La Euroc¨¢mara plantea alternativas al arbitraje en el pacto con EE UU

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este mi¨¦rcoles, despu¨¦s de que la votaci¨®n fuera pospuesta el mes pasado, sus recomendaciones a la Comisi¨®n Europea para la negociaci¨®n de la Asociaci¨®n Transatl¨¢ntica para el Comercio y la Inversi¨®n ¡ªel pacto comercial que Bruselas negocia con Washington desde hace ya dos a?os (conocido por sus siglas en ingl¨¦s, TTIP)¡ª. Los eurodiputados no fueron capaces entonces de ponerse de acuerdo respecto al mecanismo de resoluci¨®n de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, en sus siglas en ingl¨¦s), un tribunal de arbitraje al que las empresas tienen la opci¨®n de recurrir si consideran que su inversi¨®n ha sido maltratada porque no se ha respetado lo firmado en el tratado. Las discrepancias fueron acusadas sobre todo en las filas del grupo socialdem¨®crata, en el que muchos sosten¨ªan que este tipo de mecanismo es innecesario porque EE UU y la UE tienen un nivel similar de protecci¨®n legal. Finalmente, la resoluci¨®n ha conseguido el visto bueno mayoritario de la Euroc¨¢mara gracias a un compromiso al que han llegado populares, socialdem¨®cratas y liberales. Aceptan que haya una v¨ªa especial para la reclamaci¨®n de las empresas, pero se resolver¨¢n por un ¨®rgano formado por "jueces profesionales, independientes y designados p¨²blicamente en audiencias p¨²blicas".

As¨ª, el nuevo sistema, sostiene la resoluci¨®n del Parlamento Europeo, deber¨¢ estar "sujeto a los principios y el control democr¨¢tico" y gestionar los asuntos "de manera transparente", al tiempo que incorporar¨¢ un mecanismo de apelaci¨®n.

Los eurodiputados tambi¨¦n dejan claro que el nuevo sistema deber¨¢ respetar la jurisdicci¨®n de los tribunales comunitarios y de los Estados miembros y asegurar que los intereses privados no menoscaben los objetivos de las pol¨ªticas p¨²blicas. "Los tribunales privados de los ¨®rganos de resoluci¨®n de disputas no ser¨¢n incluidos en el acuerdo comercial. Tenemos un nuevo sistema. Ser¨¢ un tribunal p¨²blico", ha explicado en rueda de prensa el eurodiputado responsable de las negociaciones sobre el TTIP, el socialdem¨®crata alem¨¢n Bernd Lange, que no ha ocultado su satisfacci¨®n por que los eurodiputados hayan logrado "resolver este problema".

M¨¢s all¨¢ del sistema de arbitraje, destaca la l¨ªnea roja establecida por los parlamentarios europeos al exigir que se mantengan los niveles de protecci¨®n existentes a los trabajadores europeos. La resoluci¨®n reclama que Estados Unidos se comprometa a respetar los est¨¢ndares laborales de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) o, de lo contrario, se arriesga al veto del hemiciclo europeo al acuerdo cuando se vote, una vez este haya sido negociado. La posici¨®n adoptada por la Euroc¨¢mara establece otras peticiones, como la protecci¨®n de los servicios p¨²blicos europeos, el respeto a los est¨¢ndares medioambientales en la UE, la transparencia en las negociaciones y mayor inclusi¨®n de la sociedad civil en el proceso.

Multas multimillonarias

Pero era el ISDS el que hab¨ªa enconado el conflicto entre los parlamentarios. Este ¨®rgano, que puede condenar a los pa¨ªses a pagar multas multimillonarias, se ha topado con una fuerte oposici¨®n en Europa. Con el fin de ganar apoyos, la comisaria de Comercio, la sueca Cecilia Malmstr?m, propuso en mayo una reforma consistente en la creaci¨®n de una corte de apelaci¨®n independiente ante cualquier conflicto de intereses entre empresas privadas y los Estados. Este mi¨¦rcoles, las recomendaciones de los eurodiputados, que inclu¨ªan una propuesta de arbitraje muy similar a la planteada por la comisaria, han sido aprobadas por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. Los m¨¢s cr¨ªticos con la votaci¨®n han sido los ecologistas europeos y la Izquierda Unitaria Europea. Dentro del grupo socialdem¨®crata ha habido votos discrepantes desde las filas laboristas y de los socialistas belgas, franceses y austr¨ªacos. Todos los europarlamentarios del PSOE han votado a favor.

El arbitraje privado se populariz¨® en los a?os setenta y ochenta del siglo pasado. Unos 3.000 acuerdos de libre comercio en el mundo incluyen un mecanismo de soluci¨®n de controversias entre inversores y Estados, que permite a las empresas que consideran que han recibido un trato discriminatorio saltarse la jurisdicci¨®n nacional del pa¨ªs en el que est¨¦n operando y acudir directamente a este tipo de tribunales. No est¨¢n formados por jueces permanentes, sino por tres ¨¢rbitros elegidos por las partes ¡ªuno por la compa?¨ªa; otro por el Estado, y el tercero designado por consenso entre ambos o, en su defecto, por la instituci¨®n arbitral por la que hayan optado¡ª. Estos arbitrajes suelen desarrollarse bajo dos sistemas regulatorios: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y la Comisi¨®n de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (Uncitral).

