Un exjefe de Hacienda califica de ¡°coherente¡± la ¡®amnist¨ªa Falciani¡¯
El ex alto cargo aprob¨® que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
La regularizaci¨®n fiscal que permiti¨® en 2010 a centenares de espa?oles con cuentas en la filial suiza del HSBC librarse de la c¨¢rcel a cambio de pagar impuestos fue una decisi¨®n t¨¦cnica y ¡°coherente¡±. No fue una iniciativa pol¨ªtica del ¨²ltimo Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. El exdirector de Inspecci¨®n de la Agencia Tributaria (AEAT) Carlos Cervantes defendi¨® el pasado jueves esta idea ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 37 de Madrid, que investiga la legalidad de una medida que se adopt¨® despu¨¦s de que las autoridades francesas comunicaran a Hacienda que 659 espa?oles ocultaban en el pa¨ªs helv¨¦tico 6.000 millones de euros. La informaci¨®n remitida por las instituciones galas proced¨ªa de la primera lista Falciani.
El exdirectivo de la AEAT est¨¢ imputado por un presunto delito de prevaricaci¨®n. El origen de la causa es una querella del Sindicato de T¨¦cnicos de Hacienda (Gestha).
Cervantes defendi¨® en el juzgado la paternidad de la idea de no abrir inspecciones fiscales, que es el proceso habitual cuando se encuentran indicios de fraude. Y argument¨® que, en su lugar, se invitara por carta a los defraudadores a presentar declaraciones complementarias para tributar por los fondos ocultos en Ginebra.
Seg¨²n el exalto cargo, las inspecciones fiscales habr¨ªan fracasado por la ¡°debilidad de las pruebas¡± y el ¡°origen il¨ªcito de la informaci¨®n¡±. La relaci¨®n de evasores que manejaba Hacienda en mayo de 2010 proced¨ªa de los datos sustra¨ªdos del HSBC por el exinform¨¢tico francoitaliano Herv¨¦ Falciani. Cervantes a?adi¨® que los archivos con los nombres de los evasores no estaban respaldados por documentos y que Espa?a se habr¨ªa tropezado en sus pesquisas con la falta de colaboraci¨®n de las autoridades Suizas.
Las frases que salpican la declaraci¨®n judicial del exalto cargo de Hacienda, a la que ha tenido acceso EL PA?S, sostienen con fuerza esta idea. ¡°La informaci¨®n era muy importante pero jur¨ªdicamente muy d¨¦bil¡±, lleg¨® a decir el exdirectivo en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 37 de Madrid.
Cervantes insisti¨® en el juzgado en renunciar a la v¨ªa penal. ¡°La denuncia no habr¨ªa solucionado el problema¡±. En su opini¨®n, la inspecci¨®n hubiera facilitado la prescripci¨®n de los delitos, ya que la informaci¨®n con los nombres de los evasores lleg¨® a Hacienda en un CD el 24 de mayo, unos d¨ªas antes de que prescribiera el plazo para liquidar la deuda tributaria de 2005. El camino elegido para ajustar cuentas con los defraudadores por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero permiti¨®, seg¨²n el antiguo cargo de Hacienda, imponer sanciones ¡ªse recaudaron 260 millones¡ª y ofreci¨® ¡°informaci¨®n¡± sobre los contribuyentes que fue utilizada por la Oficina Nacional de Investigaci¨®n contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, para cercar futuros delitos fiscales.
Cervantes explic¨® que el correo electr¨®nico que envi¨® a los delegados territoriales de Hacienda en junio de 2010 para informarles sobre c¨®mo proceder con los presuntos evasores espa?oles que figuraban en la primera lista Falciani fue un documento ¡°muy pensado y meditado¡±. Su tesis choca con los argumentos expuestos en la querella del Sindicato de T¨¦cnicos de Hacienda Gestha, que considera que los antiguos directivos de la AEAT permitieron con su decisi¨®n ¡°dejar impunes¡± a los presuntos evasores.
659 grandes defraudadores
La controversia que ha llevado a declarar como imputados por prevaricaci¨®n a dos exaltos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) durante el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se gest¨® en la primavera de 2010. La ministra de Hacienda Elena Salgado recibi¨® entonces una relaci¨®n con 659 espa?oles que ten¨ªan 6.000 millones en la filial suiza del HSBC. El material proced¨ªa de la primera lista Falciani, el inventario facilitado por el inform¨¢tico francoitaliano a las autoridades francesas. La AEAT, en lugar de abrir una investigaci¨®n para cercar el fraude, inst¨® a los evasores a regularizar: pagar impuestos por el dinero oculto a cambio de librarse de penas de prisi¨®n de hasta seis a?os, que es lo estipulado para el delito fiscal (m¨¢s de 120.000 euros). Un total de 306 de los contribuyentes pillados se acogieron a esta medida de gracia que permiti¨® al departamento de la socialista Salgado recaudar 260 millones. De ellos, 200 fueron abonados por la familia Bot¨ªn. Un centenar de evasores se libr¨®. Sus casos ya hab¨ªan prescrito.
El sindicato de t¨¦cnicos de Hacienda, Gestha, consider¨® desde un primer momento que la medida adoptada durante el ¨²ltimo mandato de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero supuso un ¡°trato de favor¡± hacia los grandes defraudadores de Espa?a. Y el PP tild¨® la iniciativa de ¡°amnist¨ªa fiscal¡± y ¡°antisocial¡±.
La exdirectora de Gesti¨®n de la AEAT Mar¨ªa Dolores Bustamante, que tambi¨¦n est¨¢ imputada por prevaricaci¨®n, defendi¨® la regularizaci¨®n fiscal del Gobierno del PSOE. Argument¨® en el juzgado que los datos de evasores hallados por Herv¨¦ Falciani no permit¨ªan distinguir qui¨¦nes s¨ª eran los titulares de las cuentas en la filial suiza del HSBC. Y que la decisi¨®n de no llevar a cabo inspecciones fiscales no se tom¨® por la existencia de ¡°personas relevantes¡± entre los presuntos evasores. Entre los contribuyentes que se beneficiaron de la decisi¨®n gubernamental se encontraba el banquero fallecido Emilio Bot¨ªn y una decena de miembros de su familia.
El secretario general del Sindicato de T¨¦cnicos de Hacienda, Gestha, Jos¨¦ Mar¨ªa Mollinedo, considera que la notificaci¨®n de la inspecci¨®n habr¨ªa interrumpido la prescripci¨®n de los delitos y permitido la condena de los presuntos defraudadores fiscales. Y a?ade que uno de los principios en los que se basan las dudas sobre la informaci¨®n recabada por Herv¨¦ Falciani, la existencia del secreto bancario, no es v¨¢lido en Espa?a al no existir este delito.
El titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 20 de Barcelona, Jos¨¦ Alberto Coloma, censur¨® en una sentencia que el Gobierno del PSOE decidiera cobrar en lugar de castigar con la c¨¢rcel a los grandes defraudadores con fondos en la filial suiza del banco HSBC. El juez lleg¨® a se?alar que la medida del Ejecutivo de Zapatero tuvo un ¡°dudoso soporte jur¨ªdico¡± y dej¨® sin castigo ¡°la actitud defraudadora de las rentas m¨¢s altas¡±.
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