El Congreso convalida hoy la oferta de 7.416 nuevas plazas de empleo p¨²blico

El Pleno del Congreso convalidar¨¢ este jueves el decreto ley por el que se aprueba una oferta p¨²blica de empleo (OPE) de 3.834 promociones internas para este ejercicio y 7.416 nuevas plazas, de las que casi un millar son de car¨¢cter extraordinario para combatir el fraude y reforzar las plantillas de los ayuntamientos y la Justicia.

El Consejo de Ministros aprob¨® el 20 de marzo este decreto, por el que se convocar¨¢ 2.868 plazas para la Administraci¨®n General del Estado (AGE), 230 para la Agencia Tributaria, 50 para funcionarios de la Administraci¨®n Local con habilitaci¨®n de car¨¢cter nacional, 1.350 para Justicia, 1.374 para el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y 820 plazas para la Guardia Civil.

Por su parte, de las 724 plazas que forman parte de la oferta extraordinaria, 190 corresponden a la AGE, 254 a la Agencia Tributaria, 200 a funcionarios locales con habilitaci¨®n de car¨¢cter nacional, y 80 a Justicia.

Cuatro veces m¨¢s

En total, sumando la oferta ordinaria y extraordinaria de nuevas plazas, para este a?o se convocan 3.542 plazas de nuevo acceso en la AGE, casi cuatro veces m¨¢s que en el ejercicio anterior; 1.430 para Justicia, que multiplica as¨ª por 17 la oferta de 2014; 250 para funcionarios locales con habilitaci¨®n con car¨¢cter nacional (+13,1%); 1.374 para la Polic¨ªa Nacional (+337,6%), y 820 para Guardia Civil (cinco veces m¨¢s que en 2014).

Por ¨²ltimo, dentro de las 3.834 plazas de promoci¨®n interna previstas para este a?o, 2.708 son para la AGE, con un incremento del 76% respecto a la oferta del ejercicio anterior; 50 para funcionarios locales con habilitaci¨®n de car¨¢cter nacional (-29%), 596 para la Administraci¨®n de Justicia (m¨¢s de siete veces m¨¢s que en 2014), 150 para el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (+25%) y 330 para Guardia Civil (las mismas que en 2014).

Y es que, dado el contexto de recuperaci¨®n econ¨®mica, las administraciones deben estar "preparadas para responder a nuevos retos" y no se justifica no incrementar las plantillas all¨ª donde hace falta, algo que en cualquier caso no conllevar¨¢ un incremento de gasto p¨²blico.

Cifras "preocupantes" de plantilla

En este sentido, la memoria de impacto que acompa?a el decreto ley, y a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que los Presupuestos de 2015 imped¨ªan la incorporaci¨®n de nuevo personal p¨²blico salvo en algunos ¨¢mbitos.

Sin embargo, el Gobierno reconoce que "existen determinados ¨¢mbitos en los que la tasa de reposici¨®n (del 50%) no resulta suficientemente amplia como para hacer frente a las actuaciones que por la sociedad y las administraciones se requieren".

"A menudo se trata de sectores en los que resultar¨ªa necesario un incremento del n¨²mero de efectivos, pero la regulaci¨®n no posibilita un mantenimiento de los recursos personales dedicados a esta funci¨®n lo que, pese a los esfuerzos realizados en incrementar la eficiencia en la prestaci¨®n de servicios, puede cuestionar el cumplimiento adecuado de las funciones adecuadas", admite a rengl¨®n seguido.

Diferentes cuerpos

As¨ª, el n¨²mero de vacantes entre los funcionarios de la Administraci¨®n local con habilitaci¨®n nacional el Gobierno se mantiene "pr¨¢cticamente" igual que en 2014 --unas 1.740--, sobre todo en las subescalas de intervenci¨®n-tesorer¨ªa y secretar¨ªa-intervenci¨®n, algo "especialmente preocupante" dada la importancia de sus funciones de control econ¨®mico-financiero y presupuestario, tareas que adem¨¢s se han incrementado en los ¨²ltimos a?os.

Algo que adem¨¢s resulta m¨¢s improductivo si cabe ya que estas plazas no se pueden amortizar aunque est¨¦n vacantes, por lo que su coste se dota en los presupuestos cada a?o y acaban cubiertas por interinos o nombramientos accidentales. Con esta oferta de plazas se conseguir¨¢ "garantizar una mayor profesionalidad y eficacia" del personal.

En cuanto a la Inspecci¨®n de Trabajo, el Gobierno reconoce un "retroceso" en medio centenar de funcionarios desde 2013, con lo que la plantilla se sit¨²a actualmente "por debajo de los efectivos disponibles en 2011" ya que las nuevas incorporaciones han sido inferiores a las bajas de cada a?o. Sin embargo, "la lucha contra el empleo irregular sigue siendo prioritaria" por lo que hace falta sumar trabajadores que puedan encargarse de las nuevas actuaciones previstas.

Lo mismo sucede en el ¨¢mbito de la Seguridad Social. En concreto, en la Intervenci¨®n General "es preciso" incorporar funcionarios del subgrupo A2 con especialidad de auditor¨ªa y contabilidad ante las bajas acumuladas durante los ¨²ltimos a?os, lo mismo que ha sucedido en las entidades gestoras y servicios comunes, cuyas plantillas adem¨¢s han envejecido notablemente a la par que las nuevas funciones que se les asignaban se hac¨ªan m¨¢s complejas.

Mantener los ingresos del Estado

Menci¨®n especial merece el caso de la Agencia Tributaria, cuya labor es fundamental para mantener los ingresos del Estado, algo que se pone en riesgo ante la "grave disminuci¨®n" del personal durante los ¨²ltimos a?os, cuyo coste es muy inferior a esas p¨¦rdidas. Eso justifica, a juicio del Gobierno, un "tratamiento excepcional y diferenciado" a este organismo.

No en balde, en la memoria se reconoce que a 31 de diciembre de 2014 la plantilla de la AEAT se situaba en la "cifra m¨¢s que preocupante" de 25.742 efectivos, lejos de los 28.000 que suelen ser habituales. Esto se suma a un importante incremento de los servicios ofertados, lo que hasta la fecha se ha ido salvando mediante el uso de nuevas tecnolog¨ªas.

"No obstante, una hip¨®tesis de OEP equivalente a la de 2014 pone de manifiesto el riesgo de una p¨¦rdida acumulada durante toda la d¨¦cada de 2010 a 2020 cercana a una cuarta parte de una plantilla cuya edad media ha pasado de poco m¨¢s de 40 a?os en su creaci¨®n a cerca de 50 a?os actualmente. Una p¨¦rdida de plantilla de tales dimensiones dif¨ªcilmente podr¨¢ ser asumida sin poner en serio riesgo el incremento que ser¨ªa deseable de sus resultados o, al menos, su mantenimiento", a?ade el Gobierno.

Por ¨²ltimo, el Ejecutivo explica que "dada la naturaleza" de las plazas incluidas en esta OPE, "no se ha considerado procedente la existencia de un cupo para personas con discapacidad intelectual", sino que las posibles plazas que le hubieran correspondido a ese colectivo "se suman a las de discapacidad general, que por eso pasa del 5% al 7%".