El despiste del PP en vivienda

La nueva ley de vivienda que ha anunciado el Gobierno ha desatado un intenso debate centrado sobre todo en sus aspectos econ¨®micos. Sin embargo, las cr¨ªticas no han valorado suficientemente los intentos de reconocer el derecho a la vivienda un aspecto en el que Espa?a lleva un serio retraso respecto a Europa.

El amago del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley podr¨ªa acabar en un serio chasco. El resultado judicial podr¨ªa ser lo contrario de lo buscado. Los jueces podr¨ªan acabar otorgando un mayor reconocimiento del derecho a la vivienda acogiendo los criterios dominantes en la Uni¨®n Europea.

Con independencia del desatino que supone anunciar el recurso de una norma, de la que todav¨ªa no se conoce su redacci¨®n, lo cierto es que el derecho a la vivienda ha experimentado notables avances en la Uni¨®n durante los ¨²ltimos a?os.

El cambio m¨¢s trascendental se registr¨® en 2014, cuanto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declar¨® en su sentencia Monika Kusionov¨¢, que ¡°el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el art¨ªculo 7 de la Carta¡± (de los Derechos Fundamentales de la Uni¨®n Europea). Se trata de una resoluci¨®n muy significativa que invoca varios pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En Espa?a, el Tribunal Constitucional ha registrado un giro extraordinario en la ¨²ltima d¨¦cada. En 2010 mostr¨® una sonora falta de sensibilidad al desestimar el recurso del juez Guillem Soler, ante la indefensi¨®n en que se encontraban las v¨ªctimas de las ejecuciones hipotecarias. El grave error del Constitucional fue enmendado por el TJUE en marzo de 2013 en el caso Aziz, que puso al descubierto el anacronismo de nuestras leyes, gracias al tes¨®n del abogado Dionisio Moreno y el conocimiento del derecho comunitario del magistrado Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo.

Posteriormente, el tribunal europeo ha dictado numerosas sentencias que han modificado varias normas espa?olas y la jurisprudencia del Supremo. Resoluciones que han empoderado a las asociaciones de consumidores y a cientos de miles de particulares que han acudido a unos tribunales para exigir sus derechos.

Estos cambios han alcanzado tambi¨¦n al Constitucional. En febrero de 2019, dict¨® una sentencia, que signific¨® un cambio radical en su trayectoria, al dar amparo a un particular que iba a ser desahuciado. Su fundamento fue garantizar la primac¨ªa del derecho europeo.

La soluci¨®n del problema de la vivienda no est¨¢ solo en manos del derecho. Los pa¨ªses que lo han resuelto, como Austria y Holanda, han desarrollado equipamientos de viviendas sociales, con participaci¨®n de municipios, cooperativas y asociaciones sociales desde hace m¨¢s de un siglo. En Viena y ?msterdam, el 60% de sus habitantes viven en viviendas sociales p¨²blicas o privadas.

Sin duda la ley podr¨ªa ser mejorada. Lo inaceptable es ¡°no hacer nada¡±, seg¨²n el PP, ante un mercado con m¨¢s de 70.000 viviendas en manos de fondos especulativos y una incesante oleada de desahucios. Elevar los derechos de los m¨¢s vulnerables es un buen comienzo.