Atasco en las renovables: la lentitud administrativa pone en peligro un centenar de gigavatios en proyectos

El 25 de enero est¨¢ marcado en rojo en las agendas de los principales actores del sector energ¨¦tico espa?ol. Salvo giro radical de guion en las pr¨®ximas semanas, centenares de proyectos de parques e¨®licos y fotovoltaicos pasar¨¢n ese d¨ªa a mejor vida si las comunidades aut¨®nomas y el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica no son capaces de...

El 25 de enero est¨¢ marcado en rojo en las agendas de los principales actores del sector energ¨¦tico espa?ol. Salvo giro radical de guion en las pr¨®ximas semanas, centenares de proyectos de parques e¨®licos y fotovoltaicos pasar¨¢n ese d¨ªa a mejor vida si las comunidades aut¨®nomas y el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica no son capaces de tramitar antes las declaraciones de impacto ambiental que les permitan seguir adelante.

Si el bloqueo administrativo se mantiene, perder¨¢n de un plumazo los derechos de conexi¨®n a la red que consiguieron a partir de 2018 y los 40 euros por megavatio (MW) de potencia prevista que tuvieron que ofrecer como garant¨ªa para estar en la carrera para generar energ¨ªa verde. Diferentes fuentes aseguran que la potencia instalable a futuro amenazada por la falta de tramitaci¨®n se situar¨ªa cerca de los 100 gigavatios de potencia. Es el doble de la existente actualmente y las dos terceras partes de la suma total de los proyectos que est¨¢n en distintas fases de tramitaci¨®n administrativa.

Ese retraso es un obst¨¢culo en la senda de descarbonizaci¨®n ¡ªaunque, habida cuenta del enorme volumen de gigavatios en tramitaci¨®n, todo apunta a que se cumplir¨¢n con holgura¡ª y, sobre todo, expone a las Administraciones a una cascada de reclamaciones judiciales de responsabilidad patrimonial (un punto de conexi¨®n asegura 30 a?os de actividad con ingresos a precios de la energ¨ªa) y de litigios para recuperar los avales por parte de los promotores.

Un portavoz del ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica ha preferido no hacer comentarios ante las peticiones de este diario para hablar sobre la materia y se ha referido a las afirmaciones de la ministra Teresa Ribera repetidas en los ¨²ltimos d¨ªas. ¡°No tenemos la menor intenci¨®n de prorrogar los plazos. Hemos hecho una ronda con todas las comunidades, insistiendo en algo bastante obvio: ya se prorrog¨® el a?o pasado con un mensaje muy expl¨ªcito sobre la importancia de resolver en plazo, y eso se mantiene¡±, afirm¨® el viernes.

¡°Es importante dar salida a estas decisiones: es un bloqueo que no beneficia a nadie y no se explicar¨ªa que no se resolviera en plazo. Es fundamental que las administraciones auton¨®micas aceleren en su tramitaci¨®n¡±, agreg¨® la vicepresidenta tercera, dejando la pelota en el tejado de las comunidades, donde est¨¢ ¡°la mayor parte¡± del atasco, seg¨²n Jos¨¦ Mar¨ªa Gonz¨¢lez Moya, director general de la asociaci¨®n sectorial APPA.

Temor en aumento

La preocupaci¨®n entre los promotores es creciente a medida que se aproxima la fecha l¨ªmite. Fuentes del sector calculan que quedan pendientes de conseguir el preceptivo informe ambiental proyectos con una capacidad de 88 gigavatios (GW) de energ¨ªa solar y otros 38 GW de e¨®lica y que las administraciones est¨¢n saturadas porque la presentaci¨®n de proyectos se multiplic¨® por casi diez entre 2019 y 2021.

Los proyectos que cuentan con el pertinente permiso de acceso de Red El¨¦ctrica de Espa?a (REE, hoy Redeia) pero que a¨²n est¨¢n a la espera de la luz verde de las comunidades aut¨®nomas o del Gobierno central suman casi 144 GW. De ellos, el 70% ¡ªalrededor de 100 GW, seg¨²n los datos de Monitor Deloitte (la divisi¨®n de consultor¨ªa estrat¨¦gica de la firma)¡ª caducar¨¢n el pr¨®ximo 25 de enero si antes no han conseguido el visto bueno a su declaraci¨®n de impacto ambiental.

