El Consejo de Estado recomend¨® reforzar los controles sobre los fondos europeos en su pol¨¦mico informe

El Consejo de Estado ha publicado este lunes su dictamen sobre el decreto que regula la gesti¨®n de los fondos europeos. El PP y Ciudadanos hab¨ªan acusado al Gobierno de ocultar el documento, que no era preceptivo ni vinculante, porque sus conclusiones eran ¡°demoledoras¡±. El informe concluye en realidad que el proyecto del Ejecutivo ¡°merece en su conjunto una opini¨®n favorable¡±, aunque se?ala la necesidad de reforzar los controles sobre las ayu...

El Consejo de Estado ha publicado este lunes su dictamen sobre el decreto que regula la gesti¨®n de los fondos europeos. El PP y Ciudadanos hab¨ªan acusado al Gobierno de ocultar el documento, que no era preceptivo ni vinculante, porque sus conclusiones eran ¡°demoledoras¡±. El informe concluye en realidad que el proyecto del Ejecutivo ¡°merece en su conjunto una opini¨®n favorable¡±, aunque se?ala la necesidad de reforzar los controles sobre las ayudas y hace otras observaciones. La Moncloa recuerda que este dictamen se elabor¨® antes de la aprobaci¨®n definitiva del decreto, y asegura que se incorporaron varias de sus recomendaciones en la versi¨®n final.

¡°El Consejo de Estado aprecia el esfuerzo realizado por el Gobierno para articular en tan breve plazo un conjunto de medidas que tienen como principal objetivo permitir una mejor gesti¨®n y ejecuci¨®n de las diferentes actuaciones financiables con fondos europeos¡±, dice el organismo. Pese a esta valoraci¨®n positiva, el informe tambi¨¦n desliza varias cr¨ªticas al texto inicial, que fue el que se present¨® para el dictamen.

No obstante, el Gobierno dispuso de este informe antes de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre los fondos europeos. Y fuentes de La Moncloa aseguran que numerosas recomendaciones, especialmente varias de las esenciales, han sido incluidas en el texto final y destacan que la opini¨®n del Consejo de Estado sobre el conjunto es ¡°favorable¡±.

El primer borrador al que hace referencia este informe caus¨® gran malestar e incertidumbre entre los altos funcionarios porque se levantaban muchos controles para conseguir una mayor velocidad de ejecuci¨®n de los fondos europeos. Sin embargo, la versi¨®n final restituye parte de ellos. Por ejemplo, en el primer borrador se daban solo cinco d¨ªas a la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado para comprobar de manera previa, y si no se aplicaba un muestreo. En cambio, en la versi¨®n definitiva se ve la mano de Hacienda: ahora la Intervenci¨®n tiene libertad de acceso a los sistemas de informaci¨®n para hacer una auditor¨ªa en l¨ªnea de todos los compromisos de gasto.

Tambi¨¦n se deja en manos de Hacienda el registro de las empresas interesadas, en lugar de colocarlo en Industria, como se hizo en un primer momento. Es decir: se pasa de tenerlo en un ministerio m¨¢s orientado al gasto a otro m¨¢s centrado en el control. Y restablece, como pide el Consejo de Estado, una serie de informes preceptivos y algunos mecanismos de fiscalizaci¨®n previa que se hab¨ªan eliminado. Se a?ade el uso de la declaraci¨®n responsable.

Por el contrario, a la luz de la lectura del informe, se desoyen algunas recomendaciones en el decreto finalmente aprobado. El Consejo de Estado reclama que los proyectos estrat¨¦gicos o PERTE est¨¦n mejor definidos. Aunque la norma tiene vocaci¨®n para todas las administraciones, solo regula la Central y puede acabar provocando una dispersi¨®n normativa en las competencias que no son del Estado. Destaca la necesidad de evaluar bien cu¨¢ndo se utiliza la colaboraci¨®n p¨²blico-privada y exige garant¨ªas para que no haya una ¡°proliferaci¨®n injustificada¡± de consorcios, algo que no se modifica en el texto que vio la luz en el BOE.

