Transportes blinda al taxi con nuevas limitaciones a los VTC tras la sentencia europea

La amenaza de movilizaciones masivas de los taxistas en v¨ªsperas de la campa?a electoral para los comicios generales del 23-J ha surtido efecto. Apenas dos semanas despu¨¦s de que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) tumbara la actual limitaci¨®n de una licencia de veh¨ª...

La amenaza de movilizaciones masivas de los taxistas en v¨ªsperas de la campa?a electoral para los comicios generales del 23-J ha surtido efecto. Apenas dos semanas despu¨¦s de que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) tumbara la actual limitaci¨®n de una licencia de veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC) por cada 30 de taxi, el Gobierno ha aprobado un decreto ley que introduce nuevas restricciones para sortear el fallo europeo y evitar as¨ª una avalancha de licencias de Uber, Cabify o Bolt para poder circular por las calles en competencia con el taxi.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que modifica la Ley de Ordenaci¨®n de Transporte Terrestre (LOTT), con el fin de incluir nuevas exigencias basadas en criterios de propiedad del veh¨ªculo, medioambientales o de congesti¨®n de tr¨¢fico para las empresas y particulares que quieran conseguir una autorizaci¨®n de VTC, tal y como adelant¨® EL PA?S. En la pr¨¢ctica, y dada la amplitud de los nuevos criterios y su discreccionalidad, las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n rechazar a voluntad los miles de licencias de VTC (hasta 100.000, seg¨²n los taxistas) pendienets de autorizaci¨®n. Muchas de ellas fueron rechazadas en base a la ratio 1/30 que ha declarado ilegal el TJUE y, por tanto, volv¨ªan a ahora a estar legitimadas, como denunciaron las asociaciones de taxistas que tem¨ªan un alud de autorizaciones si el Gobierno no pon¨ªa remedio.

Tras una negociaci¨®n bilateral con las asociaciones de taxistas (Antaxi y ?lite Taxi) que hab¨ªan amenazado con bloquear las arterias de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona si no se atend¨ªan sus exigencias, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha alumbrado una reforma expr¨¦s de la LOTT para permitir que se denieguen las licencias VTC ¡°pendientes de otorgamiento¡± aplicando criterios de mejora de la calidad del aire, reducci¨®n de emisiones de CO2, de la gesti¨®n del transporte, del tr¨¢fico y del espacio p¨²blico previsto. Unos requisitos que no se aplicar¨¢n a los taxis, que no han tardado en agradecer la deferencia al Gobierno suspendiendo la gran manifestaci¨®n que hab¨ªa convocada este jueves, d¨ªa 29, en Madrid.

Transportes argumenta que la nueva regulaci¨®n afecta ¨²nicamente a las autorizaciones de VTC estatales que habilitan para la realizaci¨®n de transporte interurbano con recorridos que deben iniciarse en la comunidad aut¨®noma donde est¨¦n domiciliadas, correspondiendo a las comunidades y entidades locales regular las autorizaciones para la realizaci¨®n del transporte urbano. La norma establece que la autorizaci¨®n ser¨¢ denegada si, en el momento del otorgamiento, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeraci¨®n incluida en la comunidad aut¨®noma del domicilio de la autorizaci¨®n, de conformidad con el ¨²ltimo informe publicado por el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico. Todo ello sin perjuicio de que las comunidades aut¨®nomas puedan establecer, para las autorizaciones que se domicilien en su territorio, otros criterios de mejora de la calidad del aire en el marco de lo previsto en el derecho comunitario o en las directrices de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud.

Asimismo, la autorizaci¨®n podr¨¢ ser denegada por aplicaci¨®n de criterios objetivos relativos a la reducci¨®n de emisiones de CO2, gesti¨®n del transporte, del tr¨¢fico y del espacio p¨²blico, establecidos para su ¨¢mbito territorial por las comunidades competentes. En relaci¨®n con la gesti¨®n del tr¨¢fico, deber¨¢ utilizarse un criterio objetivo de congesti¨®n viaria que podr¨¢ estar basado en un indicador que refleje la diferencia entre la velocidad media en condiciones de flujo libre y la velocidad registrada en distintos momentos del d¨ªa u otros criterios que se puedan establecer por la comunidad. Por su parte, las entidades locales podr¨¢n establecer, en su caso, de conformidad con la legislaci¨®n auton¨®mica, la solicitud de una autorizaci¨®n adicional a la auton¨®mica para realizar transporte urbano en su ¨¢mbito territorial, que deber¨¢ estar justificada por razones de inter¨¦s p¨²blico.

Adem¨¢s, se incorporan medidas para garantizar que las licencias otorgadas responden en efecto a un VTC que est¨¢ en servicio para evitar la pr¨¢ctica de que se piden varias autorizaciones para un solo veh¨ªculo. De esta forma, se les exige que cada autorizaci¨®n deba estar en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento a largo plazo con una duraci¨®n superior a tres meses.

Asimismo, para completar el escudo legal en favor del taxi, la norma declara el taxi como ¡°servicio de inter¨¦s p¨²blico¡± del transporte de viajeros, justificando ese cambio en ¡°la naturaleza de la actividad, que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestaci¨®n suficiente en todo el territorio¡±. En realidad, bajo esa consideraci¨®n de ¡°servicio p¨²blico¡±, lo que el Gobierno trata es de justificar legalmente que los taxistas no tengan que cumplir las normas y restricciones que se apliquen a los VTC. Una discriminaci¨®n que choca frontalmente con la doctrina de la sentencia del TJUE, que estableci¨® que proteger los intereses econ¨®micos de la industria del taxi o garantizar su viabilidad econ¨®mica de los taxis ¡°no constituyen una raz¨®n imperiosa de inter¨¦s general que justifique una restricci¨®n a la libertad de establecimiento de los VTC¡±,

Reacci¨®n de los VTC

Feneval y Unauto-VTC, las principales patronales de las compa?¨ªas que explotan los VTC, no han tardado en reaccionar, anunciando que solicitar¨¢n a la Comisi¨®n Europea que abra un procedimiento contra el Gobierno de Espa?a, al entender que esta regulaci¨®n contraviene la sentencia del TJUE, que establece claramente que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el inter¨¦s general y que ¨¦ste no es en ning¨²n caso ¡°la viabilidad econ¨®mica del sector del taxi¡±. Las asociaciones denuncian que el Gobierno contradice el principio de proporcionalidad que establece que cualquier regulaci¨®n sobre el transporte urbano de inter¨¦s general (definidas en la sentencia como protecci¨®n del medio ambiente, gesti¨®n de tr¨¢fico y del espacio p¨²blico) no pueden ser discriminatorias y que, por tanto, deben aplicar en igualdad de condiciones a taxis y VTC.

Asimismo, se quejan de que la ¡°regulaci¨®n expr¨¦s en forma de real decreto ley¡± haya sido negociada exclusivamente con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, a los que no se les ha consultado en ning¨²n momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros. El Ministerio mantuvo una reuni¨®n con ambas asociaciones el pasado viernes, d¨ªa 23, pero sin trasladarle el contenido de la reforma. ¡°Todo ello en plena campa?a electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas¡±, afirman las patronales.

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