El Gobierno prorroga tres meses las medidas antidesahucios

El fin del estado de alarma, previsto para el pr¨®ximo 9 de mayo, no supondr¨¢ el decaimiento de las medidas especiales antidesahucios puestas en marcha por la pandemia, como estaba previsto inicialmente. As¨ª lo ha anunciado Pedro S¨¢nchez este mi¨¦rcoles en el Congreso. El presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo prorrogar¨¢ tres meses las normas que impiden desahuciar a personas vulnerables y el resto de medidas en vigor sobre alquileres, como las moratorias o reducciones de r...

El fin del estado de alarma, previsto para el pr¨®ximo 9 de mayo, no supondr¨¢ el decaimiento de las medidas especiales antidesahucios puestas en marcha por la pandemia, como estaba previsto inicialmente. As¨ª lo ha anunciado Pedro S¨¢nchez este mi¨¦rcoles en el Congreso. El presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo prorrogar¨¢ tres meses las normas que impiden desahuciar a personas vulnerables y el resto de medidas en vigor sobre alquileres, como las moratorias o reducciones de rentas. Horas despu¨¦s, Podemos ha exigido que la extensi¨®n se aplique al menos hasta el 31 de diciembre, lo que provocar¨¢ previsiblemente una nueva fricci¨®n en el Ejecutivo a costa de las pol¨ªticas de vivienda. Mientras, PSOE y Podemos han acordado, en la negociaci¨®n sobre la nueva ley de Vivienda, que los ayuntamientos graven las casas vac¨ªas a trav¨¦s del IBI.

Tras una ardua negociaci¨®n entre los dos socios de Gobierno, el pasado diciembre se aprob¨® un refuerzo de las medidas antidesahucios para extenderlas a m¨¢s colectivos vulnerables. Desde el inicio de la pandemia, estas se hab¨ªan aplicado a inquilinos que hab¨ªan visto perjudicada su capacidad econ¨®mica por el coronavirus (por haber quedado en paro o estar en un ERTE, haber reducido jornada para cuidar de otras personas u otras circunstancias an¨¢logas que conlleven una p¨¦rdida de ingresos que impida hacer frente a la renta). Con el paso de los meses esa medida se consider¨® insuficiente y se ampli¨® a cualquier hogar considerado vulnerable, aunque ya lo fuera antes de la irrupci¨®n del coronavirus. El mecanismo consiste b¨¢sicamente en que si los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad de los inquilinos, el desahucio se paraliza durante la duraci¨®n del estado de alarma.

El decreto de diciembre fue m¨¢s all¨¢ e incluso contempl¨® algunos supuestos en los que las personas que ocupan la vivienda no tienen contrato de alquiler ni ning¨²n otro t¨ªtulo legal que les permita vivir all¨ª. As¨ª, cuando en el hogar hay v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero, personas dependientes o menores, el juez debe prorrogar unos meses el desahucio para dar tiempo a las administraciones a buscar una casa donde alojar a esa familia. Este supuesto, que encontr¨® fuerte oposici¨®n del sector inmobiliario, se ampli¨® en una reforma de enero tambi¨¦n a procesos penales (los lanzamientos o desahucios pueden solicitarse por v¨ªa civil o, si se considera que hay delito de usurpaci¨®n, por la penal) y se refiere b¨¢sicamente a pisos que son propiedad de empresas o grandes propietarios. Quedan excluidas todas las casas que se acredite que son la primera o la segunda residencia de otra persona o que la entrada en la vivienda se ha hecho mediante violencia o intimidaci¨®n a otras personas.

Todas esas medidas se justificaron con que, en un periodo en que las autoridades recomendaban a la ciudadan¨ªa permanecer el m¨¢ximo tiempo posible en casa para contener la pandemia, por ejemplo con toques de queda, no ten¨ªa sentido dejar a gente en la calle sin un lugar alternativo donde vivir. Por ello se acord¨® poner como fecha tope aquella en que acabase el estado de alarma. De hecho, algunas de esas medidas, excluyendo las que afectan a los procesos penales, se est¨¢n tratando en la negociaci¨®n de la futura ley de vivienda. Pero esta se est¨¢ retrasando por las divergencias entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidad Podemos, ni siquiera est¨¢ claro que vaya a llegar un borrador de la misma al Congreso antes del 9 de mayo, y hab¨ªa temor entre algunas organizaciones sociales de que el final del estado de alarma supusiera una avalancha de desahucios paralizados por los jueces en los ¨²ltimos meses.

Otras medidas

Seg¨²n ha anunciado S¨¢nchez, la pr¨®rroga contemplar¨¢ tambi¨¦n extender el resto de medidas sobre los alquileres, igualmente destinadas en principio a finalizar el pr¨®ximo mes. Estas b¨¢sicamente consisten en la pr¨®rroga forzosa de seis meses para inquilinos a los que se les acaba el contrato de alquiler y la posibilidad de solicitar moratorias o reducciones temporales de renta por parte de los inquilinos con dificultades. Cuando el casero es un gran propietario (el que tiene m¨¢s de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros) tiene la obligaci¨®n de reducir durante un m¨¢ximo de cuatro meses la renta a la mitad o de aceptar una moratoria por ese mismo periodo, de manera que luego las cuatro mensualidades no percibidas se recuperan prorrateadas en lo que resta de contrato. No obstante, todas estas medidas solo pueden solicitarse una vez, es decir, que no afectan a arrendatarios que a lo largo del ¨²ltimo a?o ya se hayan acogido a las mismas.

