La letra peque?a del ¡®escudo antiopas¡¯ deja entrever el inter¨¦s de STC por entrar en el consejo de Telef¨®nica

La legislaci¨®n espa?ola establece una serie de salvaguardas para prevenir la entrada indeseada de inversores extranjeros en las compa?¨ªas nacionales. La pandemia propici¨® que esas normas se endurecieran con el fin de evitar que fondos oportunistas u otros inversores aprovecharan el desplome de la cotizaci¨®n para hacerse a precio de ganga con las multinacionales nacionales m¨¢s estrat¨¦gicas. Ahora, en pleno proceso de compra del 9,9% de Telef¨®nica por parte de la saud¨ª STC, los filtros de este escudo antiopas se ponen en marcha. A la luz del ...

La legislaci¨®n espa?ola establece una serie de salvaguardas para prevenir la entrada indeseada de inversores extranjeros en las compa?¨ªas nacionales. La pandemia propici¨® que esas normas se endurecieran con el fin de evitar que fondos oportunistas u otros inversores aprovecharan el desplome de la cotizaci¨®n para hacerse a precio de ganga con las multinacionales nacionales m¨¢s estrat¨¦gicas. Ahora, en pleno proceso de compra del 9,9% de Telef¨®nica por parte de la saud¨ª STC, los filtros de este escudo antiopas se ponen en marcha. A la luz del dise?o de la operaci¨®n saud¨ª y teniendo en cuenta la letra peque?a del texto legal vigente, se infiere que la firma del Golfo reclamar¨¢ en alg¨²n momento uno o varios asientos en el consejo de administraci¨®n de la operadora. De no tener esa pretensi¨®n, STC podr¨ªa haber optado por renunciar a ese derecho y, as¨ª, evitar las autorizaciones gubernamentales previas.

La Ley 19/2003 declara la libertad de movimientos de capitales y de transacciones con otros pa¨ªses de acuerdo con los tratados de la UE. Sin embargo, se?ala que el Gobierno puede suspender este r¨¦gimen de liberalizaci¨®n cuando las operaciones o negocios puedan afectar, aunque solo sea de modo ocasional, el ejercicio de poder p¨²blico, la defensa nacional, el orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica y la salud p¨²blica.

En el apartado 1 del art¨ªculo 7bis dice que, a estos efectos, considera inversiones extranjeras en Espa?a aquellas en las que el inversor pase a tener una participaci¨®n igual o superior al 10% del capital de una sociedad espa?ola y otras en las que, como consecuencia de la operaci¨®n, se adquiera el control de la totalidad o de una parte de ella. La compra del 9,9% de Telef¨®nica por STC no alcanza ese umbral del 10% y, adem¨¢s, el grupo saud¨ª ha declarado a la CNMV que no tiene la intenci¨®n de tomar el control, por lo que no se le podr¨ªa aplicar esa norma.

Por otra parte, tanto la Ley 18/1992 como el art¨ªculo 7 de la Ley 19/2003 establecen que las actividades de defensa nacional son un sector con regulaci¨®n espec¨ªfica en materia de derecho de establecimiento. Es decir, las inversiones extranjeras en ese ¨¢mbito precisan de una autorizaci¨®n previa. En esta descripci¨®n s¨ª que entrar¨ªa de lleno Telef¨®nica. La operadora es socia tecnol¨®gica del Ministerio de Defensa para el despliegue de las redes 5G de las Fuerzas Armadas, y cuenta con otros dos contratos de proyectos estrat¨¦gicos: por un lado, la instalaci¨®n de la nueva red de telecomunicaciones de Defensa por 120 millones de euros; por otro, la implantaci¨®n de la escuela de operaciones en ciberdefensa, por 35 millones. Adem¨¢s, tiene m¨¢s de otra docena de contratos menores con el departamento que dirige Margarita Robles.

Esa norma se ha reforzado notablemente hace apenas dos meses, tal y como se recoge en el Real Decreto 571/2023 de 4 de julio sobre inversiones exteriores, tambi¨¦n conocido como el escudo antiopas, que exige un r¨¦gimen de autorizaci¨®n previa cuando la operaci¨®n de inversi¨®n extranjera afecte a ¡°actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que afectan a las capacidades industriales y ¨¢reas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias¡±. En este sentido, el art¨ªculo 18 del real decreto instaura un procedimiento de autorizaci¨®n instruido por el Ministerio de Defensa.

Excepciones

No obstante, ese art¨ªculo 18 indica que hay dos casos en los que puede exceptuarse la necesidad de autorizaci¨®n: si la empresa invierte por debajo del 5% y no forma parte, directa o indirectamente, de su ¨®rgano de administraci¨®n; y si la empresa invierte entre el 5 y 10% y env¨ªa al Ministerio de Defensa y al de Industria un compromiso firmado en escritura p¨²blica de que no va a formar parte de los ¨®rganos de administraci¨®n de la sociedad ni ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto.

En el caso de Telef¨®nica, STC ha adquirido por el momento un 4,9% y ha comprometido, mediante instrumentos financieros ¡ªaunque sin haberlos ejecutado¡ª, la compra de otro 5%. Para materializar ese segundo tramo necesita el permiso expreso de Defensa, que ya ha solicitado. Es decir, los inversores saud¨ªes entienden que no se pueden beneficiar de la segunda excepci¨®n por la cual no hace falta informe de Defensa siempre que no se vaya a entrar en el consejo de administraci¨®n. De lo que se desprende que STC exigir¨¢ tener representaci¨®n en este. De momento, el grupo saud¨ª no ha desvelado si exigir¨¢ uno o dos consejeros, como le corresponder¨ªa de acuerdo a su participaci¨®n y la representaci¨®n que tienen otros accionistas como BBVA y La Caixa, que no alcanzan el 5% del capital. STC s¨ª ha aclarado que no pretende tomar el control de Telef¨®nica.

Las solicitudes de autorizaci¨®n de los inversores deben dirigirse a la persona titular de la Direcci¨®n General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, actualmente el almirante Aniceto Rosique. La resoluci¨®n del expediente corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del ministerio, Margarita Robles, y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores. El plazo m¨¢ximo para resolver la solicitud y notificar la resoluci¨®n al interesado es de tres meses ¡ªantes del real decreto de julio eran seis¡ª.

A su vez, la citada Junta de Inversiones Exteriores est¨¢ integrada por una presidencia, que recae ahora mismo sobre la directora general de Comercio Internacional e Inversiones, Alicia Roc¨ªo Varela. Act¨²an como vocales un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otro de la Direcci¨®n Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Adem¨¢s, son vocales un representante de cada ministerio, con rango m¨ªnimo de subdirector generar o asimilado.

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