Medios escasos

¡°Ni las comunidades ni la Administraci¨®n General del Estado estaban ni est¨¢n preparadas para gestionar tantos expedientes: esta avalancha les ha pillado en mantillas¡±, subraya Luis Atienza, expresidente de REE y uno de los mayores conocedores del sistema el¨¦ctrico espa?ol. ¡°Algunas, con buena intenci¨®n, han recurrido a apoyo externo, pero al final los expedientes los tiene que firmar el funcionario y eso no hay forma de cambiarlo¡±. Los intentos para que se impusiera el criterio de silencio administrativo positivo ¡ªen plata: que la falta de respuesta de las autoridades equivalga a un s¨ª¡ª tampoco han fructificado.

¡°La Administraci¨®n se tiene que dotar de m¨¢s medios¡±, sentencia Laureano ?lvarez, socio de Monitor Deloitte especializado en energ¨ªa. Seg¨²n sus datos, desde 2018, la potencia que tienen que revisar se ha multiplicado por siete. Y desde 2019, el n¨²mero de proyectos se ha multiplicado casi por diez, ¡°mientras que las plantillas de funcionarios siguen siendo estructuralmente las mismas¡±. El atasco renovable, dice, no es un fen¨®meno ¨²nicamente espa?ol: tambi¨¦n se est¨¢ dando en otros pa¨ªses europeos tambi¨¦n: ¡°La permisolog¨ªa es uno de los principales cuellos de botella para el despegue de las renovables, tanto aqu¨ª como en el resto de Europa¡±.

Tirar atr¨¢s los proyectos retrasar¨ªa mucho el proceso: ¡°Si pierdes el punto de conexi¨®n, hay que esperar a que te toque uno en el concurso de REE para asignarlos¡±, apunta el gerente de EolicCat, Jaume Morron. Solo se ha celebrado uno de ellos y el segundo, con una capacidad de m¨¢s de cinco GW que se ten¨ªa que celebrar en octubre, sigue a la espera.

Riesgo de judicializaci¨®n

En algunos casos hay una cuota de responsabilidad de los promotores. En casi todos, sin embargo, es mayor la de la Administraci¨®n. ¡°Eso abre un debate sobre qu¨¦ hacer: ?dejar que mueran proyectos solo porque no pueden cumplir los tiempos fijados por la Administraci¨®n por culpa de la propia Administraci¨®n?¡±, se pregunta ret¨®ricamente. ¡°No puede penalizar a los administrados por carencias de su propia gesti¨®n. El riesgo, adem¨¢s, es que se acabe judicializando todo¡±.

En 2020 el Gobierno aprob¨® un decreto, entre cuyos objetivos estaba el de acar de en medio aquellas empresas que ped¨ªan puntos de conexi¨®n a la red para parques renovables ¨²nicamente para despu¨¦s venderlos, por lo que calendarizaba una serie de hitos para mantenerlos en el proceso. A partir de ese momento, los puntos de conexi¨®n se repartir¨ªan por concurso y se daba de tiempo hasta principios de 2022 para obtener la DIA.

Lejos de conseguir que decayeran los proyectos dudosos, se produjo un efecto llamada ante el temor de perder esos puntos de evacuaci¨®n de energ¨ªa. Hasta el punto de que hoy algunos permisos de conexi¨®n superan entre tres y nueve veces la estimaci¨®n de instalaci¨®n de parques renovables de la regulaci¨®n del Gobierno. Los promotores aceleraron los trabajos para conseguir el pl¨¢cet ambiental y los presentaron. Las administraciones vieron de repente una avalancha de documentaci¨®n por analizar y, ante lo que se les ven¨ªa encima hace poco menos de un a?o, el Ejecutivo decidi¨® alargar el plazo para digerir ese trabajo durante doce meses m¨¢s. Hasta hoy, que sigue el empacho. Y las dudas en torno a una potencial nueva pr¨®rroga.

