Super¨¢vit est¨¦ril

La racionalidad econ¨®mica del decreto que activa los (14.000 millones de) recursos municipales ociosos, procedentes de los super¨¢vits locales embalsados, es indiscutible. En ¨¦pocas de vacas flacas y urgencias financieras, es indispensable movilizar todos los fondos disponibles.

Resulta escandaloso que el grueso de los aparcados en la hucha municipal sean est¨¦riles, no puedan ser usados en estas circunstancias por sus leg¨ªti...

La racionalidad econ¨®mica del decreto que activa los (14.000 millones de) recursos municipales ociosos, procedentes de los super¨¢vits locales embalsados, es indiscutible. En ¨¦pocas de vacas flacas y urgencias financieras, es indispensable movilizar todos los fondos disponibles.

Resulta escandaloso que el grueso de los aparcados en la hucha municipal sean est¨¦riles, no puedan ser usados en estas circunstancias por sus leg¨ªtimos due?os, los Ayuntamientos. Ni por nadie m¨¢s.

Lo impiden el art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n (reformado por un Gobierno socialista y que habr¨ªa que retocar) y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 (elaborada por un Gobierno del PP, e ¨ªdem): ambas normas disponen que las Administraciones locales deben observar el equilibrio presupuestario. Usar su super¨¢vit se entender¨ªa contablemente como incurrir en d¨¦ficit, prohibido para ellas.

El pacto alcanzado entre el Gobierno y la Federaci¨®n de Municipios ¡ªesta, por una minor¨ªa ultrafr¨¢gil¡ª despliega una compleja ingenier¨ªa financiero-jur¨ªdica, destinada a sortear los obst¨¢culos legales a la activaci¨®n de esas reservas.

Recordemos: cesi¨®n municipal voluntaria al Gobierno de 9.000 millones a t¨ªtulo de pr¨¦stamo a 10/15 a?os; recepci¨®n de 5.000 millones como transferencia de este; c¨®mputo de la deuda para la Administraci¨®n central; libre disponibilidad del total por los municipios al vencimiento; compensaciones para los municipios carentes de super¨¢vit.

Compleja, pero ¨²til, por supuesto para el Gobierno, al que le toca la rifa sin apostar. Pero tambi¨¦n entra?a racionalidad econ¨®mica para los Ayuntamientos, que mejoran su situaci¨®n anterior. No hac¨ªan nada con su dinero embalsado.

Y en cambio dispondr¨ªan ahora de 5.000 millones, entre 2020 y 2021, para ¨¢mbitos espec¨ªficos de actuaci¨®n como la movilidad sostenible (de peatonalizaciones a transporte p¨²blico; de movilidad el¨¦ctrica a eficiencia energ¨¦tica en instalaciones p¨²blicas), cuidados de proximidad (servicios sociales, dependientes, guarder¨ªas) y cultura (digitalizaci¨®n de instalaciones culturales y deportivas).

Claro que les ser¨ªa a¨²n mejor poder disponer de todo, para lo cual resultar¨ªa imprescindible otra reforma constitucional expr¨¦s (del ya reformado art¨ªculo 135). ?Est¨¢ la oposici¨®n que tanto protesta por esa labor? No parece.

Porque al cabo la racionalidad econ¨®mica choca con la din¨¢mica pol¨ªtica. Algunos hiperventilados propalan que se trata de una ¡°confiscaci¨®n¡± o una ¡°expropiaci¨®n¡±: es una idiotez, porque acogerse al pacto es del todo voluntario, reza el art¨ªculo 3 del real decreto 27-2020. Y los actos de confiscar o expropiar entra?an obligatoriedad, lo contrario de voluntariedad.

Pero choca frontalmente con el leg¨ªtimo sentimiento identitario de los Ayuntamientos, y con su debida lealtad, en sentido rigorista, al contribuyente local: no se les arranca la propiedad de los recursos, pero s¨ª se les detrae de su (nada fruct¨ªfera) posesi¨®n.

Por eso es clave todo esfuerzo que mejore el acuerdo y lo haga digerible. O en el peor caso, retirar el texto y empezar de nuevo. El Gobierno no debe permitirse una derrota en este asunto. No tanto por el dinero en juego. Ni por orgullo. Sino porque es el preludio de una operaci¨®n de mayor alcance: el necesario consenso global para orquestar el plan nacional de reformas que permita absorber, no ya 14.000 millones de euros municipales, sino 10 veces m¨¢s: los 140.000 millones del plan de recuperaci¨®n econ¨®mica europea que le corresponden a Espa?a.