Conciliaci¨®n, una v¨ªa clave para solucionar los conflictos de tierra en Colombia
La construcci¨®n de nuevas formas de justicia y de gesti¨®n en los territorios m¨¢s afectados por el conflicto armado colombiano es una necesidad urgente para la reconstrucci¨®n y reconciliaci¨®n de sus zonas rurales
Do?a Mar¨ªa, de 80 a?os, tiene una finca en una zona rural del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, escenario de paisajes exuberantes de monta?a que desafortunadamente se ha visto sacudido por el largo conflicto armado en Colombia. Do?a Mar¨ªa tuvo un problema con un vecino, quien, al parecer, ten¨ªa unas plantaciones de ma¨ªz ubicadas en su propiedad. Gracias a un proceso de conciliaci¨®n, el vecino reconoci¨® que el terreno era de do?a Mar¨ªa y le compr¨® la tierra donde estaba el maizal.
Este es solo un peque?o ejemplo donde un conflicto menor pudo resolverse positivamente. Sin embargo, el acceso a la justicia en las zonas rurales sigue siendo un reto importante para el Estado colombiano. Muchas de las disputas en el campo que a¨²n no han sido resueltas tienen que ver con la tenencia y uso de la tierra.
En las zonas rurales de Colombia hay miles de familias con desacuerdos sobre linderos, definici¨®n de servidumbres, formalizaci¨®n de sucesiones, contratos, que llevan a?os sin resolverse. Incluso hay miles de casos donde los propietarios de un predio han muerto y los herederos permanecen con los desacuerdos convirti¨¦ndolo en un conflicto eterno.
Adicionalmente, la falta de acceso a la justicia tambi¨¦n ha afectado las formas tradicionales y propias de resoluci¨®n de conflictos, muchas de ellas resueltas a trav¨¦s de las armas. Los campesinos, en estas zonas remotas, debido a la poca presencia del Estado e instituciones de justicia, en muchos casos se vieron atrapados por la intervenci¨®n de grupos armados al margen de la ley para resolver sus conflictos, trayendo consigo amenazas, muertes e incluso desplazamiento forzado.
A junio 30 de 2020, Colombia reporta m¨¢s de ocho millones de v¨ªctimas de desplazamiento forzado, seg¨²n la Unidad para Atenci¨®n Integral a las V¨ªctimas.
Por ello, la construcci¨®n de nuevas formas de justicia y de gesti¨®n de los conflictos, en los territorios m¨¢s afectados por el conflicto armado en Colombia es una necesidad urgente para la reconstrucci¨®n y reconciliaci¨®n de sus zonas rurales.
El Banco Mundial y la Embajada de Suecia apoyaron al gobierno colombiano en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para implementar M¨¦todos de Resoluci¨®n de Conflictos (MRC), a nivel territorial en zonas de postconflicto. Junto con entidades del gobierno como la Consejer¨ªa para la Estabilizaci¨®n y la Consolidaci¨®n, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras, se realizaron jornadas de orientaci¨®n, formaci¨®n y conciliaci¨®n, enfocadas a generar capacidades locales que permitan superar conflictos menores de tenencia de tierras.
¡°Para llegar a este escenario de reconciliaci¨®n en las zonas rurales, si bien es necesario promover el cierre de las brechas entre las ¨¢reas urbanas y rurales respecto al acceso a la justicia formal, tambi¨¦n resulta esencial la consolidaci¨®n de m¨¦todos alternativos de resoluci¨®n de conflictos que sean de f¨¢cil acceso para los campesinos, a la vez de vinculantes y v¨¢lidos para el Sistema de Administraci¨®n de Justicia, para promover la convivencia pac¨ªfica¡±, se?al¨® Ivonne Moreno, especialista de tierras del Banco Mundial.
La conciliaci¨®n en el nuevo escenario de construcci¨®n de paz
La conciliaci¨®n es un mecanismo alternativo de acceso a la justicia, mediante el cual las partes en disputa invitan a un tercero encargado a proponer f¨®rmulas de acuerdo. Este tercero puede ser un funcionario p¨²blico (Inspector de polic¨ªa, personero, procurador, entre otros) o un particular (presidentes de juntas de acci¨®n comunal o l¨ªder de la comunidad). La conciliaci¨®n busca una resoluci¨®n de conflictos de manera m¨¢s econ¨®mica y efectiva que los mecanismos ordinarios, aportando sustancialmente a la construcci¨®n de una convivencia pac¨ªfica y al acercamiento de la justicia a la ciudadan¨ªa.
