Econom¨ªa colaborativa, caos regulatorio
Europa aplica normas distintas en cada ciudad para ordenar la implantaci¨®n de empresas como Uber o Airbnb. En Espa?a, las normas est¨¢n a¨²n m¨¢s fragmentadas
Seguimos llam¨¢ndolo econom¨ªa colaborativa. Pero Uber, creada en 2009, cuenta con 6.000 empleados en todo el mundo y presencia en 400 ciudades de 69 pa¨ªses. Solo en Londres, cada semana 30.000 personas descargan su aplicaci¨®n. Lo mismo sucede con Airbnb, una multinacional basada en la idea de compartir la vivienda habitual y que hoy tiene dos millones de alojamientos en 34.000 localidades de 191 pa¨ªses. La primera opera con una legislaci¨®n distinta en cada uno de los 27 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. Y la segunda se desarrolla en un limbo legal en la mayor¨ªa de ciudades, que en algunos casos y dentro de un mismo Estado, compiten deslealmente entre ellas, regulando de forma independiente. La ordenaci¨®n legal de este fen¨®meno, especialmente en pa¨ªses como Espa?a, est¨¢ hoy muy lejos de la velocidad de su crecimiento.
La Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclam¨® en un informe m¨¢s libertad para la implantaci¨®n de este tipo de empresas, algo que, seg¨²n fuentes cercanas al ente, le cost¨® una guerra interna que todav¨ªa colea y que ha desembocado en postergar una posici¨®n firme sobre el asunto. Madrid y Barcelona, epicentros por poblaci¨®n del fen¨®meno, siguen sin legislar en este ¨¢mbito y lo ¨²nico que hay es un borrador de decreto catal¨¢n guardado en un caj¨®n y una comisi¨®n parlamentaria para debatir la econom¨ªa colaborativa. En el resto de Espa?a, se suele aplicar la legislaci¨®n del sector tur¨ªstico, transferida a las comunidades.
En el transporte, la lucha encarnizada de Uber por instalar su negocio en Espa?a (primero con su servicio de taxi privado y luego con el de entrega de comida a domicilio en Barcelona) ha terminado en la implantaci¨®n de su versi¨®n con ch¨®feres privados en Madrid (Uber X) utilizando las licencias VTC (en otras ciudades espa?olas no hay suficientes, se otorga una por cada 30 de taxi). No hay margen legal para m¨¢s hasta el momento, pero en el caso de Uber la legislaci¨®n que rige es estatal y el embrollo es menor. ¡°Ahora mismo la regulaci¨®n espa?ola de transporte es una de las m¨¢s restrictivas de Europa ya que impide que crezca un mercado con mucho recorrido¡±, se?ala un portavoz de la compa?¨ªa.
La CNMC reclama m¨¢s libertad para la implantaci¨®n de estos proyectos
Uber, quiz¨¢ la m¨¢s pol¨¦mica de todas las plataformas surgidas en el marco de la econom¨ªa colaborativa, ha lanzado distintas modalidades de negocio adaptables a los niveles de regulaci¨®n de cada pa¨ªs. Adem¨¢s de Uber X en Madrid y en otros 15 pa¨ªses en Europa, existe Uber Pop (taxi convencional conducido por particulares sin licencia), solo autorizado en los Estados b¨¢lticos en la UE (cinco ciudades en Polonia), y en EE UU o M¨¦xico en Am¨¦rica. La ¨²ltima apuesta ¡ªy la m¨¢s dif¨ªcil de ordenar¡ª ha sido Uber Pool, un servicio para compartir trayecto con otros usuarios de la plataforma que, de momento, solo funciona en Londres y Par¨ªs (Espa?a no permite al veh¨ªculo hacer paradas para recoger pasajeros).
Airbnb, tambi¨¦n en el aire
En el apartado de home sharing, el ep¨ªgrafe legal sobre el que desear¨ªa transitar normativamente Airbnb, el ¨²nico avance claro en Espa?a fue el restrictivo borrador que redact¨® la Generalitat: el titular de la vivienda debe ser el propietario, tiene que estar empadronado y pernoctar en el piso mientras hay hu¨¦spedes, pudiendo alquilar como m¨¢ximo dos habitaciones durante cuatro meses al a?o. ¡°Lo que Airbnb reclama es una regulaci¨®n que permita a particulares alquilar su vivienda habitual de manera espor¨¢dica, un marco legal para los particulares, distinto al de los profesionales. Una regulaci¨®n que reconozca la posibilidad de compartir el hogar, que no elimine vivienda disponible del mercado de alquiler y que respete la esencia de la econom¨ªa colaborativa¡±, se?ala un portavoz.
Uber se queja de que la legislaci¨®n espa?ola es de las m¨¢s restrictivas
En caso de aprobarse, tampoco cerrar¨ªa completamente el conflicto. Porque el Ayuntamiento de Barcelona (con 17.000 anuncios en Airbnb) tambi¨¦n podr¨ªa decidir si concede licencias a esos pisos y en qu¨¦ condiciones. Actualmente, solo 8.700 viviendas poseen este permiso. Lo mismo suceder¨ªa en cualquier ciudad.
¡°Miguel Ferrer, experto en regulaci¨®n de empresas digitales, cree que la UE poco a poco obligar¨¢ a ordenar de forma uniforme el sector. ¡°La Comisi¨®n Europea aprob¨® publicar en junio unas gu¨ªas sobre c¨®mo hay que aplicar la normativa a la econom¨ªa colaborativa y de qu¨¦ modo se tienen que evitar barreras de competencia en el mercado interno. Al final, lo que dice es que no se pueden aplicar 17 normativas distintas en las diferentes comunidades a las empresas digitales¡±. Algo as¨ª como terminar al fin con el caos regulatorio.
Guerra de trincheras en los municipios
Las ciudades que mejor han acogido? hasta ahora Airbnb son Londres, donde los propietarios de una vivienda pueden alquilarla como m¨¢ximo 90 d¨ªas al a?o; Par¨ªs, donde Airbnb se ha comprometido a recoger la tasa tur¨ªstica o ?msterdam, donde la empresa tambi¨¦n recoge dicho impuesto y los propietarios no pueden alquilar m¨¢s de 60 d¨ªas su hogar. El resto de las regulaciones (Hamburgo, Mil¨¢n, Florencia, Lisboa¡) est¨¢n basadas tambi¨¦n en la idea de expulsar de la red a profesionales del turismo o a usuarios que, contrariamente a la supuesta filosof¨ªa original de la empresa, no est¨¢ utilizando ¨²nicamente su propia casa como fuente de ingresos extra (en Barcelona m¨¢s de la mitad de los usuarios tiene m¨¢s de un anuncio). En Berl¨ªn, la compa?¨ªa no ha logrado convencer a las autoridades y la ciudad acaba de vetar su implantaci¨®n.
Airbnb mantiene una lucha de trincheras ciudad a ciudad contra su detractores, formados principalmente por el gremio hotelero y los vecinos que denuncian ruidos en la escalera o incrementos en el precio de los alquileres residenciales. En algunos casos, como en San Francisco, la plataforma tur¨ªstica tuvo que invertir 7 millones de euros en comunicaci¨®n para ganar el refer¨¦ndum (con el 55% de los votos) que se plante¨® en su contra. en la ciudad donde naci¨® la idea. La inversi¨®n de ambas compa?¨ªas en trabajo de? lobby para hacer frente a las distintas oposiciones en cada territorio ha sido descomunal.
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