Soy funcionario interino, ?alguna vez tendr¨¦ plaza fija?

Covadonga D¨ªaz aprob¨® en 1996 las oposiciones para convertirse en educadora social de la Comunidad de Madrid, pero se qued¨® lejos de la nota de corte y no pudo optar a una de las 16 vacantes ofertadas ese a?o. Desde entonces, no ha parado de trabajar como trabajadora temporal en diferentes centros p¨²blicos de menores. Ahora teme que la plaza que ocupa provisionalmente salga a concurso y la manden al paro sin un euro de indemnizaci¨®n. Por eso, ha decidido poner su caso en manos de la justicia: ¡°Solo quiero que se reconozca el abuso del que he sido v¨ªctima y se sancione¡±.

En los ¨²ltimos a...

Covadonga D¨ªaz aprob¨® en 1996 las oposiciones para convertirse en educadora social de la Comunidad de Madrid, pero se qued¨® lejos de la nota de corte y no pudo optar a una de las 16 vacantes ofertadas ese a?o. Desde entonces, no ha parado de trabajar como trabajadora temporal en diferentes centros p¨²blicos de menores. Ahora teme que la plaza que ocupa provisionalmente salga a concurso y la manden al paro sin un euro de indemnizaci¨®n. Por eso, ha decidido poner su caso en manos de la justicia: ¡°Solo quiero que se reconozca el abuso del que he sido v¨ªctima y se sancione¡±.

En los ¨²ltimos a?os, miles de funcionarios y trabajadores interinos de larga duraci¨®n han solicitado judicialmente mantenerse en sus puestos de trabajo sin tener que pasar por un nuevo proceso selectivo, alegando fraude de ley. Aunque los tribunales han reconocido que se est¨¢n cometiendo abusos, no les han dado totalmente la raz¨®n, porque entienden que la conversi¨®n de contratos temporales en indefinidos es propia del Derecho laboral y no del ¨¢mbito administrativo, donde rigen los principios constitucionales de igualdad, m¨¦rito y capacidad. Ahora, exigen una reforma legislativa para salir del laberinto judicial al que se han visto abocados estos profesionales.

El conflicto viene de lejos y tiene su origen en la temporalidad que afecta al sector p¨²blico, donde uno de cada cuatro empleados es eventual (27%). Muchos de estos profesionales encadenan a?os en el mismo puesto, sin que se convoquen oposiciones. Y todo ello, a pesar de que el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico (EBEP) marca un plazo m¨¢ximo de tres a?os para que las plazas salgan a concurso. ¡°El problema es que la ley no fija un castigo cuando se supera ese l¨ªmite temporal y se perpet¨²an las condiciones de precariedad¡±, se?ala Javier Arauz, abogado que representa a m¨¢s de 7.000 interinos en toda Espa?a.

Precisamente Arauz estuvo detr¨¢s de la demanda que dio lugar a uno de los hitos judiciales m¨¢s importantes para el colectivo: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) de mazo de 2020. La resoluci¨®n considera que la falta de ofertas de empleo p¨²blico no justifica la perpetuaci¨®n de los interinos y deja en manos de los jueces espa?oles c¨®mo poner fin al abuso, bien convirti¨¦ndoles en empleados fijos o bien reconoci¨¦ndoles el derecho a una indemnizaci¨®n. En todo caso, apunta el TJUE, deber¨¢ ser una sanci¨®n que ¡°disuada¡± a las Administraciones de seguir incumpliendo la ley.

Sentencias contradictorias

Hasta ahora, un juzgado (de Alicante) y un Tribunal Superior de Justicia (el de Galicia) se han decantado por la fijeza. No obstante, otras dos sentencias del Supremo dictadas en septiembre de 2020 han echado por tierra la posibilidad de que los interinos pasen directamente a ser indefinidos, ya que su proceso de selecci¨®n no es equiparable a un concurso-oposici¨®n en el que ¡°pueden participar con car¨¢cter general todas las personas interesadas¡±. Es decir, que no es posible entrar en la Administraci¨®n por la puerta de atr¨¢s.

El m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional en Espa?a mantiene as¨ª su doctrina de sancionar el fraude laboral en el sector p¨²blico reconociendo a los afectados como indefinidos no fijos (si son trabajadores con contratos temporales) o blind¨¢ndoles igualmente hasta que se celebren oposiciones (si son funcionarios sin plaza). ¡°En el fondo, lo que hacen los magistrados es legislar a golpe de sentencia para dar estabilidad a estos empleados, sin llegar a otorgarles un puesto para toda la vida¡±, explica Salvador Beltr¨¢n, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Granada.

El doble varapalo judicial ha llevado a varias agrupaciones de interinos a manifestarse estos d¨ªas en diferentes ciudades para exigir inspecciones y una modificaci¨®n del EBEP que les permita conservar su empleo si se demuestra que ha habido irregularidades, en l¨ªnea con la sentencia la TJUE. A la letrada del Ayuntamiento de Alicante, Ana Barrachina, no le convence la iniciativa dado que ¡°supondr¨ªa crear una nueva categor¨ªa de empleados p¨²blicos de dif¨ªcil encaje constitucional¡±. Una opini¨®n que comparte Javier Reyes, abogado laboralista de Ceca Mag¨¢n, convencido de que el fallo europeo ¡°est¨¢ siendo interpretado mal, pues no impone una ¨²nica soluci¨®n¡±.

Ambos expertos apuestan porque se celebren unas oposiciones en las que se otorgue m¨¢s importancia a los servicios prestados (hasta un 45%). Es, precisamente, la alternativa preferida de los sindicatos mayoritarios, que buscan no perjudicar a los funcionarios de carrera. Pero las plataformas de interinos no parecen estar dispuestas a pasar por el aro. ¡°La sentencia del TJUE determina que los procesos selectivos no comportan un efecto negativo en el empleador ni sirven para evitar que siga habiendo abusos¡±, afirma Ana D¨ªaz, portavoz de la Agrupaci¨®n de Trabajadores Temporales P¨²blicos (TTPS).

El profesor de Derecho laboral de la Universidad de Valencia, Daniel Toscani, recuerda que siempre queda la opci¨®n de aprobar una ley que fije indemnizaciones ¡°adecuadas y proporcionales¡± para estos profesionales, en caso de que su puesto sea adjudicado definitivamente a otra persona. Ser¨ªa, seg¨²n Toscani, una forma resolver el rompecabezas sin sacrificar ning¨²n principio constitucional, aunque obviamente ¡°subir¨ªa el gasto p¨²blico¡±. La pelota est¨¢ ahora en el tejado del Gobierno, que el pasado mes de junio anunci¨® que entre sus objetivos para esta legislatura est¨¢ aprobar nuevas sanciones al abuso de la temporalidad y medidas para reducirla.