Varapalo al taxi: la justicia europea rechaza la limitaci¨®n de las licencias a las VTC

El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que la restricci¨®n espa?ola a las licencias de veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC), que operan a trav¨¦s de plataformas como Cabify o Uber, es contraria al derecho comunitario. El fallo se centra concretamente en el reglamento del ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB), que recoge el l¨ªmite estatal de un permiso administrativo de VTC por cada 30 de taxis. La sentencia admite, en cambio, la posibilidad de exigir la obtenci¨®n de ¡°una licencia adicional a la prevista a nivel nacional¡± si se considera ¡°necesaria para la buena gesti¨®n del transporte, del tr¨¢fico, del espacio p¨²blico y la protecci¨®n del medio ambiente¡±. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a deber¨¢ retomar ahora el caso y decidir si anula alguno de los preceptos del reglamento del AMB.

Con la sentencia de la justicia europea se abre ahora una nueva batalla judicial de alcance nacional entre ambos colectivos de transporte. De una parte, las empresas de VTC tendr¨¢n un argumento para recurrir cualquier legislaci¨®n auton¨®mica o municipal que intente aplicar ese baremo del 1/30. Por otra, los taxistas se agarrar¨¢n al fallo europeo para exigir a las administraciones, ya sean auton¨®micas o municipales, que impongan esa segunda licencia a los VTC, como ha hecho la AMB bajo la tutela de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La sentencia de los magistrados de Luxemburgo tiene un poso salom¨®nico. No rechazan que puedan establecerse determinadas restricciones. ¡°Los objetivos de buena gesti¨®n del transporte, del tr¨¢fico y del espacio p¨²blico de una conurbaci¨®n, as¨ª como de protecci¨®n del medio ambiente, pueden constituir razones imperiosas de inter¨¦s general¡±, se?ala la sentencia publicada este jueves. Por eso mismo, considera que las licencias administrativas que exige la regulaci¨®n barcelonesa ¡°pueden considerarse necesarias¡± para alcanzar esos objetivos.

Sin embargo, el texto legal exige ¡°proporcionalidad¡±. Y aqu¨ª es donde falla la ratio de una licencia de VTC por cada 30 permisos para taxis, puesto que creen que la ratio del AMB ¡°no parece id¨®nea para garantizar la consecuci¨®n de los objetivos de buena gesti¨®n del transporte, del tr¨¢fico y del espacio p¨²blico, as¨ª como de protecci¨®n del medio ambiente¡±, seg¨²n la sentencia.

La sentencia del TJUE llega despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalu?a elevara en enero de 2021 dos cuestiones prejudiciales a los magistrados de Luxemburgo, tras el recurso interpuesto por la empresa Prestige and Limousine, filial de Cabify, contra el reglamento de la autoridad metropolitana. En su argumentaci¨®n, los jueces del TSJ catal¨¢n explicaban que ¡°intuyen que en el presente litigio se habr¨ªan aplicado normas nacionales o internas que habr¨ªan vulnerado el deber de respetar las normas generales del TFUE [Tratado de Funcionamiento de la UE]¡±.

La justicia europea admite que la mejora de la gesti¨®n del tr¨¢fico es de inter¨¦s p¨²blico, pero deja claro que ¡°garantizar la viabilidad econ¨®mica de los servicios de taxi es un motivo de car¨¢cter puramente econ¨®mico que no puede constituir una de esas razones¡± de inter¨¦s p¨²blico para restringir la actividad de los VTC y, por tanto, no lo es tampoco fijar una ratio de un VTC por cada 30 taxis.

Segunda licencia

Respecto a la exigencia de una segunda licencia urbana en el AMB, el tribunal tambi¨¦n la considera contraria al derecho comunitario, aunque matiza que ¡°puede considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de buena gesti¨®n del transporte, del tr¨¢fico y del espacio p¨²blico, as¨ª como de protecci¨®n del medio ambiente¡±. Pero a?ade: ¡°Esta autorizaci¨®n espec¨ªfica debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorizaci¨®n nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB¡±.

Ya en diciembre pasado, el abogado general de la Uni¨®n Europea se pronunci¨® contra esa ratio que impone el ?rea Metropolitana de Barcelona. Argumentaba que una medida as¨ª va contra el art¨ªculo 49 de los Tratados de la Uni¨®n Europea, que, literalmente, proh¨ªbe las restricciones a ¡°la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro¡±. Como ha hecho el tribunal, el abogado general, Macej Szpunar, no hab¨ªa rechazado la posibilidad de que se establezcan restricciones a la libertad de establecimiento. Pero a?ade que esta debe estar justificada y ¡°responder a una raz¨®n imperiosa de inter¨¦s general y [¡­] respetar el principio de proporcionalidad¡±.

