Jaime Bot¨ªn rompe su acuerdo judicial y ser¨¢ juzgado por delito fiscal
El exbanquero, acusado de defraudar un mill¨®n con su avi¨®n privado, justifica su decisi¨®n por la filtraci¨®n del pacto por parte del fiscal
La oficina de Jaime Bot¨ªn (Santander, 1936) ha comunicado que el exbanquero, que fuera presidente de Bankinter, ha deshecho el acuerdo que ten¨ªa con el juez por el que aceptaba una pena de nueve meses de prisi¨®n por defraudar un mill¨®n de euros por la deslocalizaci¨®n "artificiosa" de un avi¨®n privado de su propiedad. La informaci¨®n, facilitada por Efe el viernes 14 de diciembre pasado, ha roto el pacto de confidencialidad al que Bot¨ªn condicion¨® la validez del acuerdo.
La Fiscal¨ªa se querell¨® contra Jaime Bot¨ªn y otras tres personas, el pasado mes de julio, por la deslocalizaci¨®n del avi¨®n a Portugal, supuestamente, para eludir el pago de m¨¢s de un mill¨®n de euros en impuestos. El pasado jueves, Efe se?al¨® que Bot¨ªn hab¨ªa aceptado una condena de nueve meses de prisi¨®n y 506.134 euros de multa por el caso. Sin embargo, finalmente el banquero opta por ir a juicio, ya que no se respet¨® la confidencialidad que se hab¨ªa pactado. Seg¨²n fuentes del banquero, "la filtraci¨®n de la noticia no procede, obviamente, del propio Juzgado sino que se ha producido a instancia del Ministerio Fiscal o de la Agencia Tributaria".
Fuentes judiciales apuntan que esta es, probablemente, la primera vez que se rompe un acuerdo por falta de confidencialidad entre las partes. Jaime Bot¨ªn mantiene un enfrentamiento desde hace tiempo contra algunos organismos p¨²blicos de la Administraci¨®n.??
"Bot¨ªn nunca ha aceptado una sentencia condenatoria ni ha reconocido ser responsable del delito fiscal al que alude la noticia", asegura su oficina. El 5 de octubre de 2017 se present¨® ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 49 de Madrid, un escrito del Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la defensa de Bot¨ªn, en el que constaba que hab¨ªa consignar el total de la deuda tributaria. "En dicho escrito se conven¨ªa la estricta confidencialidad del acuerdo alcanzado y de la sentencia condenatoria, que no deb¨ªan ser publicados", contin¨²a la nota de los representantes de Bot¨ªn.
El 14 y 15 de diciembre de 2017 apareci¨® la noticia del acuerdo judicial y la aceptaci¨®n de la pena de nueve meses. "Bot¨ªn no ha reconocido nunca, ni va a hacerlo ahora, ser responsable del delito fiscal del que se le acusa y si estuvo inicial y provisionalmente de acuerdo en autorizar el escrito de conformidad fue bajo la condici¨®n de confidencialidad estricta. Se puso especial ¨¦nfasis en la confidencialidad habida cuenta de que en este mismo sumario as¨ª como en otro que afecta a la misma persona, del juzgado de Pozuelo (Madrid) se han venido produciendo, de forma reiterada y siempre en contra del investigado, filtraciones interesadas que no pueden provenir sino de la Fiscal¨ªa o la Agencia Tributaria. Estas filtraciones fueron objeto de denuncia judicial por la parte investigada y dieron lugar a la apertura de un expediente de informaci¨®n reservada por parte del Juzgado n¨²mero 4 de Pozuelo", seg¨²n el comunicado.
"Flagrante vulneraci¨®n del compromiso"
Ante esta situaci¨®n, todo vuelve a su origen. Es decir, Bot¨ªn considera se presentar¨¢ a "un juicio que a¨²n no se ha celebrado" ya que la sentencia de conformidad todav¨ªa no se hab¨ªa llegado a firmar, algo que "no se ha producido ni se va a producir, y constituye una vulneraci¨®n flagrante del compromiso que dio lugar a la firma del escrito de 5 de octubre de 2017, por lo que Bot¨ªn se encuentra desligado de dicho compromiso y considera, adem¨¢s, que es su deber expresar personalmente la causa de la no ratificaci¨®n a la juez, ante quien, por supuesto, comparecer¨¢ cuando sea citado para demostrar su inocencia del delito que se le atribuye".
Por medio del citado acuerdo, Bot¨ªn aceptaba nueve meses de prisi¨®n y una multa de 506.134 euros, as¨ª como un a?o y tres meses de no poder obtener subvenciones y otras ayudas p¨²blicas y sin derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Tras la no ratificaci¨®n, la magistrada ha acordado remitir las actuaciones nuevamente al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 49 de Madrid a fecha anterior al pacto con el fin de que ¨¦ste contin¨²e con la tramitaci¨®n de la causa y realice las diligencias que considere oportunas a instancias de las
partes.
Un avi¨®n que no pag¨® impuestos
En su querella, la Fiscal¨ªa acusa a Bot¨ªn y otras tres personas de crear "un entramado de empresas" con el fin de evitar hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte vigente en Espa?a, pa¨ªs donde el avi¨®n "ten¨ªa su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrej¨®n (Madrid)".
En 2012, la sociedad World Tour, constituida a finales de los ochenta y de la que el exbanquero era propietario, firm¨® un contrato de compra de una aeronave por un precio de 10,7 millones de d¨®lares que se destin¨® "con car¨¢cter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Bot¨ªn y su c¨ªrculo familiar y social".
Seg¨²n Efe, el Ministerio P¨²blico apunta adem¨¢s que los querellados, que conoc¨ªan la existencia de una inspecci¨®n por parte de la Agencia Tributaria "al menos desde octubre de 2016", acordaron un mes m¨¢s tarde celebrar una Junta General de Accionistas que orden¨® liquidar World Tour y adjudicar? la totalidad de su haber social a Bot¨ªn.
"La disoluci¨®n de la sociedad y la deslocalizaci¨®n estuvieron preordenados a hacer in¨²til o dificultosa cualquier reclamaci¨®n administrativa o judicial, de la cuota defraudada", a?ade. Activos patrimoniales que, concluye la Fiscal¨ªa, "no han sido declarados por Jaime Bot¨ªn en sus declaraciones de IRPF y de impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2016 (...) ni en la declaraci¨®n informativa sobre bienes y derechos en el extranjero".
El cuadro de Picasso
El caso del avi¨®n no es el ¨²nico que Jaime Bot¨ªn tiene pendiente. En julio pasado se supo que la Fiscal¨ªa ped¨ªa una pena de cuatro a?os de c¨¢rcel y multa de 100 millones para Jaime Bot¨ªn por delito de contrabando, relacionado con la salida de aguas jurisdiccionales espa?olas del cuadro de Picasso Cabeza de mujer joven, valorado en 26,2 millones de euros, del que le acusa el Ministerio de Educaci¨®n, seg¨²n el escrito del fiscal delegado de Medio Ambiente, C¨¦sar Estirado.
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