El Consejo de Estado tambi¨¦n rechaza que en algunos casos se retire la autorizaci¨®n previa de Hacienda para los convenios, un punto que el decreto mantiene. En general, el Consejo avala reducir plazos pero no suprimir informes.

Agilizar las ayudas

El informe del Consejo recuerda que la UE va a tener un ¡°papel fundamental¡± en la gesti¨®n y ejecuci¨®n de los fondos, ¡°lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicaci¨®n¡± de los recursos. Por eso, para evitar que Bruselas enmiende al Gobierno, el organismo pone el ¨¦nfasis en que no se eliminen controles. De hecho, el decreto estaba dise?ado para gestionar con agilidad la ingente cantidad de ayudas que vendr¨¢n de Europa, sacrificando tr¨¢mites previos.

El ¨®rgano consultivo subraya que, aunque sea necesario flexibilizar la gesti¨®n de los fondos europeos debido al contexto de m¨¢xima urgencia, es necesario a la vez garantizar ¡°el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignaci¨®n¡± de los recursos y ¡°su vinculaci¨®n a los fines para los que sean concedidos¡±. Espa?a es el segundo pa¨ªs de la UE m¨¢s beneficiado por el man¨¢ europeo, por detr¨¢s de Italia. Para este a?o, el Gobierno ya ha recogido en los Presupuestos unos 24.000 millones del mecanismo Next Generation EU, a los que hay que a?adir otros 10.000 millones del fondo React-EU que se repartir¨¢n entre Sanidad y las comunidades. En los pr¨®ximos a?os Espa?a dispondr¨¢ de 140.000 millones, la mitad en subsidios no reembolsables.

El documento lanza una ¡°severa cr¨ªtica¡± a que no se haya adjuntado al expediente el informe de la Intervenci¨®n. En este sentido, explica que hubiera sido ¡°de inestimable valor¡± conocer la postura de este organismo ¡°sobre las distintas medidas consistentes en la supresi¨®n o modulaci¨®n de diversos mecanismos de control¡±. Adem¨¢s censura que como documentaci¨®n complementaria se incumpla ¡°la exigencia del an¨¢lisis de impacto presupuestario¡± de las ayudas europeas, insistiendo en que, pese a la elevada incertidumbre, ¡°es importante preservar el rigor en la gesti¨®n de los ingresos y gastos p¨²blicos¡± y sin ese an¨¢lisis no se puede valorar adecuadamente el impacto del proyecto y si se cumple o no con ese rigor presupuestario, algo en lo que no entra el Consejo de Estado.

El dictamen recuerda que existen ¡°l¨ªmites jur¨ªdicos¡± al uso de la figura del decreto ley, que el Gobierno ha empleado ampliamente desde que estall¨® la pandemia y para esta norma. Aunque el Consejo de Estado reconozca que la situaci¨®n actual no tiene precedentes, subraya que ¡°no significa que el Gobierno pueda actuar sin restricci¨®n alguna¡±. Pero aun as¨ª concluye que en esta ocasi¨®n est¨¢ justificado su uso por la urgencia para cumplir con las exigencias de la UE.

Expectaci¨®n elevada

La expectaci¨®n por la publicaci¨®n de este documento era elevada, ya que se hab¨ªa convertido en un motivo de ataques al Gobierno. El PP y Ciudadanos llevan semanas acusando al Ejecutivo de querer ocultar el informe por su contenido ¡°demoledor¡±. Y pese a que el dictamen valore de forma favorable el proyecto en su conjunto, las dos formaciones se enrocaron este lunes en su postura. El l¨ªder del PP, Pablo Casado, avanz¨® que pedir¨¢ una comparecencia del Gobierno para que explique por qu¨¦ no hizo p¨²blico antes este documento, algo a lo que en realidad el Ejecutivo no estaba obligado. Su portavoz econ¨®mica, Elvira Rodr¨ªguez, ha acabado reconociendo en declaraciones a TVE que desde el borrador inicial hasta la aprobaci¨®n final, el Gobierno ¡°ha arreglado algunas cosas¡±, Rodr¨ªguez ha acabado centrando su cr¨ªtica en que el informe del Consejo de Estado revela ¡°cu¨¢l era la intenci¨®n¡± inicial del Gobierno y no tanto en lo que se ha aprobado.

