Las cinco claves para entender la lucha de los estibadores y Fomento

El conflicto de los trabajadores de la estiba tiene en vilo a los principales puertos de Espa?a. Desde el anuncio de Fomento de la realizaci¨®n del decreto ley que liberalizar¨¢ el sector, las empresas que operan en Espa?a acusan una bajada de productividad, seg¨²n la Asociaci¨®n Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco). Estas son las claves de un problema por el que ya hay convocada una huelga el 20, 22 y 24 de febrero.

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El Gobierno convoca a los estibadores para negociar el nuevo decreto ley

Fomento liberalizar¨¢ la contrataci¨®n de estibadores en los puertos espa?oles

Qu¨¦ son los estibadores

Los estibadores son los encargados de la carga y descarga de los buques. Adem¨¢s, son los responsables de distribuir el peso convenientemente en los barcos de forma que ocupe el m¨ªnimo espacio y en el menor tiempo posible.

Origen del conflicto

El origen del conflicto es la condena a Espa?a del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea el 11 de diciembre de 2014. La sentencia se debe a la imposici¨®n que tienen las empresas de participar en una sociedad an¨®nima de gesti¨®n de estibadores portuarios (Sagep) y, adem¨¢s, contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad. As¨ª, en la pr¨¢ctica, Sagep tiene el monopolio de la estiba tanto en el establecimiento como de la contrataci¨®n.

Propuesta de Fomento

El Gobierno propone con el nuevo decreto ley liberalizar el establecimiento de las empresas y la contrataci¨®n de trabajadores. Es decir, las compa?¨ªas que quieran operar no tendr¨ªan que participar de una Sagep ni contratar obligatoriamente a sus estibadores. La alternativa que plantea Fomento ser¨ªa que las personas formadas profesionalmente o con m¨¢s de 100 jornadas de trabajo puedan ser contratados directamente por la empresa, a trav¨¦s de centros portuarios de empleo o de empresas de trabajo temporal.

El decreto ley tambi¨¦n contempla un periodo transitorio de adaptaci¨®n de tres a?os en el que desaparecer¨¢ la obligaci¨®n de pertenecer a la Sagep para trabajar en la estiba. As¨ª, el primer a?o las empresas tendr¨¢n que contratar al 75% de la plantilla de la Sagep o trabajadores que perteneciesen a la misma. En el segundo a?o el porcentaje ser¨¢ del 50%, mientras que en el tercero ser¨¢ un 25%.

Propuesta sindical

Los sindicatos se oponen a la opci¨®n del Gobierno. Su propuesta es la creaci¨®n de un registro a trav¨¦s de centros portuarios de empleo y evitar la posible contrataci¨®n mayoritaria de estibadores desde empresas de trabajo temporal. Es decir, de este registro las empresas tendr¨ªan que contratar a los estibadores. El problema est¨¢ en la negativa de la Comisi¨®n Europea y en que se mantendr¨ªa el acceso restringido actual a la profesi¨®n, ya que por lo que se conoce hasta ahora solo pertenecer¨ªan a este registro los estibadores que ya existen.

Sanci¨®n a Espa?a

Espa?a cuenta actualmente con una multa por no tener la legislaci¨®n adaptada. Desde 2014 ha acumulado una sanci¨®n de 21,5 millones de euros. De ah¨ª la premura por sacar adelante la nueva legislaci¨®n. Con el cambio normativo y su adaptaci¨®n a la legislaci¨®n comunitaria el Ejecutivo tratar¨¢ de evitar desembolsar la multa acumulada, que crece si se dilata el proceso. De hecho, Fomento prev¨¦ una nueva resoluci¨®n contra Espa?a en marzo, que conllevar¨ªa un pago diario de 134.107,20 euros mientras que la ley no sea compatible con la sentencia del TJUE.

Tramitaci¨®n decreto ley

Como avanz¨® este jueves el ministro de Fomento, ??igo de la Serna, el decreto ley se llevar¨¢ al Consejo de Ministros del 17 de febrero. Es decir, esa es la fecha l¨ªmite que el ministro le puso a la negociaci¨®n con los sindicatos y la patronal. Una vez pasado este tr¨¢mite, el decreto se llevar¨¢ al Parlamento donde, en un plazo de 30 d¨ªas, el Congreso se tendr¨¢ que pronunciar sobre su convalidaci¨®n o derogaci¨®n. Esto significa que una vez se inicie el tr¨¢mite parlamentario el Gobierno necesitar¨¢ de apoyos de otros partidos pol¨ªticos para sacar adelante el texto.

Por el momento, el PSOE, con el que se conseguir¨ªa la mayor¨ªa para aprobar el decreto, no se ha pronunciado al respecto. C¨¦sar Ramos, portavoz socialista de la Comisi¨®n de Fomento, asegur¨® este jueves a EL PA?S que es el Gobierno el que tiene que negociar con los colectivos. "No es nuestro momento. Nosotros todav¨ªa no tenemos el decreto ni lo queremos hasta que no haya un texto definitivo", ha dicho.