El Poder Judicial avala divulgar datos de condenados por fraude fiscal

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, necesit¨® este lunes hacer uso de su voto de calidad para aprobar el informe sobre el anteproyecto de la ley org¨¢nica que obligar¨¢ a publicar los nombres de los condenados por fraude fiscal. El pleno del Consejo analiz¨® el dictamen favorable a la ley elaborado por uno de sus vocales y, tras cuatro horas de debate, el texto sali¨® adelante con el voto del presidente despu¨¦s de que se registrara un empate a 10 votos y un voto en blanco.

En pleno debate por la publicaci¨®n de los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la ¨²ltima amnist¨ªa fiscal del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprob¨® este lunes por la m¨ªnima un informe que respalda el anteproyecto de ley org¨¢nica que prepara el Gobierno para regular el acceso a la informaci¨®n de las sentencias condenatorias de fraude fiscal.

?El anteproyecto de ley org¨¢nica establece la obligaci¨®n de publicar en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) los fallos de las sentencias firmes condenatorias por delitos contra la Hacienda P¨²blica, delitos de insolvencia punible cuando el acreedor sea el erario p¨²blico o delitos de contrabando. La publicidad se har¨¢ mediante la difusi¨®n de un extracto del fallo judicial que contenga los datos que permitan la identificaci¨®n del condenado y del responsable civil, el delito del que se le considere culpable, la pena y la cifra de la responsabilidad civil impuesta.

En contra de la ley se posicionaron en bloque los siete vocales que integran el sector cr¨ªtico del Consejo: cinco vocales a propuesta del PSOE y la vocal de IU, adem¨¢s del propuesto por el PNV. Mientras PSOE e IU han defendido en el Congreso la difusi¨®n de los amnistiados fiscales y los 705 altos funcionarios o excargos p¨²blicos que investiga el Ministerio de Econom¨ªa, sus vocales en el CGPJ argumentaron ayer que el anteproyecto de ley puede afectar al derechos al honor y a la protecci¨®n de datos.

De los progresistas solo vot¨® a favor una de las vocales del PSOE, Mar Cabrejas, mientas que el tambi¨¦n progresista ?lvaro Cuesta se opuso, pero con el argumento contrario al de sus colegas: considera que el proyecto se queda corto y que es necesaria m¨¢s publicidad y transparencia en la lucha contra el fraude fiscal. Los vocales conservadores votaron a favor, con la excepci¨®n de Fernando Grande-Marlaska, que vot¨® en blanco y Rafael Fern¨¢ndez Valverde y Carmen Llombart, que lo hicieron en contra.

El texto finalmente aprobado por el CGPJ incluye varias modificaciones respecto de la propuesta presentada por el ponente, Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n, pero mantiene lo esencial: aunque el conocimiento p¨²blico de la identidad de los condenados por fraude fiscal puede afectar a los derechos individuales al honor, intimidad y protecci¨®n de datos, el Poder Judicial considera que prevalece el inter¨¦s general. Seg¨²n fuentes del Consejo, a la propuesta inicial se le a?adieron dos enmiendas: la posibilidad de que la publicaci¨®n en el BOE pueda ser materia de negociaci¨®n en una sentencia de conformidad; y que la ley no tenga retroactividad, es decir, que solo se publicar¨¢n los datos de los condenados a partir de que la norma entre en vigor.

El consejo da por buenos los objetivos que el Gobierno expone en la exposici¨®n de motivos del anteproyecto, donde se niega el car¨¢cter ¡°sancionador¡± de la ley y se justifica su aprobaci¨®n en la necesidad de impulsar la lucha contra el fraude fiscal e incrementar la transparencia.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han puesto l¨ªmites a la divulgaci¨®n de datos personales contenidos en las sentencias judiciales y han advertido que su publicidad no debe constituir una intromisi¨®n en el derecho al honor. Pero el Poder Judicial cree que estos derechos, aunque est¨¢n recogidos en la Constituci¨®n, ¡°no son absolutos¡± y, en este caso, frente al inter¨¦s del condenado est¨¢ el inter¨¦s p¨²blico. ¡°No cabe olvidar el deber constitucional de contribuir al gasto p¨²blico, que tiene como reverso el derecho del conjunto de la sociedad a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias¡±.

El informe vincula este proyecto a la reforma de la Ley General Tributaria de 2003, que regula la posibilidad de publicar la identidad la posibilidad de publicar la identidad de quienes causan un mayor perjuicio econ¨®mico a la Hacienda P¨²blica e introdujo importantes excepciones al principio general de secreto tributario. ¡°Resultar¨ªa incoherente que se publicara la identidad de quienes por unos u otros motivos han dejado de abonar sus obligaciones tributarias y sin embargo quedara oculta precisamente la de los grandes defraudadores, condenados en sentencia firme por delitos de esta naturaleza¡±, se?ala el informe.

El Poder Judicial recuerda que el C¨®digo Penal ha regulado ya determinados supuestos de delitos que llevan aparejada la publicidad del fallo condenatorio como parte del concepto de reparaci¨®n del da?o causado y por tanto, negando en estos casos su naturaleza sancionadora (art¨ªculo 216 relativo al delito de injurias y calumnias o el art¨ªculo 272, relativo a los delitos contra la propiedad intelectual). Aunque nunca hasta ahora se ha impuesto por ley la publicaci¨®n en el BOE de los datos de un condenado.