Szpunar incluso iba m¨¢s all¨¢ en sus conclusiones al apuntar que ¡°desde los a?os ochenta no se han emitido nuevas licencias de taxi¡±. ¡°En su lugar, cuando el titular de una licencia deja de ejercer tal actividad, puede venderla en el mercado secundario. Mientras que las licencias iniciales, que en ese momento exped¨ªa directamente el Estado, costaban menos de 100 euros, las licencias que en la actualidad se venden en el mercado secundario cuestan m¨¢s de 100.000 euros. En caso de que el AMB pretenda regular el mercado del taxi y de los servicios VTC de manera congruente y sistem¨¢tica, terminar con ese mercado secundario podr¨ªa ser un buen punto de partida¡±, dispara. ¡°Esta situaci¨®n muestra adecuadamente que las tarifas de taxi fijas tienen el efecto de subvencionar de forma cruzada el precio pagado por las licencias en el mercado secundario. Dicho de otro modo, si el AMB tiene la intenci¨®n de reformar seriamente el sistema, debe abordar el problema de ra¨ªz. Llevar a cabo esta reforma a expensas de los servicios VTC equivale a resolver el problema de manera superficial¡±, critica.

Tras la sentencia del m¨¢ximo tribunal europeo, el Tribunal Superior de Catalu?a deber¨¢ retomar el pleito planteado por la filial de Cabify y decidir si anula alguno de los preceptos del Reglamento de la AMB. De ser as¨ª, la empresa recurrente podr¨ªa recuperar unos 1.000 veh¨ªculos que no se ajustaban a las normas de la AMB. La sentencia de Luxemburgo afecta no solo a Barcelona sino a toda Espa?a. Los juzgados que tramitan las miles de demandas de las empresas de VTC deber¨¢n ajustar sus decisiones al fallo europeo, aunque las administraciones y las asociaciones de taxistas pueden pleitear y llevar de nuevo los asuntos al Supremo, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas del sector de las VTC.

No es esta la primera vez que los tribunales europeos se pronuncian sobre el transporte urbano de pasajeros a trav¨¦s de plataformas digitales en Barcelona, como recordaba el abogado general. En diciembre de 2017, un fallo del TJUE aclar¨® que Uber era una empresa de transporte y no una mera plataforma de intermediaci¨®n entre particulares. La consecuencia de esto fue que la compa?¨ªa digital estadounidense quedaba obligada a trabajar con licencias, como las de VTC. En realidad, cuando lleg¨® la sentencia, Uber ya operaba con VTC y, por tanto, casi no tuvo consecuencias pr¨¢cticas. A partir de entonces, la batalla estaba en la cantidad de licencias que daban las Administraciones y si estas pod¨ªan establecer restricciones.

Espa?a contaba a 1 de junio de 2023 con 18.490 licencias de VTC y 60.302 licencias de taxis, por lo que la proporci¨®n es de un VTC por cada 3,3 taxis. La Comunidad de Madrid concentra m¨¢s de la mitad de las licencias VTC a escala nacional: hay 15.053 autorizaciones de taxi por 8.795 de VTC, lo que supone un ratio de 1 VTC por cada 1,7 taxis. Le sigue, en cifras absolutas, Andaluc¨ªa con 8.704 taxis por 3.435 VTC (2,6), y Catalu?a, con 11.824 taxis por 2.907 VTC (3,9). Por orden de ratio, aunque con muchas menos licencias, est¨¢n Cantabria (2,9), La Rioja (3,1), Castilla La Mancha (4,3), Baleares (4,9), Navarra (5) y Comunidad Valenciana (5,9).

