Los inspectores de Hacienda ven ¡°inconstitucional¡± el cupo catal¨¢n y creen que aumentar¨ªa el fraude fiscal

La ¨²ltima propuesta en materia fiscal presentada por la Generalitat de Catalu?a ha hecho saltar todas las alarmas de la Asociaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado, el cuerpo de ¨¦lite del ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Jes¨²s Montero. El documento, redactado y publicado por el Govern de ERC la semana pasada, ...

La ¨²ltima propuesta en materia fiscal presentada por la Generalitat de Catalu?a ha hecho saltar todas las alarmas de la Asociaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado, el cuerpo de ¨¦lite del ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Jes¨²s Montero. El documento, redactado y publicado por el Govern de ERC la semana pasada, plantea una ¡°financiaci¨®n singular¡± para Catalu?a, lo que dar¨ªa pie a la cesi¨®n y gesti¨®n del 100% de los impuestos que se recaudan en la Generalitat a cambio de una aportaci¨®n negociada para el Estado y las comunidades con menor capacidad fiscal. Algo parecido al actual concierto vasco. Este modelo, advierten los inspectores, es a d¨ªa de hoy ¡°inconstitucional¡± y, de salir adelante, ¡°ser¨ªa de muy dif¨ªcil reversi¨®n y provocar¨ªa situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadan¨ªa espa?ola, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos¡±.

La asociaci¨®n presidida por Ana de la Herr¨¢n, que re¨²ne a 1.700 inspectores de todo el Estado, ha presentado este lunes en rueda de prensa un documento en el que se detallan las consecuencias que tendr¨ªa una independencia fiscal de Catalu?a. El texto incide en que este movimiento no est¨¢ contemplado ni en la Constituci¨®n ni en el propio Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a. Tampoco en la LOFCA ¡ªla actual ley de financiaci¨®n de las comunidades¡ª ni en otras normas, como la ley de creaci¨®n de la propia AEAT. Pese a ello, los inspectores temen que, mediante distintas f¨®rmulas, la agencia tributaria catalana pueda convertirse en moneda de cambio en las negociaciones entre el Gobierno central y los partidos soberanistas catalanes. Por eso, exigen al Ejecutivo que no se produzca este fraccionamiento de la Agencia Tributaria bajo ning¨²n concepto.

La Constituci¨®n, apunta De la Herr¨¢n, fija que la financiaci¨®n auton¨®mica se estructura en dos bloques: uno minoritario, del que disfrutan las haciendas forales vascas y navarra, y otro mayoritario, en el que se circunscriben las 15 comunidades de r¨¦gimen com¨²n. Bajo este paraguas, Catalu?a, que est¨¢ en el segundo grupo, no tendr¨ªa opciones de obtener un trato de favor fiscal. Y los inspectores piden que no se exploren terceras v¨ªas como la del consorcio, que ceder¨ªa competencias a la agencia regional.

La independencia fiscal de la Generalitat, prosiguen los inspectores, supondr¨ªa en la pr¨¢ctica la desaparici¨®n de la AEAT en ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformaci¨®n irreversible que tendr¨ªa ¡°graves consecuencias en la aplicaci¨®n de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal¡±. Es decir, el resultado ser¨ªa ¡°un paso atr¨¢s de gigante¡± en su funci¨®n de aplicar el sistema tributario y la conculcaci¨®n de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario espa?ol, fundamentalmente la generalidad, la capacidad econ¨®mica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias.

La propuesta catalana, presentada en el marco del adelanto electoral por la consejera de Econom¨ªa y Hacienda del Govern, Nat¨¤lia Mas, plantea que una vez que se logre la gesti¨®n y cesi¨®n de la totalidad de los impuestos, la Generalitat y el Estado negocien una aportaci¨®n econ¨®mica que ir¨ªa dirigida a compensar a las autonom¨ªas de menor capacidad fiscal. Esta situaci¨®n, alerta Jos¨¦ Mar¨ªa Pel¨¢ez, portavoz de la asociaci¨®n de inspectores, romper¨ªa de lleno los principios constitucionales de solidaridad y de garant¨ªa de un nivel m¨ªnimo en la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos fundamentales, regulados ambos en el art¨ªculo 158 de la Constituci¨®n.

¡°Servicios inferiores en cantidad y calidad¡±

En opini¨®n de los inspectores, este cupo negociado no cubrir¨ªa ni de lejos la parte que corresponder¨ªa a Catalu?a de los fondos de compensaci¨®n interterritorial y de garant¨ªa de niveles m¨ªnimos de servicios p¨²blicos. ¡°Esto nos llevar¨ªa a que los servicios que se prestan en las regiones m¨¢s pobres, antes o despu¨¦s, ser¨¢n inferiores en cantidad y calidad¡±.

Todo se explica porque Catalu?a representa en torno al 20% del producto interior bruto (PIB) nacional. Por eso, si el territorio se queda con el 100% de la recaudaci¨®n ¡°estar¨ªa privando al Estado de lograr una cohesi¨®n social y territorial entre todas las comunidades y los ciudadanos¡±. Si una autonom¨ªa de ese tama?o deja de contribuir, resume Pel¨¢ez, el resto de territorios van a estar peor financiadas y sus ciudadanos van a tener peores servicios p¨²blicos. De salir adelante, un concierto y cupo catal¨¢n tambi¨¦n podr¨ªa abrir la puerta a que otras comunidades ricas, como Madrid y Baleares, reclamen su propia singularidad.

El fraccionamiento de la AEAT supondr¨ªa la cesi¨®n a la agencia catalana de la gesti¨®n, liquidaci¨®n, inspecci¨®n y recaudaci¨®n de todos los tributos recaudados en Catalu?a. Este paso tambi¨¦n conllevar¨ªa efectos muy negativos sobre la eficiencia del sistema tributario, ya que, seg¨²n los inspectores, ¡°incrementar¨ªa los niveles de fraude y evasi¨®n fiscal, dificultar¨ªa el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, disminuir¨ªa su seguridad jur¨ªdica y, en general, har¨ªa m¨¢s ineficaz la actuaci¨®n administrativa en la aplicaci¨®n correcta del sistema tributario¡±. La raz¨®n se encuentra en los sistemas de informaci¨®n unificados y en la caja ¨²nica e integrada con la que hoy funciona Hacienda, en riesgo si un territorio comienza a operar por su cuenta.

En este caso, se ver¨ªa afectado, entre otros, el control sobre las empresas multinacionales, ya que la explotaci¨®n de la informaci¨®n y las actuaciones de control se ejercen en el ¨¢mbito nacional. Lo mismo suceder¨ªa con las actuaciones relevantes que efect¨²a el Departamento de Recaudaci¨®n ¡ªcomo son las relativas a las acciones judiciales¡ª que tambi¨¦n afectan a todo el territorio nacional. Tambi¨¦n habr¨ªa consecuencias en el fraude: el Estado perder¨ªa unos 3.000 millones de euros, aproximadamente el 20% de los 15.000 millones que afloran cada a?o a nivel estatal como consecuencia de las actuaciones de control.

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