La Fiscal¨ªa investiga a Industria por perdonar 3.000 millones a el¨¦ctricas

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha comenzado a tomar declaraci¨®n a responsables de Energ¨ªa entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigaci¨®n para aclarar si perdon¨® a las el¨¦ctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscal¨ªa ha llamado a declarar en una investigaci¨®n secreta a, como m¨ªnimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energ¨ªa, seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n. La clave es conocer por qu¨¦ nunca reclamaron a las el¨¦ctricas que devolvieran lo cobrado de m¨¢s por los Costes de Transici¨®n a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogac¨ªa del Estado de marzo de 2008 as¨ª lo avalaba. Las el¨¦ctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.

El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energ¨¦tico, que agrupa a ecologistas y consumidores, denunci¨® en Anticorrupci¨®n la puerta giratoria de los pol¨ªticos y el sector el¨¦ctrico. Un mes despu¨¦s ampli¨® la denuncia a un supuesto delito de malversaci¨®n por haber permitido que las el¨¦ctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de m¨¢s en los CTC.

Aunque la denuncia parec¨ªa dormir en un caj¨®n, hace unos dos meses comenzaron a llegar citaciones a responsables de la ¨¦poca. Seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n, hace un mes declararon como testigos Joaqu¨ªn de Fuentes Bardaj¨ª, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretar¨ªa de Estado de Energ¨ªa, exjefe de gabinete del secretario general de Energ¨ªa y ahora en PWC; Jos¨¦ Ram¨®n Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Pol¨ªtica Energ¨¦tica Jorge Sanz. Lo hicieron ante el fiscal Luis Rodr¨ªguez Sol, el mismo del caso Bankia, quien no ha querido comentar la noticia.

Tres abogados del Estado y un exdirector general han sido citados

El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado el¨¦ctrico, el Gobierno del PP cre¨® los CTC, un sistema de compensaci¨®n a las el¨¦ctricas para garantizarles el pago por inversiones que les hab¨ªa obligado a hacer. El Ejecutivo se compromet¨ªa a abonarles una remuneraci¨®n de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo critic¨® mientras estuvo en la oposici¨®n.

El sistema funcion¨® m¨¢s o menos? como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petr¨®leo y del gas, aument¨® el precio de mercado a m¨¢s de 50 euros por megavatio. Eso implic¨® que las el¨¦ctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocant¨¢brico) cobraran m¨¢s de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria cancel¨® el pago de CTC pero dej¨® pendiente la liquidaci¨®n.

Ignasi Nieto, secretario general de Energ¨ªa entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encarg¨® el informe a la abogac¨ªa del Estado antes de pedir la devoluci¨®n. "Se hab¨ªan pasado de frenada y hab¨ªan cobrado de m¨¢s". Nieto no recuerda el c¨¢lculo exacto de cu¨¢nto estimaban que los consumidores hab¨ªan pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros c¨¢lculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, seg¨²n lo que se considere a restituir.

En 2010 prescribi¨® la posibilidad de que el Ejecutivo pidiera el cobro

Nieto consult¨® a la abogac¨ªa del Estado c¨®mo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidaci¨®n y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la m¨¢xima atribuida inicialmente, cabr¨ªa exigir a estos agentes la devoluci¨®n de estos excesos".

El 13 de marzo de 2008, cuatro d¨ªas despu¨¦s de las elecciones generales, entr¨® en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaqu¨ªn de Fuentes Bardaj¨ª. Su conclusi¨®n era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidaci¨®n final, "los principios del derecho que proh¨ªben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidaci¨®n para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.

El dictamen, de 26 p¨¢ginas y que no se hizo p¨²blico, se?ala que "junto con las liquidaciones anuales de las compensaciones debe existir una liquidaci¨®n global y definitiva que permita determinar si las cantidades entregadas superan el m¨¢ximo previsto legalmente, lo cual solo puede conocerse al final del periodo de vigencia". A?ade que el plazo para reclamar esas cantidades era de cuatro a?os a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley aboli¨® los CTC. As¨ª que Industria ten¨ªa hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma. Esta seguramente habr¨ªa sido impugnada por las el¨¦ctricas y ser¨ªan los tribunales quienes habr¨ªan dictado si el criterio de la Abogac¨ªa del Estado era v¨¢lido o no.

Las el¨¦ctricas defienden que recibieron mucho menos de lo previsto inicialmente

Mes y medio despu¨¦s de recibir el informe de la abogac¨ªa del Estado, cambi¨® el ministro. A Joan Clos le sustituy¨® Miguel Sebasti¨¢n, que dice que desconoce el caso, y Pedro Mar¨ªn fue nombrado secretario de Estado. Nunca se produjo la reclamaci¨®n.

Mar¨ªn afirma que no recuerda los detalles: "Era un tema complicado, que empez¨® en 1997. Hubo una discusi¨®n y se acord¨® que se dejara de pagar y nunca se hicieron unas cuentas consolidadas, que era muy dif¨ªcil", explica desde Londres, donde trabaja. "Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo", concluye. Mar¨ªn afirma que no ha recibido citaci¨®n del fiscal.

Fuentes de Industria afirman que con el cambio de Gobierno nunca se plante¨® reclamar ese dinero. A?aden que era un tema muy complejo y que el informe de la abogac¨ªa fue muy discutido jur¨ªdicamente, por lo que no auguran recorrido a la investigaci¨®n.

La Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) record¨® en informes que no se hab¨ªa producido la liquidaci¨®n definitiva. Seg¨²n public¨® Cinco D¨ªas en 2008, la CNE elevaba lo cobrado de m¨¢s a 3.393 millones repartidos as¨ª: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cant¨¢brico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcog¨¢s cobr¨® de menos 191 millones.

Este diario intent¨® ayer sin ¨¦xito obtener la versi¨®n de la patronal, Unesa. Esta tradicionalmente ha negado esos c¨¢lculos. Las el¨¦ctricas encargaron decenas de informes que justificaban que las liquidaciones eran correctas y que la cifra realmente cobrada por los CTC ha sido de solo 1.147 millones de euros, muy por debajo de lo previsto inicialmente en la ley.

Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que "Industria debi¨® liquidar los CTC, pedir la devoluci¨®n de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores".

En julio de 2010, el Ejecutivo busc¨® f¨®rmulas para recortar la factura el¨¦ctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya hab¨ªa prescrito.

investigacion@elpais.es