Pese a la rotunda negativa de Ribera, tanto Atienza como ?lvarez, de Deloitte, apuestan por una extensi¨®n del plazo in extremis para evitar da?os mayores. ¡°Van a tener que aplicar alg¨²n tipo de pr¨®rroga inteligente: que se puedan alargar los plazos en todos los proyectos en los que el promotor ha cumplido escrupulosamente con todo. Incluso si se supera la criba del pr¨®ximo 25 de enero, vamos hacia una indigesti¨®n imposible en 2024 y 2025¡å, desgrana el primero. ¡°El Gobierno est¨¢ pillado entre el deseo de depurar los proyectos para hacer caer los inviables y el riesgo de hacerlo por una v¨ªa que abra un proceso de litigios muy importante, con sentencias judiciales que puedan incluso retrotraer las decisiones, devolviendo los permisos de acceso a quienes se le concedieron originalmente¡­ Lo van a tener que hacer con mucho tino, para no cargarse proyectos viables. En muchos casos la declaraci¨®n de impacto ambiental acabar¨¢ siendo negativa, pero en otros no¡±.

Incluso si en enero decaen ese centenar de megavatios pendiente de autorizaci¨®n, los objetivos del Plan Nacional Integrado para la Energ¨ªa y el Clima (PNIEC, que se revisar¨¢ al alza el a?o que viene) parecen a resguardo: la proliferaci¨®n de proyectos de e¨®lica y fotovoltaica en los ¨²ltimos a?os hace que sea sustancial el margen de maniobra. ¡°Vamos un poco por debajo de lo que deber¨ªamos, pero no est¨¢ en riesgo¡±, afirma el director general de APPA Renovables. Aun as¨ª, tanto Gonz¨¢lez Moya como Atienza llaman a evitar cualquier relajaci¨®n: ¡°Este embudo nos frena tener un chute importante de nueva capacidad verde en los tres o cuatro pr¨®ximos a?os. Y nos jugamos mucho: es el factor que va a hacer que tengamos la electricidad m¨¢s barata en la segunda mitad de esta d¨¦cada y en las siguientes. Por una vez, tenemos la suerte de tener mejor recurso [sol] y m¨¢s terreno que los dem¨¢s. Pero no podemos permitirnos este atasco ni enredarnos en litigios¡±, avisa el segundo.

Un ¡°problem¨®n¡± para el sector

El presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola E¨®lica, Juan Virgilio M¨¢rquez, califica el asunto de ¡°problem¨®n¡±, del que culpa a la falta de capacidad de la administraci¨®n. M¨¢rquez explica que la tramitaci¨®n de las declaraciones de impacto ambiental es la parte m¨¢s pesada, porque es muy garantista y ha de salir adelante tras responder las decenas de alegaciones de cada uno de los proyectos, muchos de los cuales tienen mucha contestaci¨®n social, adem¨¢s de superar farragosos informes como el de avifauna, para el que es necesario un a?o de observaciones. ¡°La tramitaci¨®n ambiental es el punto m¨¢s complicado del proceso; son documentos de 2.000 p¨¢ginas, y las administraciones no est¨¢n dando abasto porque no tienen capacidad para asumir tanto expediente en tan poco tiempo¡±, agrega.

Alfonso Vargas, presidente de la patronal andaluza de promotores (Claner), muestra la fiebre de energ¨ªas renovables en su comunidad con datos: los proyectos a la espera del visto bueno ambiental suman 25 GW, frente a los ya 9 instalados. ¡°Hay una cantidad ingente, calculamos que en torno a 600. Hace un mes, la Junta dijo que no tendr¨ªan problemas en cumplir los plazos, pero yo creo que es muy complicado¡±. El sector ve en Extremadura, Arag¨®n y la propia Andaluc¨ªa las comunidades que m¨¢s est¨¢n apoyando (y, por tanto, agilizando) la eclosi¨®n de este tipo de proyectos en su territorio. En el lado opuesto figuran Catalu?a, Valencia, el Pa¨ªs Vasco y Madrid.