El acuerdo comercial que negocian EE UU y la UE, el m¨¢s ambicioso planteado hasta la fecha, ha puesto el ISDS sobre la mesa. En Washington hay un gran inter¨¦s por conservar esta f¨®rmula. "En este caso yo no le encuentro el sentido. Surgi¨® para dar seguridad a los inversores en pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo. Pero los est¨¢ndares entre ambas regiones son muy parecidos. No creo que incluir un ISDS en el tratado vaya a estimular la inversi¨®n, ni que el hecho de no incluirlo vaya a impedir a las empresas invertir a un lado u otro del Atl¨¢ntico", afirma Harm Schepel, profesor de Derecho Econ¨®mico en la Universidad de Kent (Reino Unido). Seg¨²n explica, son procesos caros, que pueden costar "unos siete millones de euros de media", por lo que no van a poder recurrir a ¨¦l peque?as y medianas empresas, sino solo grandes compa?¨ªas. ?l y otro centenar de colegas se han pronunciado en una carta en contra de incluir un ISDS en el TTIP.

Marco de Benito, profesor de Derecho en la IE University, por el contrario, lo defiende. Afirma que los Estados solo pueden ser condenados si adoptan medidas "arbitrarias, discriminatorias, expropiatorias o que violen las garant¨ªas de inversi¨®n" previamente acordadas. Desmiente que las compa?¨ªas puedan demandar a los Gobiernos por acciones que les causen una p¨¦rdida de beneficios y asegura que, en lugar de perjudicar el Estado de derecho, el ISDS "lo refuerza, pues obliga a las naciones a cumplir" con sus compromisos.

De Benito se refiere a las cr¨ªticas que ha recibido este mecanismo de arbitraje por influir en el derecho de los Estados a legislar. La compa?¨ªa sueca Vattenfall reclama a Alemania 3.700 millones de euros por incumplir la carta de la energ¨ªa a ra¨ªz de su decisi¨®n de abandonar la producci¨®n de energ¨ªa nuclear. Espa?a ¡ªel tercer pa¨ªs con m¨¢s demandas ante el Ciadi, por detr¨¢s de Venezuela y Argentina¡ª tiene pendientes 14 denuncias por los recortes a la retribuci¨®n de las energ¨ªas renovables. Australia se enfrenta a una reclamaci¨®n por parte de la compa?¨ªa tabaquera Philip Morris por su ley de empaquetado gen¨¦rico de tabaco, que impide a las marcas diferenciarse en las cajetillas. "Se trata de casos a¨²n no resueltos. Es preciso tener en cuenta, adem¨¢s, que los Estados ganan en tres de cada cinco casos, seg¨²n datos de la ONU", puntualiza el profesor de Derecho, quien a?ade que, adem¨¢s, los dict¨¢menes de estos tribunales de arbitraje no obligan a los pa¨ªses a cambiar sus leyes, sino a pagar una compensaci¨®n econ¨®mica.

"El ISDS ser¨ªa extremadamente peligroso. Un Gobierno peque?o y d¨¦bil puede parar una legislaci¨®n si sabe que se enfrenta a una multa multimillonaria a ra¨ªz de un conflicto con una empresa", se?ala Susan George, polit¨®loga y escritora que dirige el Transnational Institute de ?msterdam. "EE UU tiene un sistema unificado. Y en la UE ni siquiera todos los pa¨ªses utilizan la misma moneda". George se muestra muy cr¨ªtica con el TTIP y con la "opacidad" con la que funciona el ISDS. "Las partes no est¨¢n obligadas a hacer p¨²blica la resoluci¨®n. Y en muchos casos deciden llegar a un acuerdo econ¨®mico previo para evitar pasar por todo el proceso", contin¨²a. E insiste en que este mecanismo de arbitraje no es necesario, en que los sistemas judiciales de ambas regiones funcionan y son suficientes.

"Creo en este mecanismo. La alternativa es mucho peor", afirma Elena Guti¨¦rrez, secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid ¡ªorganismo que media entre empresas¡ª. "Es cierto que se trata de un mercado reducido [el de ¨¢rbitros], pero son expertos, a diferencia de la mayor¨ªa de los jueces", se?ala. Guti¨¦rrez otorga mucha importancia a que sean profesionales que conozcan el asunto que se trata quienes act¨²en como jueces. "El sistema no es perfecto, habr¨ªa que mejorar en transparencia. Es preciso hacer ajustes porque se ha importado una f¨®rmula pensada para conflictos entre empresas a conflictos en los que una de las partes es un Estado, pero considero que es importante mantenerlo".