¡°Se trata de llevar la justicia m¨¢s cerca al campesino, en el entendido de que la resoluci¨®n de conflictos es una forma de hacer justicia sin la intervenci¨®n necesaria de un juez para asuntos menores. Las capacitaciones son clave, hay mucha experiencia en Colombia sobre resoluci¨®n alternativa de conflictos, pero no se hab¨ªan utilizado activamente en el tema de tierras, y ahora lo estamos haciendo¡±, explic¨® Moreno.
Hasta ahora, las experiencias en conciliaci¨®n han tenido lugar fundamentalmente a nivel urbano. Lo novedoso de esta iniciativa es acercar los conciliadores a las zonas rurales, donde se presentan los conflictos menores sobre asuntos de tenencia de la tierra. Este apoyo se concreta en procesos de formaci¨®n y capacitaci¨®n y en la realizaci¨®n de jornadas de conciliaci¨®n y orientaci¨®n a campesinos de los municipios afectados por el conflicto.
Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio jur¨ªdico y Centro de Conciliaci¨®n de la Universidad del Magdalena, consider¨® que estas jornadas adem¨¢s de acercar la justicia a zonas rurales con precaria presencia del estado y falta de conocimiento de la poblaci¨®n frente a sus derechos, contribuyen en la formaci¨®n de estudiantes universitarios que luego pueden convertirse en multiplicadores de estas pr¨¢cticas en sus regiones.
Otros pa¨ªses como Bolivia, Burundi, Camboya, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Sud¨¢frica o Timor Oriental han aplicado M¨¦todos de Resoluci¨®n de Conflictos para temas asociados a la propiedad y tenencia de la tierra.
Entre las principales lecciones aprendidas en estos pa¨ªses est¨¢n: informar a la comunidad sobre los MRC para que no los confunda; hacer seguimiento a los acuerdos logrados y crear un registro de los casos tramitados; formar y capacitar a las personas que apliquen estos m¨¦todos; e incorporar temas de g¨¦nero. Asimismo, los MRC se deben articular con las entidades p¨²blicas; y en caso de que no se logre un acuerdo por esta v¨ªa, se debe remitir a la justicia ordinaria.
Retos para una adecuada implementaci¨®n en el ¨¢mbito rural
En el ¨¢mbito rural, los servicios de conciliaci¨®n en Colombia son casi inoperantes: un 88% de la oferta de conciliaci¨®n se concentra en grandes ciudades y aglomeraciones, el 5% en ciudades intermedias, solo el 7% en el ¨¢rea rural y rural dispersa; y el 45% de los municipios no cuentan con oferta de conciliaci¨®n. Es as¨ª como los mecanismos de resoluci¨®n de conflictos no han tenido una penetraci¨®n suficiente en el ¨¢mbito rural.
La ausencia de una justicia especializada en asuntos de tierras y de una autoridad agraria presente en todo el territorio nacional justifica la necesidad de la conciliaci¨®n, como mecanismo para contener y transformar los conflictos en torno a la tenencia de la tierra. Sin embargo, la posibilidad de que la conciliaci¨®n tenga un desarrollo adecuado para estos asuntos se enfrenta a grandes retos:
- Los asuntos relacionados con la tenencia y uso de la tierra tradicionalmente han sido excluidos de los asuntos conciliables.
- Por efectos del conflicto armado, la prestaci¨®n de los servicios de conciliaci¨®n se ha alejado tanto f¨ªsica como metodol¨®gicamente de lo rural y lo agrario. La pervivencia o surgimiento de nuevos grupos armados que buscan controlar el territorio en algunos municipios, imposibilitan que las comunidades rurales accedan a la justicia o a los m¨¦todos de resoluci¨®n de conflictos.
- El costo para las comunidades rurales, en materia de registro y tr¨¢mites notariales, es algo que requiere replantearse para que todos los campesinos y habitantes rurales puedan acceder a estos servicios de justicia.
- La conciliaci¨®n por s¨ª misma no puede resolver la compleja conflictividad existente si no se acompa?a con una presencia institucional robusta que resuelva de fondo los temas estructurales que caracterizan los conflictos por la tierra.
- Se requieren ajustes del marco legal y un arreglo institucional que involucre de forma integral y coordinada a la naci¨®n con el territorio, y a la institucionalidad de tierras con la de justicia. Esto para garantizar el fortalecimiento de capacidades de los actores locales y la puesta en marcha de un sistema de informaci¨®n que permita una comunicaci¨®n fluida entre todos.
Jairo Bedoya es comunicador del Banco Mundial.
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