Causas de la corrupci¨®n p¨²blica

La corrupci¨®n p¨²blica, que puede definirse como el uso indebido de un cargo o funci¨®n p¨²blicos en aras a la obtenci¨®n de un beneficio privado o personal, es muy elevada en la mayor¨ªa de los pa¨ªses en desarrollo y en bastantes emergentes, bien porque carecen de suficiente nivel de democracia, de normas claras de conducta y transparencia o de un sistema judicial eficiente.

La corrupci¨®n p¨²blica tiende a ser mucho menor en los pa¨ªses desarrollados y, especialmente, en aquellos que poseen tres caracter¨ªsticas: un mayor n¨²mero de a?os de experiencia democr¨¢tica, un mayor nivel de alternancia pol¨ªtica en sus diferentes niveles de Gobierno y un sistema judicial m¨¢s eficiente.

Primero, la democracia espa?ola s¨®lo existe desde hace 35 a?os y medio, tras entrar en vigor la Constituci¨®n el 29 de diciembre de 1978. La anterior constituci¨®n, la de C¨¢diz, de marzo de 1812, s¨®lo dur¨® dos a?os, hasta el regreso a Espa?a de Fernando VII, aunque volvi¨® a aplicarse, brevemente, durante los tres a?os del trienio liberal y otro a?o entre 1836-1837. Es decir, Espa?a lleva muy poco tiempo en democracia comparada con pa¨ªses con democracias de m¨¢s de 200 a?os como Inglaterra (1701), Francia (1789 y 1848), Estados Unidos (1789), Suecia (1810) o Noruega (1814); de m¨¢s de 150 a?os como Portugal (1822), Grecia (1844), Dinamarca (1849); de m¨¢s de 100 como Jap¨®n (1890); 90 como Austria (1920), o 60 como Italia (1948).

Segundo, viviendo ya en democracia, cuando los Gobiernos de un pa¨ªs, sus regiones, sus Estados o sus Ayuntamientos est¨¢n decenas de a?os seguidos en manos del mismo partido pol¨ªtico, las probabilidades de que un corrupto acabe en la c¨¢rcel tienden a ser menores, al crearse una cierta idea de impunidad, lo que incita a algunos a delinquir utilizando el dinero p¨²blico al que tienen acceso, muchas veces en connivencia con alguien del sector privado. En el siglo XX ha habido dos casos extremos de falta de alternancia:

El primero fue M¨¦xico, donde tras la revoluci¨®n mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo 53 a?os seguidos en el poder, entre 1929 y 1982, ganando las elecciones generales con m¨¢s del 70% de los votos, a menudo, con un fraude electoral elevado. La corrupci¨®n durante dicho periodo fue creciente y muy elevada.

En abril de 2013, el CGPJ inform¨® que estaban abiertos?2.173 casos de corrupci¨®n

El segundo fue Jap¨®n, donde el Partido Liberal Democr¨¢tico (LDP), formado por la fusi¨®n de los dos partidos mayoritarios, estuvo en el poder desde 1955 hasta 2009, 54 a?os (salvo 11 meses entre 1993 y 1994) con un gran n¨²mero de casos de corrupci¨®n, a pesar de ser un pa¨ªs muy democr¨¢tico y muy integrado socialmente.

En Espa?a, situada en el ¨ªndice de democracia del Economist Intelligence Unit, en el puesto 25, dos puestos detr¨¢s de Jap¨®n, la corrupci¨®n ha tendido a ser mayor en aquellas Comunidades y Ayuntamientos en las que el mismo partido pol¨ªtico ha estado m¨¢s tiempo en el poder, desde el inicio de la democracia y en las que el sector inmobiliario y la construcci¨®n han dominado.

El r¨¦cord de a?os de permanencia lo tiene Andaluc¨ªa, donde el PSOE ha gobernado 35 a?os seguidos, los cuatro ¨²ltimos en coalici¨®n con IUVCA. Le sigue Catalu?a donde CiU ha estado en el poder desde 1978 hasta 2003 y de nuevo desde 2010 hasta hoy, un total de 29 a?os. Baleares, donde AP y PP han gobernado 26 a?os casi seguidos. Valencia, donde el PP ha gobernado 19 a?os seguidos entre 1995 y 2014. Murcia, donde el mismo presidente del PP ha gobernado 19 a?os seguidos; Galicia donde AP y PP han gobernado 26 a?os de los 35, y Canarias donde CC (Coalici¨®n Canaria), ha gobernado los ¨²ltimos 15 a?os seguidos.

En abril de 2013, el Consejo General del Poder Judicial inform¨® de que 798 juzgados y tribunales investigaban 1.661 delitos de corrupci¨®n, tales como prevaricaci¨®n, cohecho y malversaci¨®n, adem¨¢s de otras causas de especial complejidad, hasta sumar 2.173 casos en total. De ellos, 302 son macroprocesos tanto por su complejidad como por el elevado n¨²mero de imputados. Dicha estad¨ªstica no incluye los procesos que se encuentran en el Tribunal Supremo.

