Las comunidades controlan 211.000 casas de alquiler social, un 1,2% del parque de vivienda
Los datos facilitados por las autonom¨ªas apuntan a un aumento en los ¨²ltimos cuatro a?os, pese a que Espa?a sigue muy lejos de la media europea
Las comunidades aut¨®nomas controlan cerca de 211.000 viviendas sociales en r¨¦gimen de alquiler, de las cuales poseen aproximadamente 196.000. Es un n¨²mero superior al de cuatro a?os atr¨¢s, pero sigue siendo exiguo en comparaci¨®n con el parque de viviendas: representa entre un 1,1% y un 1,2% del total de casas que hay en Espa?a seg¨²n el censo de 2011 (el INE est¨¢ pendiente de publicar la actualizaci¨®n con datos de 2021). Los parques auton¨®mi...
Las comunidades aut¨®nomas controlan cerca de 211.000 viviendas sociales en r¨¦gimen de alquiler, de las cuales poseen aproximadamente 196.000. Es un n¨²mero superior al de cuatro a?os atr¨¢s, pero sigue siendo exiguo en comparaci¨®n con el parque de viviendas: representa entre un 1,1% y un 1,2% del total de casas que hay en Espa?a seg¨²n el censo de 2011 (el INE est¨¢ pendiente de publicar la actualizaci¨®n con datos de 2021). Los parques auton¨®micos s¨ª suponen el grueso de la vivienda social que hay en Espa?a, que seg¨²n las ¨²ltimas estimaciones del Gobierno se sit¨²a entre 290.000 y 300.000 viviendas.
El c¨¢lculo ha sido realizado con datos facilitados a EL PA?S por las 17 comunidades aut¨®nomas. A partir de las respuestas se ha tratado de homogeneizar la cifra, puesto que se dan realidades muy diferentes por territorios y las modalidades de vivienda protegida suponen una aut¨¦ntica sopa de letras. La suma total, que arroja la cifra exacta de 210.971 casas, incluye en algunos casos viviendas que no son de titularidad p¨²blica, pero que algunos gobiernos aut¨®nomos consideran dentro de su sistema de alquileres sociales.
En la parte baja de la horquilla, las 195.779 viviendas que se consideran de titularidad auton¨®mica (aunque hay algunas que no lo son exactamente) se han computado en t¨¦rminos comparables con el Observatorio de Vivienda y Suelo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana public¨® en septiembre de 2020 (con datos de 2019) y que constituye el ¨²ltimo recuento de car¨¢cter oficial sobre el volumen de vivienda p¨²blica que se ha hecho en Espa?a. En el mismo figuraban 184.358 viviendas protegidas para arrendamiento o arrendamiento con opci¨®n de compra en manos de las autonom¨ªas. Eso supone que en cuatro a?os se habr¨ªan sumado unas 10.000 viviendas, lo que significa un 6% m¨¢s.
Pese a ello, el porcentaje de arrendamientos sociales respecto a los 18 millones de primeras residencias que hay en Espa?a se queda muy lejos de la media europea del 9,3%, seg¨²n el mismo informe ministerial. Y ese peso de la vivienda social sobre el total todav¨ªa se diluir¨¢ m¨¢s, previsiblemente, cuando se publiquen datos del censo de 2021, porque otras fuentes estad¨ªsticas, como la proyecci¨®n de hogares del INE, apuntan a que en Espa?a hay ya actualmente unos 19 millones de hogares.
Mejor¨ªa generalizada
Con respecto a cuatro a?os atr¨¢s, casi todas las autonom¨ªas han aumentado sus cifras de vivienda de titularidad auton¨®mica o de entes dependientes. Los mayores incrementos en volumen son las 4.257 casas de m¨¢s que computa la Comunidad Valenciana, las 2.809 del Pa¨ªs Vasco y las 2.158 de Canarias. Pero tambi¨¦n Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Catalu?a declaran unas cifras que supone haber ganado en todos los casos m¨¢s de 1.500 viviendas. En porcentajes, destacan Murcia (75% de aumento) y otras comunidades con parques peque?os como La Rioja, donde un aumento de 215 casas supone aumentar m¨¢s del 600% porque part¨ªa de una cifra de apenas 35 pisos.
Por el contrario, en Andaluc¨ªa el parque habr¨ªa bajado en un 1,5%, con 736 casas de titularidad auton¨®mica menos, y en Asturias en casi 900 viviendas, con un retroceso del 8,4%. La ca¨ªda es del 20% en Arag¨®n (154 menos) y del 58% en Galicia (5.254 casas menos). En estos dos ¨²ltimos casos hay que tener en cuenta que el grueso de la vivienda que declaraban tener en 2019 se correspond¨ªa con la modalidad de alquiler con opci¨®n a compra. No obstante, Arag¨®n y Galicia, junto con Castilla y Le¨®n y Cantabria, se encuentran entre los territorios con un menor porcentaje de vivienda social en relaci¨®n con el total de casas, todas por debajo del 0,5%.
