La justicia anula las 35 horas de los funcionarios vascos y Urkullu recurre

El Gobierno vasco ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV), que anula la jornada laboral de los funcionarios vascos, establecida en 35 horas semanales desde el pasado febrero. El Gobierno central aduc¨ªa en su recurso que la reducci¨®n horaria disparaba el gasto p¨²blico en 8 millones de euros y restaba competencias al Ejecutivo auton¨®mico para hacer tal movimiento.

La sentencia, que est¨¢ generando un aluvi¨®n de cr¨ªticas de los sindicatos vascos -la consideran una agresi¨®n a los derechos laborales pactados- no incorpora medidas cautelares como la rebaja horaria inmediata, lo que permite al Ejecutivo vasco seguir con las 35 horas, y no con las 37,5 fijadas por Madrid, hasta que el alto Tribunal no resuelva el recurso. Euskadi empez¨® a aplicar las 35 horas en su sector p¨²blico en 2000, pero tuvo que revertir el acuerdo en 2012 tras los ajustes aprobados por el Gobierno de Mario Rajoy.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha lamentado esta ma?ana tras el Consejo de Gobierno, que la resoluci¨®n se haya producido en pleno deshielo entre las dos administraciones, con reuniones para rebajar la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, y para restablecer los lazos que permitan afrontar una inminente negociaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a rengl¨®n seguido ha respondido que va a iniciar una batalla pol¨ªtica en el Congreso para lograr suprimir la Disposici¨®n Adicional aprobada por el Gobierno central en Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se fijaba la jornada laboral para todos los funcionarios del Estado.

Erkoreka ha afirmado que, durante m¨¢s de 30 a?os, la facultad de fijar la jornada laboral de los funcionarios correspond¨ªa a cada administraci¨®n p¨²blica, hasta que "lleg¨® la mayor¨ªa absoluta de Mariano Rajoy" y aprob¨® esa Disposici¨®n. A su juicio, es una "intromisi¨®n" en la capacidad de las comunidades y administraciones auton¨®micas para fijar la jornada laboral de sus empleados.