Taxis y VTC, todos contentos

Las reacciones a la sentencia han sido, parad¨®jicamente, de satisfacci¨®n en ambos colectivos, puesto que cada uno se ha aferrado a la parte de la sentencia que m¨¢s les beneficia. ?lite Taxi, la organizaci¨®n m¨¢s combativa de los taxistas de Barcelona, se ha agarrado a la segunda parte de la sentencia, la que autoriza una doble licencia para las VTC en determinados ¨¢mbitos. Por eso, su portavoz, Tito ?lvarez, ha anunciado un par¨®n del sector para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles, 14 de junio, con ocupaci¨®n de la Gran Via y el Paseo de Gr¨¤cia de Barcelona y una protesta a pie ante la Delegaci¨®n del Gobierno para presionar al Ministerio de Transportes a que posibilite esta doble regulaci¨®n de licencias en el ¨¢mbito del transporte interurbano. Adem¨¢s, ?lvarez ha recordado que ya no est¨¢n atados por ese reglamento de la AMB, sino por la ley catalana. ¡°En Catalu?a se ha trabajado muy bien y aqu¨ª no va entrar ninguna VTC m¨¢s. Ahora queda una pieza para cerrar el c¨ªrculo y es que el Ministerio de Transportes d¨¦ poder a los ayuntamientos para que puedan poner numerus clausus a las licencias de VTC¡±, ha afirmado.

Por su parte, las patronales Feneval VTC y Unauto, se refirieron a la parte de la proporcionalidad. Las entidades, que representan a las empresas de VTC, celebraron la sentencia del Tribunal de Luxemburgo porque consideran que avala su posici¨®n de que cualquier restricci¨®n debe estar amparada en una raz¨®n imperiosa de inter¨¦s general, que en ning¨²n caso puede ser la protecci¨®n de la viabilidad econ¨®mica del sector del taxi. El fallo europeo pone en cuesti¨®n gran parte de las restricciones que en los ¨²ltimos a?os las autoridades de Arag¨®n, Baleares, Catalu?a o Valencia han impuesto a las VTC, seg¨²n estas organizaciones.

Sobre la exigencia de una segunda licencia para operar si persigue objetivos de buena gesti¨®n del transporte¡±, las patronales creen que es ¡°algo que parece muy alejado de algunas restricciones recientes como la longitud m¨ªnima de los veh¨ªculos impuestas en el decreto ley de la Generalitat¡±.

El portavoz de Feneval VTC, Ignacio Manzano, destac¨® que ¡°esta sentencia no hace sino demostrar que la regulaci¨®n de algunas regiones espa?olas es contraria al Derecho espa?ol y europeo, y nos coloca a la cola de muchos pa¨ªses de la regi¨®n en materia de movilidad y sostenibilidad¡±. Por su parte, Jose Manuel Berzal, portavoz de Unauto, sostuvo que, ¡°tras esta sentencia, el regulador espa?ol deber¨¢ adaptar la normativa para que el n¨²mero de licencias sea determinado en funci¨®n de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minor¨ªa m¨¢s radical del taxi¡±.

Un embrollo legislativo y judicial

R. M.

Para entender el conflicto de los VTC, hay que remontarse a 2009. Acosado por la crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó entonces en una ley ómnibus de liberalización de los sectores económicos una normativa que daba vía libre a que los VTC, hasta entonces un sector minúsculo de coches de alquiler con conductor para empresas y eventos, se generalizara para el conjunto de la población, haciéndole la competencia al sector del taxi. Unos pocos empresarios avispados aprovecharon la oportunidad y se hicieron con miles de licencias prácticamente gratis. Las restricciones normativas que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la airada protesta de los taxistas cortaron el grifo de las licencias, e hicieron multimillonarios de la noche a la mañana a los propietarios de las autorizaciones conseguidas bajo el mandato socialista. 

El conflicto se encarnizó en 2018, con fuertes protestas de los taxistas, que en algunos casos derivaron en incidentes violentos contra conductores y vehículos VTC. El Gobierno de Pedro Sánchez optó por lavarse las manos y ceder las competencias a las autonomías. Aunque promulgó un decreto ley, conocido como decreto Ábalos, por haber sido tramitado por el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el que se establecía un periodo transitorio de cuatro años para que las autonomías regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos, que venció el 1 de octubre de 2022. A falta de esa normativa regional, estos vehículos solo podrían realizar trayectos interurbanos, condenándolas en la práctica a la desaparición. 

Tras el fin de la prórroga, algunas autonomías como Madrid y, en menor medida, Andalucía, regularon a favor de la libertad de establecimiento, mientras que otras como Cataluña, País Vasco o Valencia impusieron normas muy restrictivas a los VTC.  Las empresas tienen recurrido en torno a 20.000 licencias presuntamente vencidas en los tribunales, que ahora deberán considerar el fallo europeo para decidir sobre las mismas. Se está jugando la supervivencia de un negocio que mueve 2.500 millones de euros al año y emplea a 60.000 personas. 

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