El Gobierno cree que la sentencia del Supremo sobre el bono social es inconstitucional

El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuesti¨®n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiaci¨®n del bono social anulado a finales del a?o pasado por el Tribunal Supremo, indicaron fuentes del Ministerio de Energ¨ªa, Turismo y Agenda Digital. En el recurso de amparo ante el Constitucional, que se present¨® el pasado 2 de febrero, el Gobierno argumenta que el Supremo interpret¨® una directiva comunitaria sobre pol¨ªtica energ¨¦tica, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su funci¨®n se restringe a la valoraci¨®n de la legislaci¨®n nacional.

El Gobierno tambi¨¦n considera que el Supremo incurri¨® en una vulneraci¨®n del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuesti¨®n prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional. El departamento que dirige ?lvaro Nadal considera necesario que se consulte al Tribunal de Luxemburgo despu¨¦s de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslaci¨®n al sector el¨¦ctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impuls¨® junto al PSOE y Ciudadanos un real decreto ley sobre pobreza energ¨¦tica en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiaci¨®n del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras.

Sin embargo, la sentencia del Supremo tambi¨¦n obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales el¨¦ctricas por haber costeado el bono social de la luz en los ¨²ltimos a?os. La ejecuci¨®n de esta indemnizaci¨®n depende ahora de la decisi¨®n del Constitucional. El recurso puede permitir al Gobierno ganar tiempo y postergar el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP Espa?a de estos cerca de 500 millones.

El dinero de la indemnizaci¨®n, si el Constitucional mantiene el criterio del Supremo, habr¨¢ de cargarse sobre la tarifa el¨¦ctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta segunda opci¨®n es menos probable, a la vista del acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, por importe cercano a los 5.500 millones.

Petici¨®n del Defensor del Pueblo

El ministerio, precisamente, ve factible que se apliquen criterios de renta en el bono social, como pide el Defensor del Pueblo en su memoria de 2016. Dicha medida formar¨¢ parte, previsiblemente, del reglamento que desarrollar¨¢ el bono social y que en estos momentos est¨¢ negociando el ministerio con los grupos parlamentarios. A este respecto, desde Energ¨ªa destacan que han recibido ya las propuestas del PSOE, Ciudadanos y Podemos y que existe un gran consenso en este aspecto.

Sin embargo, el departamento no es partidario de bajar la parte fija de la tarifa el¨¦ctrica, como pide el defensor del Pueblo, ya que dicha decisi¨®n supondr¨ªa generar d¨¦ficit tarifario. Seg¨²n fuentes del departamento que dirige ?lvaro Nadal, otra manera de atender dicha petici¨®n ser¨ªa dejar de invertir en redes de transporte o de subvencionar los sistemas extrapeninsulares. La parte fija del recibo cubre apenas el 60% de todos los costes fijos del sistema, que ascienden a unos 19.000 millones de euros anuales.

La instituci¨®n dirigida por Soledad Becerril critica que la elevada parte fija del recibo el¨¦ctrico, que corresponde a los costes regulados del sistema, se ha incrementado en los ¨²ltimos a?os hasta alcanzar unos m¨ªnimos muy elevados, lo cual afecta sobre todo a los hogares en los que no se registra consumo durante la mayor parte del a?o

Asimismo, recuerda que en 2014 se recomend¨® a la Secretar¨ªa de Estado de Energ¨ªa revisar la distribuci¨®n del concepto fijo y variable de la factura el¨¦ctrica porque su actual configuraci¨®n no incentiva el ahorro y se est¨¢ a la espera de que dicha secretar¨ªa comunique si finalmente acepta la recomendaci¨®n.

En materia el¨¦ctrica, el Defensor pide tambi¨¦n que se permita solicitar cambios de potencia contratada m¨¢s de una vez cada 12 meses, algo que tambi¨¦n se rechaza desde Energ¨ªa. En este caso, el rechazo se produce porque dicha medida permitir¨ªa a consumidores con fuerte car¨¢cter estacional evitar el pago de una parte muy importante del coste fijo del sistema por un sistema que tienen instalado durante todo el a?o, lo que repercutir¨ªa en el resto de consumidores.