El Consejo Fiscal se opone a divulgar los datos de todos los defraudadores

El Consejo Fiscal ha hecho p¨²blico este lunes un informe que cuestiona de forma rotunda varios aspectos del Anteproyecto de Ley General Tributaria, que prev¨¦ la publicaci¨®n de las sentencias en materia de fraude fiscal. La principal objeci¨®n se centra en la pretensi¨®n del proyecto del Gobierno de dar publicidad a todas las sentencias condenatorias firmes por delitos contra Hacienda. En su informe, preceptivo pero no vinculante, los fiscales advierten que "se hace muy dif¨ªcil admitir" que en todos los procedimientos de este tipo "exista una relevancia p¨²blica" que justifique la divulgaci¨®n.

El informe del Ministerio P¨²blico es m¨¢s cr¨ªtico con la reforma que el dictamen realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aval¨® el anteproyecto en t¨¦rminos generales como "un elemento preventivo y educativo". El Consejo Fiscal se?ala que la publicaci¨®n en todos los casos podr¨ªa vulnerar el derecho al honor y ha criticado que esta medida se limite a los delitos contra la Hacienda P¨²blica y no se extienda a otros de mayor gravedad. En el escrito,? firmado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se hace referencia a delitos castigados con mayores penas, como son aquellos contra la vida, integridad f¨ªsica, libertad sexual o contra la Administraci¨®n P¨²blica.

De esta forma, invita a "hacer una reflexi¨®n global sobre todos los tipos penales", delimitando las sentencias que deben ser objeto de publicaci¨®n o conocimiento p¨²blico, los datos de las mismas que deben ser conocidos y las forma de acceso a su conocimiento, en funci¨®n de la gravedad de los delitos que hayan sido juzgados.

Por ello, estima que "podr¨ªa considerarse la posibilidad de regular la forma de acceso p¨²blico al contenido de las sentencias penales, pero valorando la gravedad de los hechos delictivos a los que se refieran aquellas", y hacerlo en el C¨®digo Penal y no en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

Adem¨¢s, el Consejo Fiscal opina que la divulgaci¨®n de datos? tambi¨¦n podr¨ªa menoscabar "seriamente" el principio de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n contemplado en el art¨ªculo 25.2 de la Constituci¨®n, motivo por el cual, recuerda, el Registro Central de Penados fue declarado no p¨²blico, especialmente a partir de 1983, en base "fundamentalmente de un inter¨¦s en proteger el honor y la intimidad de las personas".

Problemas con la reinserci¨®n

En este sentido, insiste en que la publicaci¨®n de las sentencias condenatorias "no puede frustrar la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social del delincuente", por lo que deber¨¢n establecerse las medidas necesarias para que, una vez cancelados los antecedentes penales, los datos de la condena se eliminen tambi¨¦n del lugar en que hayan sido publicados.

Adem¨¢s emplaza a analizar m¨¢s en profundidad si los fines que pretende el anteproyecto "pueden conseguirse de otra forma". El Consejo Fiscal propone como alternativas la notificaci¨®n de tales sentencias a las administraciones implicadas o exigiendo a aquel que pretende que se le adjudique un concurso o una subvenci¨®n "que acredite en el expediente administrativo que carece de antecedentes penales por este delito".

No obstante, el Ministerio p¨²blico admite que, en t¨¦rminos generales, la reforma, que contribuye a la consecuci¨®n de los intereses generales, debe prevalecer "sobre los individuales a la intimidad y protecci¨®n de datos". Advierte, eso s¨ª, que se haga "con una adecuada proporcionalidad y garant¨ªas".

Por ¨²ltimo, y como tambi¨¦n advirti¨® el CGPJ, cree que el principio de irretroactividad exige que la norma solo pueda aplicarse a los delitos que se cometan tras su entrada en vigor y no como recoge el anteproyecto, que pretende la aplicaci¨®n a aquellos ya consumados y en tr¨¢mite de instrucci¨®n o enjuiciamiento al tiempo de su publicaci¨®n.