Combatir el ¡®ciberdelito¡¯

Internet se ha convertido en un instrumento imprescindible para sostener y mejorar la competitividad de una empresa. Y esto es cierto sea cual sea el tama?o de la compa?¨ªa en cuesti¨®n. Sin embargo, esta herramienta nueva, que deber¨ªa ser un instrumento para ganar productividad y mejorar la comunicaci¨®n, expone a las empresas a una debilidad tambi¨¦n nueva y, por desgracia, mal estudiada, al menos en Espa?a: la ciberdelincuencia. El modus operandi de los delitos contra las empresas responde a tres acciones b¨¢sicas: O bien la informaci¨®n sensible de una empresa es destruida en ataques de hackers, o bien es robada y vendida a la competencia o bien es secuestrada e intercambiada por un rescate, que suele ser cuantioso. Las estad¨ªsticas dicen que Espa?a es el segundo pa¨ªs del mundo por n¨²mero de ciberataques y que probablemente este tipo de da?os de nuevo cu?o a las empresas ir¨¢ in crescendo durante los pr¨®ximos a?os. Es un problema grave que los responsables econ¨®micos tienen que afrontar con seriedad y prontitud.

Todas las empresas est¨¢n expuestas al delito inform¨¢tico, pero las que m¨¢s sufren el perjuicio son las peque?as y medianas. No pod¨ªa ser de otra forma; tienen, por su tama?o, menos capacidad para invertir en protecci¨®n y disponen de menos poder inversor para gastar en innovaci¨®n tecnol¨®gica. La que disponen en funci¨®n de su tama?o suele estar desprotegida. Es decir, el delito cibern¨¦tico y la inversi¨®n en I+D est¨¢n unidos por una cadena sicol¨®gica: la amenaza de robo es un factor de disuasi¨®n para introducir la tecnolog¨ªa en la gesti¨®n. Hay un da?o cuantioso a las expectativas de futuro de las empresas si no se acepta que la ciberdelincuencia es una acci¨®n criminal de alcance tan grave o m¨¢s que un robo, un asalto, la venta fraudulenta de patentes o un secuestro con petici¨®n de rescate. Tiene que perseguirse con la misma contundencia y, por lo tanto, deben ponerse los medios necesarios para combatirla.

Llegados a este punto, la pregunta es si la legislaci¨®n aplicable en estos casos est¨¢ a la altura de las circunstancias o, por el contrario, se queda a medio camino entre la duda y el error. La evidencia disponible sugiere que las normas legales contra la ciberdelincuencia no cierran completamente el camino al delito y las escasas aplicables est¨¢n obsoletas. Por a?adidura, las empresas reciben un mensaje desconsolador: la administraci¨®n no parece interesada en el cibercrimen y probablemente tampoco entienda demasiado su alcance y sus consecuencias. Por lo tanto, antes que un problema legal, que lo es, conviene el Gobierno tome conciencia del problema y est¨¦ dispuesto a poner los medios p¨²blicos que correspondan para corregirlo.

La impresi¨®n a d¨ªa de hoy es de desconcierto. La administraci¨®n act¨²a como si los 70.000 ciberataques que sufrieron las empresas espa?olas el a?o pasado fueran delitos menores, algo as¨ª como travesuras que se corregir¨¢n con el paso del tiempo, y que, adem¨¢s, deben ser resueltos por otras instancias que no se sabe muy bien quienes son. Las empresas son desde luego responsables de su seguridad inform¨¢tica y bien que lo saben teniendo en cuenta el coste que pagan; pero ha llegado el momento de tomarse en serio la responsabilidad institucional sobre el delito en Internet.?