Los porcentajes m¨¢s elevados son el 3,2% de Extremadura y el 3% del Pa¨ªs Vasco, que con un c¨®mputo de m¨¢s de 26.000 viviendas es la que tiene el sistema m¨¢s nutrido tras Andaluc¨ªa, que con cerca de 50.000, iguala en porcentaje la medida nacional. Madrid, con m¨¢s de 22.000 viviendas, es la tercera por volumen, pero en porcentaje est¨¢ por debajo, con un 0,9%. Y lo mismo le pasa Catalu?a, que se acerca a las 22.000 si se suman a sus 18.000 viviendas otras 4.000 cedidas para que las gestione una agencia de la Generalitat, pero todo junto apenas representa el 0,7% del total del parque.
Los arrendamientos en manos de las comunidades aut¨®nomas no son toda la vivienda social que hay en Espa?a. En el bolet¨ªn de 2020 se sumaban casi 64.000 casas en manos de ayuntamientos de m¨¢s de 20.000 habitantes (Barcelona, por ejemplo, era la ciudad con m¨¢s casas sociales al acercarse a las 9.000). Al sumar estas, junto con otras municipales o de entidades del tercer sector que no se han computado, la cifra se acercar¨ªa a ese entorno de 290.000 a 300.000 viviendas de las que habla el Gobierno y que equivaldr¨ªa al 1,6% del total de primeras residencias. El porcentaje se queda a a?os luz de los de Pa¨ªses Bajos (30%) Austria (24%) o Dinamarca (21%), seg¨²n los datos que maneja el informe ministerial de hace tres a?os. Entre las grandes econom¨ªas continentales, Francia y el Reino Unido rondan el 17%, mientras que Alemania o Italia no llegan al 4%.
La carencia de vivienda social tiene consecuencias graves, m¨¢xime cuando en la ¨²ltima d¨¦cada Espa?a ha incrementado su porcentaje de inquilinos y asiste, como otras econom¨ªas avanzadas, a una crisis de asequibilidad de la vivienda que de momento no encuentra fin. ¡°El problema fundamental es que estamos aumentando la desigualdad desde hace tiempo, que las ciudades cada vez son m¨¢s segregadas¡±, sintetiza Jes¨²s Leal, catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa y profesor honor¨ªfico de la Universidad Complutense de Madrid. Una situaci¨®n, a?ade, que provoca ¡°polarizaci¨®n¡± y ¡°es pasto de populismos y de enfrentamientos extremos¡±.
En la base del problema, Leal sit¨²a que ¡°se ha promocionado mucho tiempo el acceso en propiedad y se ha descuidado la formaci¨®n de un patrimonio de vivienda social que puede dar respuesta tanto a los j¨®venes como a familias con menos recursos¡±. Un problema agravado por el hecho de que Espa?a cuenta con ¡°pocos y malos datos sobre la vivienda social y qui¨¦n la habita¡±, algo que cree que la nueva ley de vivienda no solucionar¨¢, aunque s¨ª ¡°posibilita¡± una soluci¨®n a largo plazo. Esta es fortalecer el parque social con nuevas promociones, p¨²blicas o en colaboraci¨®n con el sector privado, pero el experto advierte que igualar la tasa del 9% de viviendas sociales que tiene Europa requerir¨¢ ¡°duplicar e incluso triplicar¡± el magro presupuesto actual. ¡°E incluso as¨ª llevar¨ªa 30 a?os¡±, apostilla.
Aumentar la vivienda social fue precisamente una de las banderas que el Gobierno enarbol¨® en la campa?a de las pasadas elecciones municipales y auton¨®micas. En diferentes intervenciones, el presidente, Pedro S¨¢nchez, prometi¨® cerca de 200.000 nuevas casas para alquiler a precios asequibles. En el caso de que todas se hicieran realidad, una gran parte engrosar¨ªan los parques auton¨®micos, ya que son las comunidades las que tienen las competencias para ello. No obstante, los planes mezclaban inmuebles ya existentes con promociones que llevar¨¢n a?os en construirse o con opciones de compra de pisos de la Sareb que, en muchos casos, los ejecutivos aut¨®nomos ya han descartado por creer que no se adecuan a sus necesidades. Pese a ello, Administraciones de todo color pol¨ªtico han impulsado en los ¨²ltimos tiempos nuevas promociones, normalmente con formas de colaboraci¨®n p¨²blico-privadas, para levantar m¨¢s pisos de alquiler a precios regulados. Una ingente labor a la vista de los datos actuales.
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