En definitiva, el informe parece menos cr¨ªtico de lo que suger¨ªan el PP y Ciudadanos. Buena parte de las observaciones no tienen la menor carga pol¨ªtica, como cuestionar la extensi¨®n del pre¨¢mbulo, pedir que la terminolog¨ªa empleada para referirse a algunos organismos sea homog¨¦nea o que el t¨ªtulo del propio decreto fuera m¨¢s preciso. El informe lanza algunos reproches de tipo t¨¦cnico, reclama una mayor fiscalizaci¨®n que en parte el Gobierno introdujo antes de aprobar el decreto y encuentra ¡°graves insuficiencias¡± en la memoria de impacto normativo aportada, pero no en el decreto en s¨ª. Aunque algunas cr¨ªticas pol¨ªticas se aferraron a esa frase para denunciar un supuesto ¡°descontrol¡± y ¡°chapuza¡±, ninguna de esas palabras figuran tampoco en el informe. Adem¨¢s, el dictamen no cuestiona ni la utilizaci¨®n del decreto ley, ni el grueso de la regulaci¨®n que incorpora. El informe tampoco pone en duda la constitucionalidad de la norma, ni sugiere que el Tribunal Constitucional la anular¨ªa en caso de ser recurrida.

El Consejo de Estado se?ala que ¡°las estructuras de gobernanza previstas tampoco plantean problema alguno¡±, pues son ¡°fruto de la decidida voluntad del Gobierno de acometer, con todos los medios organizativos posibles, las tareas necesarias para posibilitar la m¨¢s ¨¢gil y eficaz canalizaci¨®n de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperaci¨®n. Para ello se perfilan unas estructuras de gobernanza ambiciosas, y en cierto modo complejas, dada la multitud de ¨®rganos intervinientes¡±. La gobernanza de los fondos europeos ha sido duramente criticada por el PP y el hecho de que reciba ese respaldo expreso del Consejo de Estado debilita su argumentaci¨®n.

Colaboraci¨®n p¨²blico-privada

El informe del Consejo de Estado tambi¨¦n pone la lupa sobre el instrumento de la colaboraci¨®n p¨²blico-privada, al que el decreto del Gobierno sobre la gesti¨®n de los fondos europeos confiere una ¡°gran importancia¡±. Explica que es una figura que se emplea desde el siglo XIX, pero que lejos de configurarse siempre como la soluci¨®n m¨¢s id¨®nea, tambi¨¦n presenta algunos inconvenientes.

Y en este sentido recuerda que en el Libro Verde sobre la colaboraci¨®n p¨²blico-privada de la Uni¨®n Europea relativo a contrataci¨®n p¨²blica y concesiones ya se hab¨ªa lanzado una advertencia. All¨ª se se?alaba que hay que determinar para cada proyecto si esta figura de verdad ofrece una ventaja real en relaci¨®n con otras alternativas, ¡°en concreto con la adjudicaci¨®n m¨¢s cl¨¢sica de un contrato, evitando el recurso a ella sistem¨¢ticamente¡±. Pero al entrar a analizar la principal figura de colaboraci¨®n p¨²blico-privada con los fondos europeos el dictamen solo hace peque?as recomendaciones de car¨¢cter t¨¦cnico y sin carga pol¨ªtica, observaciones que el propio Consejo de Estado no considera esenciales.

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