo abri¨® 55 expedientes y cerr¨® ocho con una sanci¨®n, entre ellos el de Airbnb. Por otro lado, los inspectores tambi¨¦n rastrearon el mercado de apartamentos tur¨ªsticos. Por ahora, han sido expedientadas 284 personas que gestionaban 1.780 viviendas, lo que suma m¨¢s de 11.000 plazas ilegales.
Barcelona es uno de los destinos m¨¢s demandadas por los usuarios de Airbnb, cuyos responsables afirmaban en una entrevista a este diario el a?o pasado que hab¨ªan recibido en sus oficinas al alcalde Xavier Trias. Seg¨²n la empresa, sus servicios solucionan la vida a la ciudad cuando hay congresos mundiales como el de m¨®viles o festivales como el S¨®nar. La consultora Dwif Consulting ha elaborado junto a profesores de Iese y Esade un estudio que se?ala que la compa?¨ªa genera 128 millones de euros y 4.210 puestos de trabajo en Barcelona. El informe indica, adem¨¢s, que el 75% de los propietarios que alquilan sus viviendas son ciudadanos con unos ingresos dentro por debajo o iguales a la renta espa?ola.
Coto a la econom¨ªa colaborativa
Algunos sitios y aplicaciones de econom¨ªa colaborativa se han convertido en un quebradero de cabeza para las Administraciones. Antes de Catalu?a, Airbnb ya se enfrent¨® a una larga guerra con la Fiscal¨ªa General del Estado de Nueva York, que acudi¨® al juez para solicitar informaci¨®n que hab¨ªa demandado a Airbnb y que esta se hab¨ªa negado a solicitar. La investigaci¨®n de la fiscal¨ªa hab¨ªa empezado un a?o atr¨¢s, cuando detect¨® que muchos usuarios que ofrec¨ªan sus pisos o habitaciones por Internet no pagaban impuestos por los alquileres. Finalmente, Airbnb accedi¨® a proporcionar datos de actividades y usuarios, pero sin desvelar informaci¨®n confidencial.
La pol¨¦mica se ha extendido con otras aplicaciones. El portal de movilidad Uber mereci¨® huelgas de taxistas y motiv¨® la apertura de un expediente por parte de la Generalitat. La Administraci¨®n auton¨®mica consider¨® que esa p¨¢gina, que pone en contacto a usuarios y ch¨®feres, debe considerarse como una forma de transporte p¨²blico, lo cual hace que est¨¦ sujeta a un "r¨¦gimen de autorizaci¨®n previa". Esa aplicaci¨®n no solo ha causado malestar en Espa?a. Varias ciudades francesas pusieron trabas a la aplicaci¨®n, mientras que Bruselas fue tajante y decidi¨® prohibirla directamente.
Los transportistas tambi¨¦n se quejaron por la aplicaci¨®n BlaBlaCar, que consiste en poner en contacto a ciudadanos para compartir coche. El Ministerio de Fomento tuvo que intervenir en el conflicto para advertir a los usuarios que paguen por estos servicios sin licencia que pueden ser sancionados con multas que van de los 401 a los 600 euros, mientras que las plataformas que presten esos servicios sin autorizaci¨®n pueden ser castigadas con una multa de entre 4.001 y 6.000 euros.
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