Odisea judicial ante un gigante econ¨®mico

Las actividades comerciales m¨¢s relevantes de los ciudadanos se realizan mediante contratos de adhesi¨®n en los que las condiciones son impuestas por las empresas. Son negocios muy desiguales en los que el consumidor est¨¢ en clara situaci¨®n de inferioridad y en los que abundan condiciones abusivas. La justicia europea y espa?ola consideran nulas las condiciones abusivas. Sin embargo, en la vida real el exorbitante poder de las corporaciones convierte en una verdadera epopeya acabar con los abusos.

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Las actividades comerciales m¨¢s relevantes de los ciudadanos se realizan mediante contratos de adhesi¨®n en los que las condiciones son impuestas por las empresas. Son negocios muy desiguales en los que el consumidor est¨¢ en clara situaci¨®n de inferioridad y en los que abundan condiciones abusivas. La justicia europea y espa?ola consideran nulas las condiciones abusivas. Sin embargo, en la vida real el exorbitante poder de las corporaciones convierte en una verdadera epopeya acabar con los abusos.

Un reciente ejemplo ilustra las dificultades para hacer efectivos los derechos. En octubre de 2013, la asociaci¨®n Alianza para la Defensa de Consumidores y Usuarios Activos (ADECUA), demand¨® a Iberia e Iberia Express por aplicar recargos en la compra de billetes con tarjeta de cr¨¦dito. Iberia exig¨ªa un cargo adicional por pasajero de 5 euros en vuelos dom¨¦sticos y de 8,5 euros en el resto. Iberia Express estableci¨® cargos similares. La asociaci¨®n estim¨® que los cargos pod¨ªan ascender a 55 millones anuales, seg¨²n su abogado Antonio Castillo.

La demanda, a la que se adhiri¨® el Fiscal, fue estimada por la juez Amanda Cohen Benchetrit, que en 2014 conden¨® a las compa?¨ªas a eliminar las citadas condiciones tras considerarlas nulas por abusivas. La ley de servicios de pago, trasposici¨®n de una directiva europea, proh¨ªbe exigir ¡°el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilizaci¨®n de cualquiera instrumentos de pago¡±. La sentencia fue confirmada ¨ªntegramente por la Audiencia de M¨¢laga en 2017.

Sin embargo, las empresas lograron eludir la resoluci¨®n. Para apremiar el cumplimiento de la sentencia, la juez impuso una multa de 600 euros diarios a las compa?¨ªas que no tuvo ning¨²n efecto ante su escasa cuant¨ªa. Tampoco lo tuvo su aumento a 2.000 euros diarios. Segu¨ªa siendo rentable mantener los recargos a pesar de la sanci¨®n. La desigual batalla entre el abogado y las compa?¨ªas se prolong¨® durante a?os mientras iban cambiando los jueces. Finalmente en 2023, la situaci¨®n cambi¨® radicalmente. La magistrada Mar¨ªa Jos¨¦ Galiano Nieves, elev¨® la sanci¨®n a 20.000 euros diarios y exigi¨® a las empresas que identificaran a un responsable de su cumplimiento. Se acab¨® el choteo. Y el pasado enero Iberia consign¨® en el Juzgado 2.861.200 euros en concepto de multa. Galiano es experta en la materia y coautora del libro Manual de reclamaciones a¨¦reas (Marcial Pons).

¡°Me queda un sabor agridulce¡±, confiesa el abogado Antonio Castillo. ¡°Por una parte tengo la satisfacci¨®n de haber doblegado a un gigante. Pero, por otra, veo que han podido estar nueve a?os sin cumplir¡±.

Los abusos de las corporaciones, adem¨¢s de perjudicar a los consumidores, da?an a la econom¨ªa con m¨¢s inflaci¨®n. Los da?os para la econom¨ªa de la asimetr¨ªa de la informaci¨®n, caracter¨ªstica de los contratos de adhesi¨®n, fueron se?alados por los premios N¨®bel Akerlof, Stiglitz y Spence, en 2001, y por Hart y Holmstr?m en 2016. Aqu¨ª el ejercicio de los derechos suele exigir heroicidades individuales, que luego benefician a todos. Los gobiernos est¨¢n todav¨ªa muy alejados de estas menudencias de la econom¨ªa dom¨¦stica.

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