De realizarse la pr¨®rroga durante tres meses como se ha anunciado, eso significar¨ªa que tanto las normas que paralizan algunos desahucios como las de alivio econ¨®mico de los inquilinos estar¨ªan vigentes al menos hasta el 9 de agosto. Pero habr¨¢ que esperar al BOE para conocer la fecha definitiva ya que fuentes del Ministerio de Transportes han se?alado que el asunto deber¨¢ ser consensuado entre los dos socios de Gobierno. De hecho por la tarde, Podemos ha se?alado que su planteamiento ser¨ªa llevar la pr¨®rroga hasta que acabe 2021. En la misma, adem¨¢s, les gustar¨ªa incluir la prohibici¨®n de cortes de suministros b¨¢sicos (luz, agua y gas) a hogares vulnerables.

En cualquier caso la voluntad del Gobierno, al menos en lo referente a las expulsiones de vivienda, es ir m¨¢s all¨¢. En la negociaci¨®n de la ley de vivienda tanto PSOE como Podemos han abogado por establecer un mecanismo similar al existente. Es decir, si el juez tiene constancia por un informe de los servicios sociales de que los inquilinos est¨¢n en situaci¨®n de vulnerabilidad, debe paralizar el desahucio un m¨¢ximo de tres meses para que las Administraciones encuentren una vivienda alternativa a esa familia. Seg¨²n se anunci¨® en su d¨ªa, la futura normativa no contemplar¨¢ en principio los supuestos penales (lo que m¨¢s revuelo levant¨®, y que incluso motiv¨® un recurso del PP que el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver).

Estas medidas se aplican fundamentalmente cuando el arrendador es una empresa o un gran propietario, ya que en el caso de los particulares, estos pueden alegar tambi¨¦n la necesidad de percibir las rentas de alquiler para no quedar en situaci¨®n de vulnerabilidad. En ese caso, el juez debe ponderar si decide continuar con el desahucio o no. Adem¨¢s, la paralizaci¨®n tiene siempre un car¨¢cter temporal (tres meses en el caso de personas que ocupan la vivienda sin contrato legal) porque el planteamiento es dar una soluci¨®n temporal para encontrar una alternativa donde vivir a las personas que van a ser expulsadas. Pero el gran problema de Espa?a es la falta de vivienda social (el parque sobre el total de casas es apenas del 2,5%, de los m¨¢s bajos de Europa) lo que hace que ni siquiera en ese plazo se pueda encontrar esa alternativa. Por ello el decreto de diciembre contemplaba unas indemnizaciones para los grandes propietarios que tuvieran que acoger durante m¨¢s de cuatro meses a una familia como consecuencia de la paralizaci¨®n de un desahucio. Dichas indemnizaciones, sin embargo, quedaron pendientes de un desarrollo normativo que, a punto de cumplirse cuatro meses desde la entrada en vigor de aquel decreto, todav¨ªa no se ha completado.

Temor a un repunte de desahucios

La fecha del 9 de mayo estaba en el punto de mira de muchas organizaciones sociales, que alertaban de que pod¨ªa marcar el inicio de una escalada de desahucios, despu¨¦s de que el a?o pasado estos cayeran a la mitad (m¨¢s por la inactividad de los juzgados durante el primer estado de alarma que por las propias medidas). Tambi¨¦n lo hab¨ªa se?alado el Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, ha celebrado el anuncio del presidente. ¡°Pedro S¨¢nchez ha escuchado nuestra demanda¡±, ha dicho Colau, destacando que la pr¨®rroga ¡°es una petici¨®n de m¨ªnimos¡±. ¡°Ser¨¢ insuficiente, se ha de aprobar la ley de derecho a la vivienda¡±, ha a?adido la alcaldesa, informa Clara Blanchar.

Este jueves las organizaciones de la iniciativa Por una ley que garantice el derecho a la vivienda han convocado una protesta ante el Congreso en la que estaba previsto pedir precisamente la pr¨®rroga de las normas antidesahucios. Dicha plataforma, que agrupa a unas 100 organizaciones ¡ªdesde sindicatos de inquilinos hasta la Platafoma de Afectados por la Hipoteca y las principales organizaciones sindicales espa?olas¡ª, tambi¨¦n reivindicar¨¢ que se acelere la elaboraci¨®n de la futura ley de vivienda, en la que generalmente se muestra m¨¢s pr¨®xima a los planteamientos de Podemos que a los del PSOE.

Ambos socios siguen hablando sobre la misma, una vez incumplido el compromiso de enviar un borrador al Congreso el pasado febrero. Fuentes conocedoras de las negociaciones se?alan que el tema de los desahucios estar¨¢ sobre la mesa, aunque en principio no parece que esto afecte mucho a lo anunciado por S¨¢nchez, que previsiblemente se solucionar¨¢ con una pr¨®rroga de las actuales medidas sin introducir modificaciones sustanciales en las mismas. M¨¢s espinosos son otros asuntos, aunque tambi¨¦n se van cerrando acuerdos. Tras la ¨²ltima reuni¨®n celebrada este martes, por ejemplo, qued¨® claro que el mecanismo para gravar las viviendas vac¨ªas (en lo que hab¨ªa consenso) ser¨¢ el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Podemos hab¨ªa apostado inicialmente por crear un nuevo gravamen, pero finalmente se har¨¢ permitiendo a los Ayuntamientos que repercutan el ya existente al introducir a esos efectos una definici¨®n de lo que es vivienda vac¨ªa (actualmente en teor¨ªa se puede recargar un 50%, pero el problema de los Consistorios es que al no existir esa definici¨®n, la medida es pr¨¢cticamente inaplicable). Las discusiones se centran en cu¨¢nto se recargar¨¢ dicho impuesto, que el PSOE prefiere dejar en el 50% actual mientras que a Podemos le gustar¨ªa elevarlo sustancialmente.