De los 1.661 sumarios, 656 provienen de Andaluc¨ªa con 8,44 millones de habitantes, 280 de la Comunidad Valenciana con 5,1 millones, 215 de Catalu?a con 7,6 millones, 197 de Canarias con 2,1 millones, 181 de Madrid con 6,5 millones y 110 de Galicia con 2,7 millones. Ponderados por su poblaci¨®n, Canarias, Andaluc¨ªa, Valencia, Galicia y Catalu?a son los que tienen un n¨²mero relativo m¨¢s elevado. Finalmente, Baleares es la que tiene un mayor n¨²mero de pol¨ªticos en prisi¨®n.

Ahora bien, conviene resaltar que son estas seis comunidades aut¨®nomas las que han experimentado un mayor auge de la construcci¨®n y del inmobiliario, que han generado muchos casos de corrupci¨®n.

Una de las causas de que la construcci¨®n y el inmobiliario generen mayor nivel de corrupci¨®n en Espa?a es que las decisiones sobre d¨®nde y c¨®mo puede construirse las deciden los propios Ayuntamientos a trav¨¦s de sus ordenanzas urban¨ªsticas, lo que es casi ins¨®lito en el resto de la UE, donde las decisiones son del Gobierno central, como en Francia o de los Estados o regiones como en Alemania o Italia. La larga experiencia vivida en muchos pa¨ªses desarrollados demuestra que, cuanto m¨¢s cerca est¨¢ el nivel de decisi¨®n urban¨ªstica y constructiva del promotor o constructor que propone la ubicaci¨®n y la obra, mayor es la probabilidad de corrupci¨®n.

Asimismo, conviene recordar que muchos de los casos de corrupci¨®n en la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos se hubieran evitado si hubiese habido una ley suficientemente estricta, lo que no ha ocurrido hasta finalmente aprobarse la Ley Org¨¢nica de 22 de octubre de 2012, 34 a?os despu¨¦s de la Constituci¨®n.

El ¨ªndice de transparencia internacional de percepci¨®n de la corrupci¨®n pol¨ªtica y p¨²blica de 2013 muestra que Espa?a ha ca¨ªdo, entre 2000 y 2013, desde el puesto 20 al 40, de un total mundial de 175 pa¨ªses, teniendo 16 pa¨ªses miembros de los 28 de la UE por delante y otros 11 por detr¨¢s: Lituania, Eslovenia, Malta, Hungr¨ªa, Letonia, Croacia, Chequia, Eslovaquia, Italia, Rumania y Grecia, por este orden.

Asimismo, hay otros casos de corrupci¨®n, pendientes desde 2001, y otros nuevos, que afectan a los llamados "interlocutores sociales", es decir, sindicatos y patronales, por no haber utilizado para el fin que estaba previsto, parte de los fondos anuales para la formaci¨®n continua, procedentes del Fondo Social Europeo y del INEM.

El que las pol¨ªticas urban¨ªsticas dependan de los ayuntamientos tambi¨¦n ha incentivado la corrupci¨®n

El Tribunal de Cuentas emiti¨® un informe en 2001, de 820 p¨¢ginas, destapando las irregularidades cometidas por la fundaci¨®n FORCEM (cuyos miembros eran CEOE, CEPYME, CC OO, UGT y CIG) entre los a?os 1997-1999, que envi¨® al Congreso de Diputados. Existen m¨¢s casos detectados con posterioridad que todav¨ªa no han sido elevados a dicho tribunal.

A pesar de que patronales y sindicatos reciben al a?o, cada uno, cerca de 400 millones de euros anuales de dinero p¨²blico, no han tenido sus cuentas auditadas por un auditor externo independiente, lo que es ins¨®lito en la UE. S¨®lo la CEOE, al llegar Joan Rosell, empez¨® a auditar su c¨²pula en 2011 y ahora empiezan a hacerlo algunas de sus sedes. Los dos grandes sindicatos no est¨¢n todav¨ªa auditados por auditores independientes, aunque lo har¨¢n en 2014 obligados por la Ley de Transparencia.

Adem¨¢s, sus organizaciones son de las m¨¢s abultadas de la UE ya que son nacionales, regionales y provinciales, adem¨¢s de sectoriales. La CEOE tiene 38 sedes en Espa?a, adem¨¢s de las 148 sedes sectoriales. Asimismo, hay 31 organizaciones sindicales y s¨®lo entre los dos sindicatos mayoritarios ten¨ªan, en 2013, 866 sedes: UGT 453 y CC OO 413. La crisis est¨¢ imponiendo una importante reducci¨®n de sedes.

La importante Ley de Transparencia del 9 de diciembre de 2013 va a ser un revulsivo fundamental para conocer a fondo toda la actividad p¨²blica en Espa?a. Bienvenida sea.?

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).